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EL
INJUSTO EJERCICIO QUE PROMUEVE ESTADOS UNIDOS CONTRA
CUBA EN EL MARCO DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS.
En los años 80 del
pasado siglo, se produjo en los Estados Unidos el
ascenso de las fuerzas de la ultraderecha conservadora
al poder. El Documento de SantaFé, que sirvió de
plataforma electoral y política a las fuerzas que
acompañaron al entonces Presidente Ronald Reagan en su
Administración, anunciaba con relación a Cuba: “Un
programa de derechos humanos vigoroso y equitativamente
aplicado, es el arma milagrosa de los Estados Unidos
contra la Unión Soviética y sus satélites y sustitutos.
Curiosamente, la Administración actual (se refería al
Presidente Carter), (...), no ha intentado seriamente
aplicar su doctrina de derechos humanos contra la Cuba
de Castro..."
En el marco de la
nueva estrategia anticubana, la Administración Reagan
ordenó a connotados terroristas cubanoamericanos,
dirigidos y financiados por la CIA, cambiar su fachada,
convirtiéndolos en supuestos “grupos de oposición
política pacífica y de defensa de los derechos humanos”.
En el interior de Cuba, con fondos oficiales
estadounidenses, fueron creados varios pequeños grupos
subversivos de este tipo, reclutando a personas antes
implicadas en actividades violentas de carácter
contrarrevolucionario, e incluso, a antiguos
funcionarios y agentes de la policía del régimen
dictatorial de Fulgencio Batista. La labor de
reclutamiento se hizo extensiva a lumpens, oportunistas
y a los anexionistas de siempre.
En los años 1985 y
1986, se produjeron los primeros intentos fallidos de
imponer una condena a Cuba en materia de derechos
humanos, en el marco de la Tercera Comisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
El primer intento de
condenar a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos tuvo
lugar en 1987, cuando los Estados Unidos presentaron un
proyecto de resolución que no tuvo éxito, al resultar
aprobada una moción de no acción.
Los Estados Unidos
presentaron en 1988 un nuevo proyecto de resolución
dirigido a condenar a Cuba, que también fracasó, a
partir de la positiva acogida que tuvo la iniciativa
cubana de invitar una misión integrada por el Presidente
de la Comisión y otros cinco representantes de Estados
miembros, para que realizaran una visita al país.
Tampoco Estados
Unidos pudo en 1989 imponer una condena a Cuba en la
Comisión. Fueron derrotadas varias enmiendas que
presentara Estados Unidos con ese objetivo al proyecto
de resolución sometido a la consideración de la
Comisión. El texto adoptado se limitó a tomar nota del
Informe de la Misión que visitara Cuba e invitar al
Gobierno cubano a trabajar en la aplicación de sus
recomendaciones.
Al emerger EE.UU.
como única superpotencia tras la desintegración de la
Unión Soviética, se impuso en 1990 por primera vez a la
Comisión un proyecto de resolución contra Cuba promovido
por Estados Unidos.
En respuesta al vicio
de origen del ejercicio anticubano, sus ilegítimas
motivaciones y los brutales métodos de presión y
manipulación política utilizadas para lograr su
imposición, Cuba rechazó cualquier forma de cooperación
con tal engendro.
La posición de
principios del pueblo cubano, su digna resistencia
frente a la infamia y la mentira, fue ganando poco a
poco el reconocimiento y apoyo de los miembros de la
Comisión, hasta llegar 1998, año en que el proyecto
anticubano presentado por Estados Unidos fue derrotado
de manera incuestionable, en votación de 16 a favor y 19
en contra.
Tras la inesperada
derrota, el Gobierno de los Estados Unidos se dio a la
tarea de crear una nueva imagen a su accionar anticubano
en la CDH. Para ello y utilizando sus “tradicionales”
métodos, "convenció" a la República Checa, país que
necesitaba entonces el apoyo de Washington para ingresar
a la OTAN, para que asumiera la cara pública del
proyecto contra Cuba en la Comisión.
Bajo este nuevo
diseño, pero teniendo en definitiva que empeñarse
abiertamente en sus habituales presiones y chantajes
económicos y políticos, los Estados Unidos lograron
hacer adoptar —siempre por un muy escaso margen de entre
uno y tres votos - el proyecto anticubano entre los
años 1999 y 2001.
