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mÁs de cuatro decadas de acciones terroristas contra el
pueblo cubano EN VIOLACIÓN DE SUS MÁS ELEMENTALES
DERECHOS HUMANOS. el gobierno de los estados unidos
OTORGA impunidad a los responsables.
El pueblo cubano ha
sido víctima por más de cuatro décadas de innumerables
actos y ataques terroristas alentados desde el exterior,
los cuales han causado cuantiosas pérdidas materiales y
humanas, y han motivado incalculables sufrimientos a sus
ciudadanos. Altísimo ha sido también el costo económico
que ha pagado la nación cubana como consecuencia de los
sucesivos sabotajes e incluso agresiones biológicas de
las que ha sido víctima.
Estos actos
terroristas han tenido como objetivo destruir mediante
el terror, la inestabilidad y la incertidumbre, la
opción política y social que el pueblo cubano libremente
ha adoptado en pleno ejercicio de su derecho a la libre
determinación. El territorio de los Estados Unidos ha
sido utilizado de forma sistemática y permanente para
planear, financiar, reclutar, entrenar y apoyar la
realización de los actos terroristas contra el pueblo
cubano.
Las modalidades de
terrorismo empleadas contra Cuba han sido en lo
fundamental las siguientes: sabotaje o destrucción de
objetivos económicos y civiles dentro del país; ataques
contra instalaciones costeras, naves mercantes y
embarcaciones pesqueras; atentados contra instalaciones,
medios y personal cubano en el exterior, incluidas sedes
diplomáticas, oficinas de aviación y naves aéreas;
intentos de asesinato a sus principales dirigentes;
introducción de gérmenes y plagas contra la agricultura
y la explotación pecuaria; e introducción de cepas de
enfermedades contra las personas, entre otros.
Como resultado de al
menos 681 acciones de terrorismo y agresiones contra el
pueblo cubano que han sido probadas y documentadas, se
ha producido la pérdida irreparable de la vida de 3 478
de sus hijos y otros 2 099 cubanos han recibido lesiones
permanentes en su integridad física. Cabe destacar que
estas acciones no han cesado a lo largo de los años: 68
tuvieron lugar en la década de 1990 y otras 39 en el
curso de los últimos cinco años.
Las víctimas de las
acciones terroristas contra Cuba no han sido sólo
nuestros ciudadanos. Un total de 190 atentados
terroristas han sido dirigidos contra personas o bienes
de terceros países radicados en territorio
norteamericano. Además, se organizaron y ejecutaron
docenas de acciones contra bienes de compañías
extranjeras que mantenían relaciones económicas con
Cuba, o contra representaciones de países que mantenían
vínculos con el país.
Las actividades
terroristas se incrementaron significativamente y
adquirieron la categoría de práctica sistemática de la
política de hostilidad contra la Revolución Cubana a
partir del año 1961, como consecuencia del “Programa de
Acción Encubierta contra el régimen de Castro”, aprobado
el 17 de marzo de 1960 por el entonces Presidente D.
Eisenhower y que fuera proseguido por el Presidente
J.F.Kennedy. En ese plan, entre otras cosas, se
autorizaba la creación de una organización secreta de
inteligencia y de acción dentro de Cuba y para ello se
asignaban los fondos necesarios a la Agencia Central de
Inteligencia.
El 18 de enero de
1962, se adopta el conocido como “Proyecto Cuba”, que
contenía 32 tareas de guerra encubierta que debían ser
ejecutadas por los departamentos y agencias
participantes en la llamada Operación Mangosta.
Además de los
centenares de acciones realizadas directamente por los
Servicios Especiales del gobierno de los Estados
Unidos, resultaría difícil enumerar en este documento
todo el universo de actos y acciones terroristas
consumados o neutralizados en su fase preparatoria, cuya
responsabilidad recae en las organizaciones radicadas en
el territorio de los Estados Unidos, conformadas por
terroristas de origen cubano, muchos de los cuales
fueron incluso entrenados en su momento por la Agencia
Central de Inteligencia y unidades del ejército
estadounidense.
