|
LA LEGALIZACIÓN DEL IMPERIALISMO
Atilio A.
Boron
|
Argentina
El
sistema internacional está transitando por una fase
extraordinariamente peligrosa, producto de la implosión
del orden mundial de la posguerra y la demencial
militarización promovida por la Casa Blanca como única
respuesta a los desafíos de la época. A raíz de esto,
los EE.UU. enfrentan una desquiciante paradoja: es la
única superpotencia militar del planeta, con una
superioridad aplastante en ese terreno, pero a la vez es
más vulnerable que nunca, como lo demuestran los
atentados del 11 de septiembre. En las recientes
semanas, además, las noticias no podían ser más
desalentadoras: la
«victoria»
en Iraq, triunfalmente proclamada por George Bush Jr.
descendiendo de un helicóptero disfrazado de piloto de
la Fuerza Aérea frente a las costas de San Diego, se
convirtió, por uno de esos retruécanos de la historia,
en una humillante derrota. La ficción hollywoodesca que
había convencido a Rumsfeld y a otros diletantes como él
que para ganar una guerra bastaba con arrasar desde el
aire e impunemente a una población indefensa tropezó de
súbito con la clásica leyenda que pone fin a todas las
ensoñaciones fílmicas: the end. La
«hora
de la verdad»
era la de la ocupación y control efectivo del
territorio, y llegado ese momento los invasores
demostraron que no habían ganado nada, que el pueblo
iraquí detestaba tanto a Saddam como a quienes lo habían
impuesto y que hoy fingen ser sus
«liberadores».
De ahí que la única alternativa que tienen los talibanes
de Washington es diseñar una huida lo menos indecorosa
posible, antes que la lúgubre caravana de body bags
regresando a los EE.UU. termine por convencer a los
electores de que el majestuoso vengador de la Casa
Blanca no era sino un pequeño personaje de opereta a
quien su cargo y la historia le quedan demasiado
grandes.
Bajo estas poco auspiciosas condiciones se entiende la
presión de Washington por lanzar el ALCA cuanto antes.
Este aseguraría para los EE.UU. el control absoluto
—económico,
político y militar—
del vasto espacio geográfico que se extiende desde
Alaska hasta Tierra del Fuego, construyendo un
imprescindible anillo protector del ahora vulnerable y
amenazado territorio norteamericano. A pesar de la
palabrería neoliberal que lo presenta como un
beneficioso esquema de integración comercial, el ALCA es
un proyecto de anexión continental. Para corroborar lo
anterior no es necesario acudir a las incontables
denuncias hechas por los movimientos populares
latinoamericanos. Basta con tomar nota de las palabras
pronunciadas por Colin Powell, poco después de asumir
como secretario de Estado del actual gobierno
norteamericano:
«Nuestro
objetivo es garantizar para las empresas norteamericanas
el control de un territorio que se extiende desde el
Ártico hasta la Antártica y el libre acceso sin ninguna
clase de obstáculo de nuestros productos, servicios,
tecnologías y capitales por todo el hemisferio».
Dicho sin tapujos: el ALCA es la culminación de un
secular proyecto de dominación esbozado ya en 1823 por
el quinto presidente de los Estados Unidos, James Monroe.
Es el postrero triunfo del monroísmo, disimulado bajo
los mantos engañosos de una simple integración
comercial.
En las presentes condiciones la creación del ALCA
equivaldría a legalizar e institucionalizar el pillaje
colonial vehiculizado por las políticas del Consenso de
Washington y que los pueblos de la región han padecido
por décadas. Es por eso que los borradores del proyecto
han sido discutidos entre
«expertos»,
al margen de toda clase de escrutinio público. La razón
es muy simple: los verdaderos objetivos del ALCA son
inconfesables: legalizar la rapiña imperialista, que
solo favorece a las grandes empresas norteamericanas y a
sus aliados y representantes locales. Es por eso que los
voceros de la derecha, que a diario nos aturden con sus
graznidos en favor de la democracia liberal, la
rendición de cuentas, la transparencia en la gestión de
la cosa pública y el
«empoderamiento»
de la sociedad civil, incurren alegremente en la
flagrante violación de todos estos principios a la hora
de imponer el ALCA, chantajeando gobiernos y marginando
a los pueblos de toda discusión. La sola idea de
convocar a un referéndum popular sobre un tema tan
crucial como este es anatema para esos sedicentes
demócratas. La inmoralidad de su doble discurso solo
puede igualarse con la alevosía de su conducta.
En suma: el ALCA es incompatible con la libertad, la
justicia, la democracia y el bienestar de nuestros
pueblos. Por eso tiene que ser negociado en secreto.
Conviene recordar las palabras de José Martí:
«el
pueblo que quiera ser libre, que sea libre en negocios».
El ALCA consagra nuestra sujeción económica a la
«Roma
americana»;
con ella desaparece también nuestra autodeterminación
política y la democracia se vacía de todo contenido. Es
el caballo de Troya que introduce en los pueblos
latinoamericanos la conciencia resignada de nuestro
inexorable destino como colonias de los EE.UU. Las
generaciones venideras jamás nos perdonarían si
flaqueásemos en nuestra lucha para impedir tan indigna
capitulación. Aún estamos a tiempo para triunfar.
Tomado de: Página
12 |