Ya para finales del
2001, estaba claro que dicho esquema había entrado en
una profunda crisis de credibilidad. Los Estados Unidos
necesitaban un nuevo cambio de imagen para su ejercicio
anticubano, cuestión que se convirtió en estratégica
tras la exclusión de la superpotencia de la Comisión.
Se recrudecieron
entonces las gestiones de altos funcionarios de la
Administración Bush para imponer a uno o a varios países
de América Latina la presentación del proyecto
anticubano en el 58º período de sesiones de la Comisión.
El nivel de las
presiones ejercidas por altos personeros de Estados
Unidos y la profundización de la vulnerabilidad y
dependencia hacia su política hegemónica en la región de
varios gobiernos latinoamericanos con muy bajos niveles
de aceptación de sus pueblos, llevaron a que,
finalmente, fuera el gobierno del Presidente Batlle del
Uruguay, el que asumiera el papel de marioneta en la
presentación pública del proyecto anticubano.
El texto anticubano
que fuera presentado por el gobierno del abyecto
Presidente Batlle, fue redactado, hasta en sus comas y
sus puntos, por los diplomáticos de Washington en
coordinación con la mafia terrorista de Miami.
En contraste con la
posición de sumisión de algunos gobiernos
latinoamericanos, los pueblos de la región, de modo
unánime, condenaron la maniobra anticubana. No sólo se
lanzaron a las calles a protestar en varias capitales,
en países como Argentina, Perú, México y Guatemala, sino
que los parlamentos reclamaron a sus Gobiernos que no
acompañaran tal acción y mantuvieran una posición de
independencia y decoro en Ginebra.
El texto anticubano
impuesto en el 58º período de sesiones de la Comisión,
supuestamente “novedoso” y con un "enfoque
constructivo", no hacía otra cosa que restablecer un
mecanismo injusto de monitoreo a la llamada situación de
los derechos humanos en Cuba, con el factor agravante de
involucrar en la manipulación anticubana, concebida por
y para satisfacer los intereses de dominación de
Washington, nada menos que al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los representantes de
la mafia terrorista cubanoamericana cumplieron en este
proceso un importante papel en apoyo a las acciones
anticubanas del Gobierno de los Estados Unidos.
Aprovechando la presencia de sus representantes en el
Congreso estadounidense, se involucraron directamente en
las acciones de presión y chantaje contra varios
gobiernos. Por otra parte, “idearon” actividades de
diplomacia pública con el objetivo de vender la imagen
de que tras las acciones de la Administración Bush
contra Cuba, estaba el “reclamo” del llamado “exilio
cubano”.
El 18 de septiembre
de 2002, once Congresistas beneficiarios del dinero de
la mafia terrorista de Miami, encabezados por Ileana
Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, enviaron una carta
al entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas,
urgiéndolo a participar directamente en el accionar
contra Cuba. El 13 de diciembre del propio año, Ros-Lehtinen
envió una nueva carta al Alto Comisionado, conminándolo
a que solicitara a Cuba la liberación de varios
mercenarios al servicio del Gobierno de los EE.UU.,
justamente sancionados en la Isla.
A principios de enero
del 2003, el Subsecretario del Departamento de Estado
para Asuntos Políticos, Marc Grossman, envió un mensaje
al Alto Comisionado para “recordarle” que no había
nominado aún a su Representante Personal para Cuba,
añadiendo que los EE.UU. consideraban importante que
esto se produjera en el más breve plazo.
Estados Unidos no
sólo “consigue” los votos necesarios para imponer el
proyecto anticubano; existen numerosas pruebas de que ha
sido el verdadero “interesado” en la aplicación y
seguimiento de las resoluciones contra Cuba.
Ante el rechazo de
Uruguay a repetir su papel de “primer actor” — aunque
hubiera sido de reemplazo de Perú en el último minuto -
en el libreto anticubano preparado por Washington, la
superpotencia tuvo que desplegar nuevas e intensas
gestiones y presiones con los gobiernos latinoamericanos
vulnerables a ello, para asignar el papel a un nuevo
títere en el 2003.