En 1960 se realizaron
numerosos actos de terrorismo contra instalaciones
públicas como cines, teatros, escuelas y comercios, con
el objetivo de sembrar el pánico y el terror entre la
población. La más criminal y sangrienta de las acciones
emprendidas durante ese año fue la voladura, el 4 de
marzo de ese año, del vapor francés “La Coubre”, en el
puerto de La Habana, en los momentos en que se
descargaban las municiones compradas en Bélgica para el
Ejército Rebelde. Este criminal atentado ocasionó 101
muertos, entre ellos varios franceses, más de 200
heridos y numerosos desaparecidos.
Otras acciones, no
menos sangrientas, tuvieron lugar el propio año en zonas
urbanas de la capital del país, entre las que podrían
mencionarse:
El lanzamiento el 21
de enero, de cuatro bombas de 100 libras sobre los
conglomerados urbanos de Regla y Cojímar.
El lanzamiento, el 11
de febrero, de fósforo vivo sobre el poblado de El Cano.
El ametrallamiento,
en octubre y diciembre, de los alrededores de Río
Cristal, Rancho Boyeros y Arroyo Arenas.
Entre los ataques a
objetivos económicos realizados en 1960, podría
destacarse el ocurrido el 18 de febrero. Ese día, el
avión que bombardeaba el Central “España”, fue destruido
en el aire por una de sus propias bombas. Piloteaba la
nave el norteamericano Robert Ellis Frost, acompañado
por Onelio Santana Roque, ex miembro de los cuerpos
represivos de la dictadura batistiana. La carta de vuelo
registraba la salida del avión del aeropuerto de Tamiami,
Florida. Por otros documentos hallados junto al cadáver
del estadounidense, se descubrió que en tres ocasiones
anteriores había participado en ataques aéreos contra
Cuba y que iba a cobrar por el bombardeo de ese día 1
500 dólares.
Es significativo que
la mayoría de los más connotados representantes del
“exilio” anticubano participaron directamente y
ejecutaron actos terroristas contra Cuba en la década
del 60. Una información publicada en el periódico
Revolución, del 30 de diciembre de 1960, dio cuenta de
la ocupación de una fábrica de bombas y la detención de
17 terroristas que siguiendo instrucciones de la
Embajada de Estados Unidos en La Habana, se habían
dedicado a poner petacas con explosivos plásticos en
tiendas comerciales. Entre esos terroristas cubanos,
aparecen dos personeros conocidos hoy como supuestos
“opositores políticos pacíficos”. Ellos son nada menos
que el “periodista y publicista” Carlos Alberto Montaner
(cabecilla de la mafia anticubana en Madrid, quien no
fue condenado entonces porque era menor de edad; se
refugió en una Embajada latinoamericana para salir del
país), y el “Excelentísimo Embajador para los Derechos
Humanos” de EE.UU., Armando Valladares, falso “escritor-
paralítico” a quien se vio por televisión levantarse de
su silla de ruedas y correr 400 metros planos.
En 1961 se
intensificaron los atentados terroristas, que
incluyeron: la quema de cañaverales durante la zafra
azucarera, el sabotaje a fábricas y los ataques contra
fincas, actos que causaron la muerte a 281 ciudadanos,
en su mayoría campesinos, mujeres y niños inocentes, así
como milicianos y jóvenes voluntarios que participaban
en la Campaña de Alfabetización (a esta campaña se
integraron casi 100 mil voluntarios que fueron hasta
los sitios más recónditos de nuestro país para enseñar a
casi un millón de cubanos a leer y escribir) iniciada el
propio año.
