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EE.UU. EL IMPERIO DE LOS MOJIGATOS

Russell Mokhiber  y Robert Weissman | EE.UU.

La Insignia
 
Piensen lo que piensen sobre la emisión de obscenidades, resulta difícil defender un pinchadiscos que profiere palabrotas haga más daño social que alguien que pone en peligro la vida de otra persona. Pero así es, aparentemente, como piensa el Congreso.

Según la Ley de Cumplimiento del Decoro en las Emisiones de 2004 que la Cámara de Representantes ha aprobado este mes, y que probablemente será sometido en breve al Senado, se podrá imponer a las emisoras de radio y televisión que emitan material "indecoroso" multas de hasta 500.000 dólares por incidente.

Según las normas de seguridad laboral del país, un empleador que cometa una infracción "grave" -definida como "una infracción en la que exista una probabilidad importante de que pueda provocar la muerte o lesiones físicas graves, cuando el empleador conocía, o debería haber conocido, el riesgo"- podría ser castigado con una multa de hasta 7.000 dólares por infracción. Si un empleador comete una infracción "deliberada" de las normas -lo que significa que "el empleador comete de forma intencionada y a sabiendas" la infracción- podría ser castigado con una multa de hasta 70.000 dólares.

No se trata sólo de que las sanciones por infracciones de las leyes sobre seguridad laboral se vean eclipsadas por las multas que se proponen para las faltas al decoro. Hasta las multas medioambientales, considerablemente más enérgicas que las multas laborales, palidecen en general comparadas con las sanciones que se proponen por emitir algo indecoroso (las multas para las peores infracciones de la Ley de Aire Limpio, por ejemplo, son de hasta 10.000 dólares por día de infracción).

Más allá del tremendo error en el sentido de las prioridades, hay mucho que aprender de la yuxtaposición de las multas propuestas por emitir faltas al decoro y las previstas para otras clases de fechoría que cometen las empresas.

Eso es porque la Ley de Cumplimiento del Decoro en las Emisiones trata de ser una ley seria que ejerza una función disuasoria seria y otras leyes no.

Hay al menos tres características del proyecto de ley sobre emisiones que deberían importarse a otras normas de orden público que afectan a las empresas. La primera es la envergadura de las multas, que son lo bastante elevadas como para que cualquier empresa presten atención, sobre todo porque pueden agravarse con facilidad mediante el emplazamiento por numerosas infracciones.

En segundo lugar, el proyecto de ley sobre emisiones postula la imposición de multas tanto a empresas como a particulares: tanto a las emisoras como a sus empleados o artistas. Lo análogo sería que se impusieran multas tanto a las grandes empresas que ponen en peligro a sus trabajadores como al presidente del consejo de administración o el director de planta responsable de permitir que existiera la situación peligrosa.

En tercer lugar, el proyecto de ley sobre emisiones amenaza con la pena de muerte para quienes vulneren las normas sobre el decoro. El proyecto ordena a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que tenga en cuenta las infracciones de las normas sobre el decoro cuando resuelva si renueva las licencias de emisión. Sin estas licencias, las emisoras no pueden utilizar las ondas públicas y tendrían que cerrar. Para los reincidentes -los que cometen tres o más infracciones- el proyecto de ley ordena a la FCC que inicie un procedimiento para determinar si se revoca la licencia de emisión del infractor.

Para bien o para mal, no cabe duda de que, si se promulga, la ley sobre el decoro en las emisiones tendrá el efecto disuasorio que se pretende. Miren si no el esfuerzo que está haciendo el gigante de la radio Clear Channel para distanciarse de Howard Stern y los pinchadiscos que traspasan los límites de la obscenidad.

Los agentes económicos que desean potenciar al máximo sus beneficios se toman en serio las multas significativas, sobre todo las amenazas para su actual viabilidad.

Ojalá el Congreso estuviera dispuesto a imponer estas sanciones a los infractores empresariales que amenazan la seguridad de las personas y del planeta.

(*) Russell Mokhiber es editor de Corporate Crime Reporter, con sede en Washington D.C. Robert Weissman es editor de Multinational Monitor, con sede en Washington, D.C. Ambos son coautores de Corporate Predators: The Hunt for MegaProfits and the Attack on Democracy (Monroe, Maine, Common Courage Press, 1999).