La Sra. Poblete —
“lleva y trae” de la mafiosa congresista anticubana
Ileana Ross-Lehtinen - viajó a Ginebra, a principios de
enero del 2003, reuniéndose por separado con
representantes diplomáticos de unos pocos países
latinoamericanos, con el objetivo de explorar la
situación y reforzar las acciones para imponer una
resolución contra Cuba.
A fines de ese propio
mes, la Subsecretaria de Estado para Asuntos Globales,
Paula Dobrinski, viajó a varios países latinoamericanos,
reuniéndose con Presidentes y Cancilleres, con el
objetivo de forzar un “compromiso” en la presentación
del proyecto anticubano en la 59 CDH.
Los Embajadores de
los EE.UU. en diversas capitales del mundo, cumplieron
un importante papel de propaganda y de “ablandamiento de
algunas objeciones de conciencia” en el marco de la
ofensiva anticubana, distribuyendo en ese período en las
Cancillerías de los países en los que estaban
acreditados, un panfleto elaborado por el Departamento
de Estado, repleto de mentiras y desinformación acerca
de la supuesta situación de los derechos humanos en
Cuba.
Los EE.UU. realizaron
además gestiones infructuosas para que el Grupo de Río,
uno de los foros de concertación política de los países
latinoamericanos y caribeños, asumiera colectivamente la
presentación del proyecto de resolución anticubano en la
59 CDH, utilizando de manera cínica la oportunidad que
les brindaba el que la coordinación del Grupo
correspondiera en ese momento a Perú.
Finalmente, Perú tuvo
que cargar directamente con la “responsabilidad” - con
el acompañamiento de los “muy independientes” gobiernos
de Costa Rica y Uruguay - de la presentación pública
del proyecto de resolución anticubano en la 59 CDH.
A medida que se fue
acercando el inicio de la Comisión, se recrudecieron las
presiones de los EE.UU., que contaron en sus gestiones
anticubanas con la “solidaridad incondicional” de
algunos gobiernos de la llamada “Coalición de los
Dispuestos”, en particular, de exmetrópolis
colonialistas como España y el Reino Unido.
Para garantizar los
votos necesarios para la imposición del proyecto
anticubano, la Administración Bush no reparó en límites
éticos o legales. Desde Washington fueron anunciadas
promesas de “ayuda” financiera y otros beneficios para
los que entregaran su voto. Sin embargo, la práctica más
común no fue la de nuevas ofertas; prevalecieron las
amenazas directas o veladas de bloqueos de préstamos y
asignaciones en las instituciones financieras
multilaterales que controla, como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, el retiro de
facilidades concedidas en temas bilaterales en materia
comercial y migratoria, e incluso, el condicionamiento
de la conducta de Estados Unidos en órganos políticos
multilaterales.
Días antes de la
votación, se reforzaron las gestiones de EE.UU. para
incluir en el texto del proyecto anticubano una condena
a las justas sanciones judiciales impuestas en Cuba
contra mercenarios al servicio de la política hostil de
los EE.UU. y los 3 principales secuestradores de una
embarcación, que con el uso de extrema violencia,
intentaron desviar hacia el territorio de los EE.UU..
El día 18 de marzo,
el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher,
realizó una declaración llamando a la Comisión a
condenar la detención de sus mercenarios en la Isla, en
los términos más enérgicos.
Nuevamente la
superpotencia decidió trabajar tras bambalinas. Pero en
esta ocasión, debió enfrentar obstáculos más complejos.
Algunas autoridades latinoamericanas ya comprometidas
con la presentación del proyecto anticubano, enfrentadas
al temor de la protesta de sus pueblos- si se
involucraban en esta grave iniciativa dirigida
claramente a fabricar un pretexto para una agresión
militar de EE.UU contra el pueblo cubano -, optaron por
no apoyar la nueva imposición norteamericana.