Un hecho notorio en
el período fue el sabotaje terrorista, el 13 de abril de
1961, de la mayor tienda por departamentos del país, “El
Encanto”, ubicada en el mismo centro de la capital. Este
atentado provocó la muerte de la trabajadora Fe del
Valle, la destrucción total del inmueble y puso en
peligro gran número de hogares cubanos.
En el mes de abril de
ese propio año, se produjo la invasión por Playa Girón
(Bahía de Cochinos) perpetrada por un ejército de
aproximadamente 1 500 mercenarios, organizado,
entrenado, equipado, financiado y transportado por el
Gobierno de los Estados Unidos. El frustrado plan
preveía el desembarco de las tropas norteamericanas, que
contemplaron desde sus barcos la derrota de los
mercenarios.
Muchos de los
mercenarios que participaron en aquella invasión y en
otras acciones terroristas de la guerra sucia contra
Cuba, se mantienen activos en las filas de las
organizaciones terroristas que actualmente operan contra
nuestro país. Muchos otros se enrolaron como agentes a
sueldo al servicio de la CIA para llevar a cabo
operaciones encubiertas en América Latina y otras
regiones del mundo en tareas de terrorismo, asesinato
político, tráfico de armas y narcóticos, y guerras
sucias como la llevada a cabo contra la Revolución
Sandinista en Nicaragua. A otra parte importante de
ellos, se les instruyó disfrazarse de “exilio
político-pacífico” contra la Revolución Cubana,
agrupándose muchos de ellos en la llamada Fundación
Nacional Cubano Americana. Este grupo públicamente
“redimido” de la violencia terrorista, nunca renunció,
sin embargo, a lo que realmente sabe y disfruta hacer.
Se ha mantenido organizando y financiando acciones
terroristas como las llevadas a cabo contra
instalaciones turísticas cubanas por mercenarios
centroamericanos en la década de 1990.
El bandidismo
Otra forma de
terrorismo empleada contra Cuba fue el bandidismo,
bautizado así por el pueblo por las felonías y los
asesinatos cometidos por las 299 bandas terroristas que,
entre 1959 y 1965, actuaron a lo largo y ancho del
territorio cubano, armadas, sostenidas y dirigidas por
el Gobierno de Estados Unidos. El bandidismo tuvo su
enclave principal en las montañas del Escambray, en el
centro del país. Estas bandas dejaron más de 500
muertos, principalmente campesinos y obreros agrícolas
inocentes, y un legado de dolor en nuestro pueblo.
El pueblo cubano
recuerda con singular tristeza los asesinatos en 1961
del maestro Conrado Benítez y del campesino Eliodoro
Rodríguez, el 5 de enero; del maestro Delfín Sen Cedré,
en octubre; y del maestro Manuel Ascunce Domenech y el
campesino Pedro Lantigua, el 26 de noviembre, crímenes
llevados a cabo con el fin de hacer fracasar la Campaña
de Alfabetización.
Por esta época fueron
asesinados varios adolescentes y niños con el objetivo
de sembrar el terror y desalentar el apoyo a la
Revolución entre los campesinos y obreros agrícolas.
Tales fueron los casos de los crímenes cometidos contra
la vida de varios niños en la localidad de Bolondrón:
Yolanda y Fermín, de 11 y 13 años de edad, de Albinio
Sánchez Rodríguez, de 10 años y de Reinaldo Núñez-Bueno,
de 22 meses de edad.
Muchos documentos hoy
desclasificados demuestran el vínculo histórico entre el
Gobierno de Estados Unidos y las bandas que operaban
dentro de nuestro país. En octubre de 1961, el inspector
general de la CIA, Lyman Kirkpatrick, presentó un
informe secreto que refería una acción encubierta,
conocida como “Operación Silencio”, en la que por orden
del gobierno norteamericano la CIA realizó 12
operaciones para el abastecimiento de armas, municiones
y explosivos a las bandas armadas que operaban en
nuestro país.
