|
CICATRICES EN LA MEMORIA
(EPÍLOGO)
Ricardo
Alarcón de Quesada|
La
Habana
Los textos que conforman este libro, al
contrario de las aclaraciones que suelen acompañar a los
filmes de ficción, se refieren directamente, todos
ellos, a personas y acontecimientos reales. Su lectura
nos ha hecho revivir horas de angustia y dolor que son
parte inseparable de la vida personal de cada uno de
nosotros.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando Gónzalez,
Antonio Guerrero y René González no habían nacido aún o
apenas comenzaban a vivir cuando ya el terrorismo,
promovido por Washington, dejaba caer la muerte y la
destrucción sobre su pueblo. Ellos pertenecen a una
generación de cubanos que ha debido soportar día y noche
durante toda su existencia la más implacable, insidiosa
y prolongada guerra.
Son muchas las razones para la solidaridad con estos
héroes ante la terrible injusticia que sufren ellos y
sus familiares. Pero hay una que nos obliga a convertir
el empeño por liberarlos en una verdadera batalla
nacional, pues tiene que ver, literalmente, con el
derecho a la vida de todo un pueblo.
El caso de nuestros cinco compatriotas es prueba
irrefutable de que esa guerra —y específicamente su
manifestación más atroz, el terrorismo— no solo continúa
hoy, sino que pretende perpetuarse eternamente y amenaza
a los cubanos que todavía no han nacido.
La arbitraria detención el 12 de septiembre de 1998, las
brutales condiciones carcelarias a que fueron sometidos,
las incontables manipulaciones y violaciones de los
procedimientos judiciales, los veredictos, las
sentencias, el trato cruel que se les sigue dando y el
silencio casi total de los grandes medios
“informativos”, todo este innoble proceso tiene una sola
explicación: Estados Unidos seguirá promoviendo el
terrorismo contra Cuba y por eso castiga con la más
irracional crueldad a quienes se atrevieron a enfrentar
a los terroristas y se asegura de que su prensa
pretendidamente “libre” —o “disciplinada” como la llama,
con mayor exactitud, Chomsky— no diga nada.
Todo está, sin embargo, ampliamente documentado.
A lo largo de la etapa que precedió a las vistas
públicas del tribunal de Miami que se ocupó del caso, la
Fiscalía General del sur de la Florida (o sea, el
gobierno) se esforzó por proteger a los grupos
terroristas que desde allí actúan contra Cuba: solicitó
que de esas vistas se excluyese por completo el tema del
terrorismo, que miembros de esos grupos no fueran
citados a testificar y que si tuvieran que hacerlo todos
sus testimonios quedaran cubiertos por la Quinta
Enmienda (es decir, que no revelasen nada). Todo ello
por escrito en documentos oficiales del gobierno. Como
escrito está, en las actas del tribunal, el
reconocimiento de sus fechorías por parte de algunos
terroristas y las irrefutables pruebas que sobre ellas
presentaron los abogados que defendieron a nuestros
compatriotas.
Como si lo anterior hubiera sido insuficiente a la hora
de dictar sentencias, tanto el gobierno como el tribunal
proclamaron abiertamente que todo el objetivo del
“juicio” era proteger a esos grupos terroristas. El
gobierno pidiendo formalmente, mediante solicitudes
escritas, que además de imponer a los cinco héroes el
máximo castigo posible se les “incapacitara” también
para que, una vez recuperada su libertad, no pudiesen
realizar ninguna acción en perjuicio de los terroristas.
La jueza, accediendo a esa solicitud, plasmó estas
insólitas palabras en su sentencia: “Como condición
especial adicional de la libertad supervisada se le
prohíbe al acusado asociarse con o visitar lugares
específicos donde se sabe que están o frecuentan
individuos o grupos tales como terroristas, miembros de
organizaciones que propugnan la violencia o figuras del
crimen organizado”.
Se les había acusado inicialmente de haber conspirado
para cometer espionaje. Fueron calificados como espías
por las autoridades y por todos los medios informativos
de Miami que los condenaron sin vacilación desde el día
que fueron detenidos. Pero nunca presentaron prueba
alguna, ningún documento o material secreto que ellos
hubieran obtenido, ningún testigo que dijera que habían
tratado siquiera de buscar alguna información
confidencial. Por el contrario, testigos de gran
autoridad —generales, almirantes y coroneles en retiro,
que habían ocupado elevadas responsabilidades en las
fuerzas armadas y agencias de seguridad norteamericanas—
declararon bajo juramento que ninguno de los acusados
había hecho nada parecido. No habían practicado el
espionaje, ni habían intentado hacerlo ni se les había
orientado que lo hicieran.
