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EL MILAGRO CHILENO
Ángel Guerra
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México
El
modelo neoliberal ha mostrado una gran eficacia en el
saqueo y la subordinación de los Estados del Tercer
mundo y en la generación insólita de injusticia social.
Tanto que no es raro escuchar lágrimas de cocodrilo de
sus propios voceros acerca de la conveniencia de
“abatir” las desigualdades que crea. Siempre, claro, que
no implique cambiarlo ni en un ápice, porque eso,
¡horror!, es “populismo”. El populismo, según ellos es
cualquier política que tienda a beneficiar a los de
abajo. Últimamente hemos oído hasta “autocríticas” del
Fondo Monetario Internacional, como recientemente
respecto a Argentina, referidas obviamente a aspectos
secundarios del modelo. Autistas, los neoliberales
achacan el desastre social latinoamericano a la
“insuficiencia” de las llamadas reformas estructurales,
que habrían conseguido sus nobles propósitos de haberse
aplicado con el ritmo y la intensidad recetada desde
Washington. El ejemplo a seguir —afirman— es el “milagro
chileno”, colmado de bienandanzas porque sí realizó una
dócil aplicación del dogma, propiciada por la
“estabilidad de su sistema democrático” y por políticas
fiscales y sociales “responsables”.
Falso. El modelo
neoliberal en Chile, aunque logró en los 90 un
impulso al crecimiento económico —después
interrumpido, por cierto— no está exento de ninguno
de los flagelos que lo caracterizan en el resto de
América Latina. Aclaremos que aunque el crecimiento
económico es indispensable para lograr el
desarrollo, aquel no necesariamente acompaña a este.
Es más, el eventual crecimiento en las condiciones
de la ortodoxia neoliberal ahonda el subdesarrollo y
la dependencia y ese es el caso precisamente de
Chile. Así lo confirman datos del investigador
chileno Edgardo Condeza citados por la Asociación
Salvador Allende, de chilenos residentes en México,
en la celebración del aniversario 33 de la
nacionalización del cobre por el gobierno de la
Unidad Popular.
Los datos dejan clara
la oportunidad histórica perdida de impulsar con el
cobre nacionalizado la independencia económica y
política del país, como pretendía el presidente Allende.
Chile, con el 0.25 % de la superficie terrestre, posee
el 37 % de las reservas conocidas del mineral en el
planeta y su producción asciende a 36 % de la mundial,
siendo su costo de producción el más bajo del mercado.
Después de la
nacionalización, en 1971, quedó en manos del Estado 95 %
de la producción total. En 1990, a 17 años del golpe
fascista, la producción estatal era todavía de 84.2 %.
Sin embargo, en los 12 años siguientes de los gobiernos
de la Concertación (maridazgo de los golpistas de la
Democracia Cristiana y los socialistas estilo Blair,
ergo Ricardo Lagos), pese a que la producción de cobre
del Estado aumentó en términos absolutos, resultó
desplazada al 30 % del total por la del sector privado
(Grupo Luksic y empresas extranjeras) que saltó a 70 %.
No obstante, la estatal CODELCO aportó en ese período al
fisco 10 600 millones de dólares mientras las empresas
foráneas solo entregaron 1 500 millones (o evaden o
pagan impuestos insignificantes). A este saqueo
escandaloso se une el procesamiento del mineral en el
exterior impidiendo con ello su industrialización, uno
de los objetivos de Allende. Pero esto no es todo. Por
un decreto de la dictadura aún vigente, 10 % del monto
bruto de las ventas del cobre se entrega a las fuerzas
armadas, sin que estas rindan cuenta de su destino.
Difícil superar esta proeza en la dilapidación del
recurso básico nacional, el sueldo de Chile que dijera
Allende, lograda por los administradores democristianos
y “socialistas” del modelo instaurado con el golpe
fascista. Pues bien, no menos notable es su gestión en
cuanto a justicia social. Baste decir que Chile figura
entre los doce países del mundo con peor distribución
del ingreso, según el Informe de Desarrollo Humano del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La distribución del ingreso, que en el gobierno de la
Unidad Popular se inclinó notablemente a los más
desfavorecidos, inició una fase regresiva tras el golpe
militar; pero de nuevo, es con los gobiernos de la
Concertación que el fenómeno se agudiza. En 1990 los
ingresos del decil más pobre de la población
correspondían a 1.4 % y los del decil más rico a 42.2,
pero en 2000 esta proporción se había precipitado a 1.1
y 42.3 respectivamente.
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