En el mismo
documento, y en referencia al enorme centro establecido
por la CIA en la Florida para llevar a cabo actividades
encubiertas contra Cuba, Kirkpatrick reconoció que “de
enero de 1960, cuando contaba con 40 personas, el Buró
se expandió a 588 para el 16 de abril de 1961,
convirtiéndose en uno de los más grandes buroes en los
servicios clandestinos”.
El secuestro de
aeronaves fue otro tipo de acciones terroristas
concebidas por la CIA en su programa para derrocar a la
Revolución Cubana. Con estos hechos, la Agencia Central
de Inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos
inauguró una nueva figura terrorista que no tenía
precedentes hasta ese momento. Entre 1959 y el 2001 51
aviones cubanos fueron secuestrados. Casi sin excepción,
todos fueron dirigidos hacia Estados Unidos y la inmensa
mayoría de ellos nunca fueron devueltos. Pilotos,
custodios y pasajeros, resultaron asesinados o heridos
por los secuestradores. Varios aviones fueron destruidos
o seriamente dañados en los intentos frustrados.
A modo de ejemplo,
citaremos lo ocurrido el 27 de marzo de 1966. Un
terrorista, utilizando un arma de fuego, intentó desviar
hacia Estados Unidos, donde eran siempre recibidos como
héroes, un avión IL-18 de la compañía Cubana de
Aviación, con 97 personas a bordo, incluido 14 niños. Al
fracasar en su intento, por la valiente y decidida
conducta del capitán, quien se negó a desviar la nave y
aterrizó en el Aeropuerto Internacional de La Habana, el
secuestrador asesinó al piloto y al custodio y causó
heridas graves al copiloto.
Al inicio de la
década de 1970 se crearon nuevas organizaciones
terroristas integradas por torturadores y esbirros de la
dictadura batistiana y otros criminales que abandonaron
el país en 1959. El terrorismo siguió siendo un negocio
lucrativo para la mafia cubanoamericana, amparadas por
la complicidad y la tolerancia de las autoridades de
Estados Unidos.
Organizaciones como
Alpha 66 y CORU, asentadas en los estados de la Florida
y Nueva Jersey, fueron responsables de gran parte de
las acciones terroristas contra el pueblo cubano
ocurridas en la década del 70 y los 80.
El 12 de octubre de
1971, se produjo un ataque artero contra el poblado de
Boca de Samá, en la costa norte de la antigua provincia
de Oriente. Esta cobarde acción contra un pequeño
poblado cubano provocó dos víctimas mortales y heridas a
otros vecinos del poblado, entre ellos dos niños.
Por esos años, el
terrorismo se tradujo, igualmente, en acciones
paramilitares contra embarcaciones mercantes y pesqueras
de Cuba. El 4 de octubre de 1973, los pesqueros cubanos
Cayo Largo 17 y Cayo Largo 34, fueron atacados por dos
cañoneras tripuladas por terroristas, que asesinaron al
pescador Roberto Torna Mirabal y abandonaron al resto de
los tripulantes, en balsas de goma, sin agua ni comida.
El 6 de octubre de
1976, ocurrió el más monstruoso y repugnante acto
terrorista cometido en ese período: el estallido en
pleno vuelo de un avión de la aerolínea Cubana de
Aviación con 73 personas a bordo, de ellas 57 cubanos,
11 jóvenes guyanenses (6 de ellos seleccionados para
estudiar medicina en Cuba) y 5 ciudadanos de la RPD de
Corea. Todos perecieron.
El atentado contra el
avión civil cubano fue cometido por dos mercenarios de
nacionalidad venezolana, contratados por dos de los más
connotados terroristas de origen cubano: Orlando Bosch
Ávila (autor de 321 acciones terroristas), quien, pese a
la opinión contraria del Departamento de Justicia,
recibió una autorización especial del Presidente Bush
padre para residir en Estados unidos y vive en Miami
desde 1990; y Luis Posada Carriles, preso actualmente en
Panamá por intentar asesinar al Jefe de Estado cubano.