Contra Gerardo Hernández fue hecha una acusación
adicional aún más falsa, absurda e infame: conspirar
para asesinar con premeditación. Se le presentó como si
él hubiera sido responsable por la muerte de quienes
perdieron la vida el 24 de febrero de 1996 en un
incidente que tuvo lugar cuando la fuerza aérea cubana,
en ejercicio legítimo de la soberanía nacional, derribó
dos aeronaves de un conocido grupo terrorista que desde
Miami, en numerosas ocasiones, había violado el
territorio cubano con fines provocadores, subversivos y
para realizar sabotajes.
Independientemente de que el lamentable suceso no era un
caso de asesinato y de que el incidente era consecuencia
de la política agresiva de Estados Unidos contra Cuba y
del derecho y la obligación de esta de defenderse,
Gerardo no tuvo absolutamente nada que ver con lo
ocurrido aquel día.
La acusación contra Gerardo muestra a las claras la
espuria motivación de este caso y la absoluta falta de
ética de las autoridades de Estados Unidos. Agregaron
esta imputación en mayo de 1999, seis meses después que
los cinco cubanos guardaban prisión —todo el tiempo, por
cierto, en confinamiento solitario— y tras haber sido
formalmente acusados por otros cargos y lo hicieron
luego que en la prensa de Miami se divulgaron reuniones
de la fiscalía y elementos de la mafia terrorista
anticubana en la que estos solicitaron abiertamente que
se le hiciese también la mendaz acusación.
La irresponsable calumnia fue hecha polvo durante las
sesiones ante el tribunal, donde fueron presentadas
numerosas pruebas sobre las violaciones al espacio aéreo
cubano, incluyendo la del fatídico día, y sobre las
actividades y planes terroristas del grupo que las
promueve, así como respecto a la conducta culpable del
gobierno norteamericano que, incluso, conocía con
anticipación que en la fecha mentada tendría lugar la
provocación. Contra Gerardo, como es obvio, no pudieron
presentar ninguna prueba, ningún testigo, nada que lo
vinculase a lo que entonces ocurrió.
El 25 de mayo de 2001 cuando concluía el juicio, el
gobierno de Estados Unidos dio un paso que carece de
antecedentes. Solicitó al Tribunal de Apelaciones que
modificase su propia acusación admitiendo que “a la luz
de las pruebas presentadas en el juicio” enfrentaba “un
obstáculo insuperable… y probablemente resultará en el
fracaso de la acusación en este cargo”. En otras
palabras, se habían visto obligados a reconocer lo que
se sabía de antemano: que nunca tuvieron pruebas, pues
era imposible tenerlas, de que Gerardo había asesinado a
nadie y mucho menos con premeditación. Las autoridades
supieron siempre que jamás podrían probar una calumnia
totalmente inventada. Cuando la introdujeron en la etapa
inicial del proceso, querían simplemente satisfacer el
revanchismo de la mafia terrorista y regalarles un
elemento que envenenaría aún más el ambiente para hacer
totalmente imposible un juicio que tuviese siquiera una
apariencia de normalidad.
El Tribunal de Apelaciones no aceptó la petición fiscal
y en consecuencia el jurado debía decidir si Gerardo era
culpable o inocente del cargo que le habían imputado dos
años atrás. Ocurrió entonces algo que solo puede suceder
en un tribunal de Miami: sin vacilación, sin plantear
una duda o pedir alguna aclaración, con inusitada
rapidez, el jurado declaró culpable a Gerardo de
asesinato en primer grado. O sea, lo encontraron
culpable de algo de lo que ya no lo acusaba siquiera la
fiscalía.
La conducta del jurado —como la de la jueza y los
fiscales— no hacía otra cosa que confirmar lo obvio: en
Miami es imposible juzgar objetivamente a la Revolución
cubana y a sus representantes. ¿Cómo ignorarlo si allí
se han hecho estallar bombas y se ha agredido y
amenazado a quienes quieren ver y escuchar a Rosita
Fornés o a los Van Van; si allí se ha destruido en plena
vía pública, con saña nazi, un cuadro de Mendive; si
allí se mantuvo secuestrado durante cuatro meses a Elián
González a despecho de lo que dijera el gobierno o los
tribunales, o las leyes y la decencia humana; si de
Miami se ha ido, no una sino dos veces, el tribunal de
los Grammy latinos temeroso de la seguridad y la
integridad física de los artistas y participantes?
