PROCURA QUE SALGA MI ABOGADO

Polémica en EE.UU. por el nombramiento de Alberto Gonzáles como procurador general

David Brooks • La Jornada

Las justificaciones para evadir o violar la Convención de Ginebra y prohibiciones sobre tortura —como también la negación de derechos internacionales de mexicanos y otros extranjeros en este país—, son temas que han generado intenso debate en torno a la designación del nuevo procurador general de EE.UU. Hoy, un grupo de generales y almirantes retirados, y por separado ayer una organización de abogados que representan a detenidos de la "guerra contra el terrorismo", cuestionaron el nombramiento de Alberto Gonzáles como próximo procurador general por su justificación de violaciones del derecho internacional en su papel de abogado del presidente George W. Bush.

Gonzáles, nombrado procurador general en noviembre por Bush, es conocido en el mundo como el abogado de la Casa Blanca que calificó de "pintorescas" u "obsoletas" algunas normas de la Convención de Ginebra y participó en la elaboración de documentos oficiales que justifican la tortura en la "guerra antiterrorista", y es acusado de contribuir a las justificaciones legales para decisiones ejecutivas que resultaron en el escándalo de Abu Ghraib.

Menos conocido es su papel para justificar el incumplimiento de otra ley internacional, que resultó en la muerte de por lo menos un mexicano. Abogado de Bush cuando este fue gobernador de Texas, tuvo entre sus responsabilidades presentar argumentos de clemencia como último recurso antes de la ejecución de los condenados a muerte.

En el caso del mexicano Irineo Tristán Montoya, Gonzales determinó oficialmente que los derechos del inculpado garantizados por la Convención de Viena, suscrita por EE.UU., no eran relevantes en el caso ya que el estado de Texas no había suscrito esa ley internacional, argumento inválido bajo la Constitución de EE.UU.

Gonzáles será el primero de los nuevos secretarios nominados por Bush en comparecer ante el Senado para su ratificación en el cargo. Casi todos pronostican que será aprobado y así se convertirá en el primer procurador general de origen latino.

Pero las audiencias ante el Comité Judicial del Senado, programadas para este jueves, ofrecerán un foro para un debate intenso sobre el papel de Gonzáles en provocar lo que sigue siendo una profunda disputa sobre las obligaciones legales del gobierno de Bush, tanto en su política interna como en la exterior en la era pos 11-S.

Este martes, 12 generales y almirantes retirados expresaron su "grave preocupación" por el nombramiento de Gonzáles y su participación en las justificaciones legales para la tortura, la negación de derechos de prisioneros de guerra a detenidos en la guerra en Afganistán y otras aparentes violaciones de la Convención de Ginebra y leyes estadounidenses en la materia.

En carta enviada por los ex altos oficiales —entre ellos el general John M. Shalikashvili, ex jefe del estado mayor— al Comité Judicial, anoche, se cuestiona si el papel de Gonzáles de justificar prácticas violatorias del derecho internacional lo descalifica para asumir el puesto e insta a los senadores a interrogarlo sobre su posición específica en la aplicación e interpretación de estas leyes.

La carta también declara, según el New York Times, que las acciones de Gonzáles "nutrieron mayor animosidad contra EE.UU., minó nuestros esfuerzos de recaudación de inteligencia y agregó más peligro a los riesgos que enfrentan nuestras tropas alrededor del mundo".

En conferencia de prensa, hoy en Washington, organizada por Human Rights First, el general James Cullen, ex juez en jefe del Tribunal de Apelaciones Criminales del Ejército, dijo que se opone al nombramiento de Gonzáles por su "pavorosa falta de buen juicio". El general Joseph Hoar comentó que aún no se saben las dimensiones plenas de su papel de endosar el uso de la tortura.

Por otra parte, el Centro por Derechos Constitucionales, agrupación que ha encabezado la defensa de algunos de los detenidos torturados en Abu Ghraib, Guantánamo y EE.UU., que recientemente presentó una demanda en Alemania contra el secretario de Defensa Donald Rumsfeld por crímenes de guerra, instó a los senadores a rechazar el nombramiento de Gonzáles.

El centro acusó que "consciente y voluntariamente ofreció consejo y abogó por políticas calculadas para evadir leyes nacionales e internacionales que prohíben el uso de tortura y tratamiento inhumano para extraer información de soldados o detenidos en poder de EE.UU.".

Dejar a Gonzáles de procurador general sería una falsa, declaró Michael Ratner, presidente del Centro por Derechos Constitucionales. "Implicaría tomar a uno de los arquitectos legales de una política ilegal e inmoral e instalarlo de funcionario encargado de proteger nuestros derechos constitucionales. El memorando de Gonzáles pavimentó el camino a Abu Ghraib".

Biografía oficial

A su vez, la Casa Blanca y sus aliados en el Senado pintaran otra imagen de Gonzales, un producto del “sueño americano”. Enfatizarán el hecho de que es uno de ocho hijos de padres mexicanos inmigrantes criados en la pobreza en San Antonio y Houston sin agua caliente o teléfono en casa. Al salir de la preparatoria, primero estudió en la Academia de la Fuerza Aérea y después se trasladó a la Universidad Rice, en Houston.