Ambos habían sido reclutados por la CIA desde 1960 y se
les había especializado en sofisticadas técnicas de
sabotaje con todo tipo de medios. Los dos terroristas
mencionados integraban entonces la organización CORU,
fundada en junio de 1976 por el propio Orlando Bosch,
unificando varias organizaciones terroristas. CORU
incrementó considerablemente las acciones terroristas no
solo contra Cuba, sino también contra otros 24 países de
Europa, de América Latina y de Centroamérica.
Al tiempo que se
continuaron desarrollando actos terroristas en el
territorio cubano, el escenario de algunas de esas
actividades se desplazó hacia los Estados Unidos, y se
dirigieron contra intereses asentados allí de países que
mantenían relaciones y comercio con nuestra nación,
contra funcionarios diplomáticos cubanos en la Misión
ante las Naciones Unidas, contra instituciones privadas
de ese país e incluso, contra emigrados cubanos que
estaban en desacuerdo con la política terrorista de la
mafia cubano-americana.
El pueblo
norteamericano experimentó con horror en su propia casa
el terror que sus gobernantes habían desatado contra un
pequeño país vecino a partir de 1959.
Las autoridades
norteamericanas, lógicamente, comenzaron a reaccionar
deteniendo a algunos terroristas o intentando
desmantelar ciertos grupos que actuaban de forma
independiente y por cuenta propia. Para evadir la
acción de las autoridades, muchos grupos utilizaron como
ardid la disolución pública, el cambio en sus nombres,
la interrupción temporal de sus acciones e incluso,
cambiaron la base de sus operaciones hacia otros estados
de la Unión.
Sin embargo, aquellas
bandas terroristas que respetaron las normas de conducta
pública impuestas por las autoridades norteamericanas y
mantuvieron su accionar terrorista exclusivamente contra
el territorio cubano fueron toleradas.
Entre algunas de las
acciones terroristas contra Cuba realizadas en el propio
territorio de los Estados Unidos podrían mencionarse:
El 5 de junio de
1976, la Misión de Cuba ante la ONU fue objeto de un
atentado con explosivos, ocasionando importantes
pérdidas.
En 1977, se produce
el asesinato de los emigrados cubanos Carlos Muñiz
Varela y José Eulalio Negrín, por sus posiciones
favorables al diálogo con Cuba.
En marzo de 1980, se
colocó una potente bomba en el auto del Representante
Permanente de Cuba ante la ONU, en Nueva York, y el 11
de septiembre de ese mismo año, fue asesinado el
diplomático Félix García, integrante de la misma Misión.
Bioterrorismo
Una de las
modalidades más despiadadas de terrorismo utilizadas
contra los cubanos ha sido el bioterrorismo. En 1971,
agentes vinculados a grupos terroristas cubanoamericanos
introdujeron en Cuba el virus de la fiebre porcina
africana. Al desencadenarse un brote de la enfermedad,
las autoridades sanitarias cubanas se vieron obligadas a
ordenar el sacrificio de 500 mil cerdos, con el objetivo
de evitar una epidemia de proporciones nacionales. Era
la primera vez que la enfermedad se manifestaba en el
hemisferio occidental.
El bioterrorismo fue
empleado no solo contra la producción agropecuaria, sino
contra nuestra población.
En mayo de 1981, se
comenzaron a reportar casos de enfermos infectados con
el virus del Dengue-2, popularmente conocido como Dengue
Hemorrágico, de una cepa del virus distanciada
genéticamente de las que a la sazón estaban circulando
en otros países del Caribe y que, en cambio, estaba
relacionada con cepas de laboratorio desarrolladas
únicamente en instalaciones norteamericanas. En pocas
semanas, se desató la epidemia de una enfermedad que
nunca había existido en el país, alcanzando la cifra sin
precedente de 344,203 personas infectadas. Fallecieron
158 personas como consecuencia de la epidemia, de ellas
101 niños.