Ésa era la cuestión clave a resolver desde el instante
en que nuestros cinco compatriotas fueron sometidos a un
proceso judicial y sus abogados defensores lo plantearon
desde el primer momento. Pidieron que a sus defendidos
se les diera el derecho reconocido por la Constitución,
las leyes y una inalterada tradición norteamericana, a
ser juzgados en otro lugar ante un jurado imparcial. La
fiscalía lo rechazó tercamente. Decía que Miami no era
lo que todo el mundo sabe que es Miami. Afirmó, sin
sonrojarse, que allí era posible juzgar imparcialmente a
cinco patriotas cubanos, culpables solo de actuar contra
los intereses de la mafia terrorista que domina esa
ciudad. Pese a la insistencia de los acusados y sus
abogados, defensores de oficio que ante el tribunal se
quejaron de las presiones de que ya eran objeto ellos y
sus familiares, la jueza se sumó a la posición
gubernamental y negó a los cinco lo que era un derecho
elemental. El juicio había que efectuarlo en Miami. Al
anunciar su decisión, la magistrada hizo una declaración
el 16 de marzo de 2000, tan sorprendente como
reveladora: “Este juicio será más interesante que
cualquier programa de televisión”.
El 12 de noviembre de 2002 Leonard Weinglass, abogado de
Antonio Guerrero respaldado por los otros defensores,
solicitó al tribunal de Miami que descarte su fallo
anterior y celebre un nuevo juicio fuera de esa ciudad.
Las razones principales que fundamentan esta moción son
la conducta dolosa de la fiscalía y de la jueza en el
manejo de la solicitud original de la defensa, que había
pedido varias veces desde enero de 2000, que el juicio
se realizase fuera de Miami.
La fiscalía de la Florida se opuso entonces tenazmente a
un cambio de sede para el juicio de los cinco. Sin
embargo, un año después, el 25 de junio de 2002, la
misma fiscalía, cuando ella fue acusada en un pleito
civil (Ramírez vs Ashcroft), solicitó el cambio de sede
empleando los mismos fundamentos de hecho y de derecho
que había rechazado antes respecto al caso de los cinco.
El precedente legal usado en ambos casos es el mismo:
Pamplin vs Mason de 1968. Cuando lo utilizó Antonio
Guerrero, la fiscalía arguyó que era inaplicable en su
caso porque Miami-Dade es un “centro urbano” que es
“extremadamente heterogéneo”, “políticamente
no-monolítico” y con “gran diversidad” y por lo tanto
allí era posible, según ella, realizar un juicio justo e
imparcial, libre de “influencias externas”. Cuando ella
era la acusada, la misma fiscalía señaló que Miami-Dade,
con relación a Cuba, es un sitio donde existen
“sentimientos y prejuicios profundamente arraigados” que
harían “virtualmente imposible” un juicio justo e
imparcial.
La jueza por su parte cometió varias violaciones que
contribuyeron a privar a los acusados de sus más
elementales derechos, y consistieron en el modo en que
trató el testimonio del profesor Moran, experto
contratado por el tribunal a petición de la defensa:
violó la naturaleza ex parte de esa solicitud al
comunicarla indebidamente a la fiscalía, ocultó los
antecedentes negativos que existían en sus relaciones
con ese experto, demoró y manipuló el pago por sus
servicios, rechazó su trabajo con argumentos
superficiales y falsos y manipuló sus datos y denegó la
solicitud del cambio de sede empleando en su decisión
criterios que ignoran o contradicen la ley federal.
La moción presentada ante el tribunal de Miami
demandando un nuevo juicio, analiza profundamente y con
rigor jurídico las violaciones de la fiscalía y de la
jueza y va acompañada de varios anexos con documentos y
declaraciones juradas que prueban ampliamente la justeza
de esta petición y la necesidad de un nuevo juicio a los
cinco patriotas cubanos, fuera de Miami, a la luz de las
nuevas evidencias descubiertas y en el interés de la
justicia.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero,
Fernando González y René González, Héroes de la
República de Cuba, son también héroes de la cultura. Son
cinco intelectuales que piensan y crean en las
circunstancias más hostiles y difíciles. Cinco
intelectuales encarcelados por sus ideas y sus ideales,
por haber luchado —sin fusiles, sin usar la fuerza ni la
violencia— contra terroristas que actúan impunemente,
empleando en esa lucha solamente la inteligencia, el
talento y la abnegación, sin más armas que sus
convicciones y un admirable espíritu de sacrificio.
Desde su injusto y duro encierro ellos siguen peleando.
No cesan de escribir ni de dibujar. En verso y en prosa
se comunican con miles de personas en todo el mundo. El
mensaje que ellos envían —sustento principal que anima
el movimiento internacional para liberarlos— es una
contribución invalorable a la cultura. Confirma que nada
puede aprisionar el espíritu libre y creador.
2 de enero de
2003
|