De ahí emigró a la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, regresó a trabajar en el despacho de abogados más poderoso de Texas, y cuando Bush en 1994 fue electo gobernador, fue nombrado su abogado, después secretario de estado y en 1999 juez de la Suprema Corte de Texas. Con la instalación de Bush en la Casa Blanca accedió al puesto de abogado del Presidente.

Como abogado del gobernador, Gonzáles estaba encargado de preparar los memorandos de Bush para otorgar o no clemencia en casos de pena de muerte. Durante el mandato de Bush en la gobernación, Texas ejecutó a más presos, 152, que cualquier otro estado. Fue en este período en que el caso de un mexicano pasó por las manos del abogado mexicano-estadounidense.

El caso Tristán Montoya

En ninguno de los 57 casos en que Gonzáles fue el último árbitro antes de aplicarse la pena de muerte, buscó suspender o aconsejar una alternativa a Bush. De hecho, según el experto legal Alan Berlow, "repetidamente falló en alertar al gobernador de los temas cruciales de los casos: abogados ineficaces, conflictos de interés, pruebas mitigantes y pruebas actuales de inocencia".

Entre estos casos tal vez el más notable fue el del mexicano Montoya, ya que tanto el gobierno mexicano como Amnistía Internacional, y otros, instaron al gobierno estatal de Bush a revisar el caso por violación de la Convención de Viena, suscrita por EE.UU., que entre otras cosas establece que un extranjero detenido tiene que ser informado de su derecho a establecer contacto y buscar apoyo del consulado de su país.

El 16 de junio de 1997, Gonzáles envió una carta al Departamento de Estado donde argumentó la justificación del caso de Montoya: "Ya que el estado de Texas no es firmante de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, creemos que es inapropiado solicitar que Texas determine si ocurrió una violación en torno al arresto y condena" de Montoya, recuerda Berlow en el Slate y en el Atlantic Monthly.

O sea, dice Berlow, argumentó que la ley internacional simplemente no es aplicable en Texas, en clara violación de la Constitución de EE.UU. Montoya fue ejecutado dos días después que se envió la carta, e insistió hasta el final en que era inocente.

Ante la protesta formal de México y de Amnistía Internacional y otros grupos al gobierno estatal por violación de la Convención de Viena, la oficina del gobernador emitió un comunicado en que declaró que "Bush asegura al pueblo de México que el señor Tristán gozó de un juicio imparcial, oportunidad amplia para ser escuchado y las protecciones plenas de la Constitución y las leyes de EE.UU. de América".

Pero el año pasado la Corte Internacional de La Haya expresó su desacuerdo con este y otros casos y declaró que EE.UU. violó los derechos otorgados por la Convención de Viena de 52 mexicanos bajo pena de muerte, incluyendo 15 en Texas, y ordenó una revisión de los casos (demasiado tarde para algunos, como Montoya).

Para críticos como Berlow, estos antecedentes son preocupantes ya que "está en riesgo si la interpretación de la Constitución y del derecho internacional de Gonzales es permitido enraizarse en una guerra contra el terrorismo vagamente definida".

No está solo en esta corriente legal

El veterano periodista Jim Lobe reportó que casi todos los funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, el Pentágono y la oficina del vicepresidente responsables por los memorandos más controvertidos sobre tortura, Poder Ejecutivo e interpretaciones del derecho internacional son miembros de la ultraconservadora Federalist Society, dedicada a oponerse a la ideología liberal en la profesión legal y a la aplicación del derecho internacional en el país.

Lobe informó que el equipo de abogados de Gonzales está dominado por miembros de esta agrupación, entre los que se cuenta el procurador general saliente, John Ashcroft.

¿Mejor que Ashcroft?

Sin embargo, algunos senadores y analistas señalan que Gonzáles es menos "ideológico" y más moderado que Ashcroft, por tanto será menos polarizante. Políticos que conocieron personalmente a Gonzáles en Texas, comentaron a La Jornada que ha tenido posiciones moderadas sobre aborto y los derechos de las mujeres y de las minorías.

Estas percepciones encontradas explican en cierto grado por qué los primeros dos grupos que dieron la bienvenida al nombramiento fueron la ultraconservadora Coalición Cristiana y el Consejo Nacional de la Raza, la organización latina más grande del país. La primera señaló que espera que Gonzáles continuará con las políticas de Ashcroft en defensa del país contra el terrorismo, y la segunda por lo obvio: respaldar a un latino en uno de los puestos más elevados.

Aunque algunos esperan que su comparecencia en el Senado y el debate sobre su nombramiento intensifiquen el tono de la discusión, casi todos esperan que Gonzáles sea ratificado. Es secreto abierto que su carrera podría no terminar ahí, ya que según las circunstancias podría llegar a ser el primer latino en la Suprema Corte.

Pero con ello continuará una de las grandes dudas sobre si EE.UU. está bajo o sobre la ley en el ámbito internacional.