Las investigaciones y
los minuciosos estudios llevados a cabo evidenciaron
que la epidemia fue introducida deliberadamente en el
territorio cubano por agentes terroristas al servicio
del Gobierno de los Estados Unidos. Según declaraciones
del experto norteamericano, coronel Phillip Russell,
durante el XIV Congreso Internacional del Océano
Pacífico, especialistas norteamericanos en guerra
biológica habían sido los únicos en obtener una variedad
del mosquito Aedes Aegypti sensiblemente asociada a la
trasmisión del virus del Dengue-2.
En el juicio
celebrado en 1984 en los Estados Unidos contra Eduardo
Arocena, cabecilla de la organización terrorista Omega
7, este confesó haber introducido gérmenes en Cuba y
reconoció que el virus del Dengue Hemorrágico fue
introducido en la Isla por grupos radicados en los
Estados Unidos.
Días antes de que
comenzara a manifestarse la enfermedad en Cuba, el
ejército norteamericano inmunizó al personal de la Base
Naval de Guantánamo con una vacuna que incluía la
protección contra el Dengue-2. Ello propició que en
dicho enclave militar no se registrara un solo caso de
la enfermedad que, en cambio, golpeó significativamente
al resto del territorio nacional, sin excepción
alguna.
De no haber sido por
el colosal esfuerzo emprendido por todo nuestro pueblo
y Gobierno, habrían podido fallecer decenas de miles de
personas, en su inmensa mayoría niños. En poco más de
cuatro meses, logramos derrotar una epidemia que muchos
expertos pronosticaron que necesitaría años para ser
erradicada. La afectación económica fue también
considerable.
Los cambios en el
escenario internacional impusieron la mutación en las
formas y manifestaciones del terrorismo contra Cuba. Los
sectores más reaccionarios de la emigración cubana en
Estados Unidos, y particularmente en la Florida,
alentaron nuevamente la vía del terrorismo en su guerra
contra Cuba, al final de la Administración Bush (padre).
Eso motivó el desarrollo con cierta fuerza de diversas
acciones terroristas, durante los dos mandatos de la
Administración Clinton.
La Fundación Nacional
Cubano Americana (FNCA), financista de campañas
políticas de varios legisladores e incluso presidentes
estadounidenses, asumió la organización y financiamiento
de las acciones terroristas contra Cuba a partir de
1992. Al servicio, bajo las órdenes y con el dinero de
la FNCA, fueron reclutados en países de Centroamérica
varios terroristas, que colocaron bombas en
instalaciones turísticas cubanas por el cobro de una
recompensa. En 1997, hicieron estallar siete bombas en
hoteles e instalaciones turísticas del país. En uno de
esos atentados, falleció el joven turista italiano Fabio
Di Celmo. El objetivo era claro: arruinar la industria
turística cubana, la cual ya se perfilaba como principal
rubro económico del país
Las acciones
terroristas contra Cuba no han cesado. Baste señalar que
entre el 6 de agosto del 2002 y el 10 de abril de 2003,
ocurrieron otros 11 actos terroristas, en su mayoría
secuestros de aeronaves y embarcaciones para dirigirlas
a Estados Unidos. Todas estas acciones fueron violentas,
utilizándose armas blancas, objetos punzantes e incluso
armas de fuego para amenazar a la tripulación y los
pasajeros.
Los secuestradores
juzgados en Cuba han sido sancionados con severas penas,
lo cual generalmente no ocurrió con los procesados en
Estados Unidos.
El pueblo y el
Gobierno cubanos, que por varias décadas han luchado
ejemplarmente contra el terrorismo internacional, tienen
la firme voluntad de continuar enfrentando y combatiendo
el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones,
sobre la base de la convicción de que todo acto
terrorista es repudiable y debe ser combatido.