Fue finalmente a
Costa Rica - con un gobierno cuya subordinación a los
Estados Unidos queda fuera de la más mínima duda — a
quien correspondió la indigna misión de presentar la
enmienda concebida por Estados Unidos para fabricar las
condiciones que le permitan repetir contra el pueblo
cubano, la experiencia de su criminal guerra de
conquista en Iraq. Costa Rica fue el único país
latinoamericano y en desarrollo que votó a favor de esa
enmienda. ¿Resulta necesario algún comentario
adicional?
Cuba radicó
oficialmente, el 16 de abril, 2 enmiendas al proyecto
anticubano, bajo las siglas E/CN.4/L.77, en las cuales
se exigía el cese inmediato del bloqueo unilateral e
ilegal a Cuba y se pedía al Alto Comisionado que
realizara una evaluación de los efectos para el pueblo
cubano de los actos terroristas llevados a cabo contra
Cuba desde el territorio de los EE.UU..
La consideración de
estas enmiendas promovió un largo debate procesal y como
consecuencia de ello, se postergó por 24 horas la
consideración y adopción del proyecto anticubano. En
ese debate, totalmente descolocado y puesta en evidencia
la verdadera autoría estadounidense de la enmienda
presentada por Costa Rica, al Embajador de la
superpotencia en Ginebra no le quedó otra alternativa
que declarar que su delegación “apoyaba cualquier cosa
contra Cuba”.
A pesar de las
enormes presiones ejercidas por Estados Unidos, la
enmienda condenatoria a Cuba asumida públicamente por
Costa Rica, fue derrotada en la Comisión, al ser
rechazada por una aplastante mayoría de países. Sólo 15
países apoyaron la enmienda, mientras 31, más del doble,
la votaron en contra.
Con ese resultado, se
asestó un duro golpe a Washington y a la mafia
anexionista y terrorista de origen cubano de Miami, que
al iniciarse la agresión unilateral de EE.UU. contra
Iraq, clamó, en la única manifestación pública de apoyo
a esa guerra ilegal en una ciudad del mundo: “Iraq
ahora, Cuba después”.
La enmienda cubana
condenando al bloqueo norteamericano como grave
violación de los derechos humanos no fue apoyada -como
consecuencia de la hipocresía y el doble rasero- por
aquellos países que se suman en la Comisión a la
maniobra dirigida a satanizar a la Revolución Cubana y
carecen al propio tiempo del coraje y la vergüenza para
hacer lo propio con la política que impone EE.UU al
pueblo cubano en violación de sus más elementales
derechos.
Sin embargo, varios
gobiernos latinoamericanos, los gobiernos europeos y
otros industrializados que apoyan la maniobra anticubana
en la CDH, quedaron al desnudo ante el mundo en su doble
moral, hipocresía y subordinación a los intereses de
EE.UU.. Se dicen comprometidos con la “defensa de los
derechos humanos del pueblo cubano en los trabajos de la
CDH” y ni siquiera cuentan con el valor y el decoro de
condenar allí la grave, flagrante, masiva y continuada
violación de derechos humanos de ese pueblo que impone
el bloqueo estadounidense. ¡No se puede engañar a todos,
todo el tiempo!
Tras el rechazo de
las enmiendas, fue votado el proyecto de resolución
anticubano, con las siglas E/CN.4/L.2, resultando
aprobado por un escaso margen de 4 votos de diferencia
(24 a favor, 20 en contra y 9 abstenciones), a pesar de
que EE.UU contó con 24 horas adicionales para que sus
brutales presiones surtieran efecto.
La resolución
anticubana (E/CN.4/RES/2003/13), aunque no cumplió todas
sus expectativas, garantizó al Gobierno de los Estados
Unidos la continuidad de su ejercicio anticubano en los
trabajos de la Comisión, auxiliándose de los servicios
de la llamada Representante Personal del Alto
Comisionado.
Estados Unidos ha
fracasado en sus esfuerzos por cambiar la imagen de su
ejercicio anticubano en la Comisión de Derechos Humanos.
La motivación ilegítima de esta maniobra y la magnitud
de las presiones y chantajes que debe realizar
directamente la superpotencia para su injusta
imposición, no le permiten hacer creíble la
“desbilateralización” del ejercicio.
No importa quién sea
el presentador público de turno del proyecto anticubano.
Todos saben que su factura y patrocinio verdadero
esconde la etiqueta “Made in USA”.
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