Cuba considera que
todos los actos y acciones terroristas afectan la vida,
la salud, los bienes y la seguridad de personas
inocentes, violan la soberanía y la integridad
territorial de los Estados, ponen en peligro el
funcionamiento y la estabilidad de las instituciones
nacionales, causan graves daños a la infraestructura
productiva y a la actividad económica de los Estados y
acentúan la desestabilización de la situación
internacional, creando nuevos focos de tensión y
provocando, en ocasiones, conflictos internacionales.
En consecuencia, Cuba
aboga por una cooperación internacional verdaderamente
eficaz, que permita prevenir y combatir todos los actos
de terrorismo, eliminar sus causas, asegurar la
aprehensión, el enjuiciamiento o la extradición de los
autores, organizadores y patrocinadores de actos y
acciones terroristas, así como de todos aquellos que las
apoyan o financian. Sin embargo, esta cooperación debe
tener legitimidad internacional y basarse en el respeto
irrestricto del Derecho Internacional, de la Carta de
las Naciones Unidas y de los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Cuba, como muestra de
su compromiso internacional en la lucha contra el
terrorismo, ha ratificado o se ha adherido a los 12
Convenios y Protocolos internacionales existentes en
materia de terrorismo. En diciembre de 2001, promulgó la
Ley No. 93 Contra Actos de Terrorismo, que es un código
integral, moderno y severo para el enfrentamiento de
este flagelo.
No existe un
terrorismo “bueno” y un terrorismo “malo”. Tampoco
existen distintos tipos de terrorismos, en dependencia
de quién lo lleve a cabo y contra quién se ejecuten
estos actos criminales. El pueblo cubano exige justicia
y que se ponga fin a la impunidad de los grupos
terroristas que actúan contra Cuba desde el territorio
de los Estados Unidos de América.
EL BLOQUEO GENOCIDA
IMPUESTO DE MANERA UNILATERAL Y EN VIOLACIÓN DEL DERECHO
INTERNACIONAL POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA CONTRA CUBA: VIOLACIÓN MASIVA Y FLAGRANTE DE LOS
DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO CUBANO.
(Ver Informe de Cuba
al Secretario General de las Naciones Unidas en virtud
de la Resolución 57/11 de la Asamblea General, incluido
en el documento A/58/287 de la Asamblea General de la
ONU)
El bloqueo económico,
comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba
constituye un componente esencial de su política de
hostilidad contra el pueblo cubano. Ningún pueblo se ha
visto sometido de manera tan continuada y permanente, a
una política genocida que persigue doblegar por hambre y
enfermedades su resistencia frente a la dominación
extranjera.
La resuelta voluntad
de los cubanos de emprender transformaciones económicas
y sociales a favor de las grandes mayorías, tuvo como
respuesta de los sectores de poder en la exmetrópoli
neocolonial lo que ha sido una verdadera guerra
económica de exterminio, que se encuentra actualmente en
una fase de máxima intensidad.
La absoluta falsedad
de las muy diversas excusas que por más de cuatro
décadas han empleado las sucesivas administraciones
norteamericanas para tratar de justificar la imposición
de su guerra económica y política contra Cuba, ha
quedado demostrada en los propios documentos oficiales
estadounidenses desclasificados en 1991 (Foreign
Relations of the United States, Cuba, Volume VI,
1958-1960, Department of State, U.S. Government Printing
Office, 1991). En estos aparecen testimonios y pruebas
irrefutables de que esa hostilidad antecedió a cualquier
medida adoptada por el Gobierno Revolucionario a partir
de 1959.
Los representantes de
la dictadura batistiana huyeron a los Estados Unidos con
424 millones de dólares robados de los fondos de la
República, que fueron depositados en bancos
norteamericanos y que nunca serían devueltos al pueblo
cubano. Más aún, a sólo cinco semanas del triunfo
popular, le fue negado a las nuevas autoridades un
modesto crédito solicitado a Estados Unidos para
mantener la estabilidad de la moneda nacional.
El gobierno
revolucionario cubano, adoptó una serie de medidas
destinadas a recuperar las riquezas del país y ponerlas
al servicio del pueblo. La reacción de los Estados
Unidos fue rápida y agresiva: el 8 de julio de 1959, la
respuesta pública congresional a la Ley de Reforma
Agraria cubana, se tradujo en el otorgamiento al
Presidente de mayores facultades para suspender la ayuda
extranjera a todo país que confiscara propiedades
norteamericanas.
Una tras otra se
fueron sucediendo las sanciones unilaterales de Estados
Unidos contra Cuba con el objetivo de generar un
descalabro en su economía: la eliminación de la cuota
azucarera cubana (julio/1960), la prohibición de la
asistencia a Cuba y el establecimiento del embargo al
comercio (Secc. 620/a de la Ley de Asistencia al
Exterior de 1961) y la negativa de las empresas
norteamericanas, a instancias de su Gobierno, de refinar
el petróleo soviético que Cuba debió comprar tras la
prohibición que se impusiera a las empresas
norteamericanas en relación con la venta de combustible
a Cuba.
El 3 de febrero de
1962, el Presidente Kennedy emitió la Proclama Nº 3447,
decretando un embargo total al comercio con Cuba y
orientó al Secretario del Tesoro llevar adelante las
prohibiciones de exportación a nuestro país. Esta
Proclama marca históricamente la oficialización del
bloqueo a Cuba, que, como se ha visto, había comenzado
mucho antes.
Desde fecha tan
temprana como el 6 de abril de 1960, un informe del
funcionario del Departamento de Estado I. D. Mallory,
desclasificado en 1991, destacaba la finalidad
perseguida con las presiones económicas que se gestaban,
al expresar:
“El único medio
previsible para enajenar el apoyo interno es a través
del desencanto y el desaliento basados en la
insatisfacción y las dificultades económicas (…). Debe
utilizarse prontamente cualquier medio concebible para
debilitar la vida económica de Cuba (…). Una línea de
acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y
suministros a Cuba, para disminuir los salarios, reales
y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el
derrocamiento del gobierno (Department of State: Foreign
Relations of United Status, volume VI, 1991, p. 886).
Esta guerra económica
de los Estados Unidos contra Cuba carece de todo
fundamento legal y, conforme a lo dispuesto en el inciso
c) del artículo II de la Convención de Ginebra para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de
diciembre de 1948, califica como un acto de genocidio,
así como es la verdadera y más flagrante, masiva y
sistemática violación de los derechos humanos de todo el
pueblo de Cuba.
El Gobierno cubano ha
tenido que enfrentar a lo largo de los años nuevas y
constantes medidas dirigidas a reforzar esta política
agresiva contra Cuba, que ha causado y sigue ocasionando
serias y onerosas afectaciones al bienestar material,
físico, psíquico y espiritual del pueblo cubano, a la
vez que ha limitado su desarrollo económico, cultural y
social, y ha obligado a sucesivas generaciones de
cubanos a vivir bajo un clima de permanente hostilidad y
tensión.
Estudios preliminares
demuestran que las afectaciones por esta política
genocida superan ya los 72 mil millones de dólares. Esta
cifra, aún conservadora, no incluye los más de 54 mil
millones de dólares imputables a daños directos
ocasionados a objetivos económicos y sociales del país
por los sabotajes y acciones terroristas estimuladas,
organizadas y financiadas desde los Estados Unidos.
Los Sistemas
Nacionales de Salud y Educación y la alimentación del
pueblo cubano han sido objetivos priorizados de las
agresiones norteamericanas.
El bloqueo ha causado
graves daños al Sistema Nacional de Salud cubano,
entorpeciendo la adquisición de tecnologías, materias
primas, reactivos, medios de diagnóstico, equipos y
piezas de repuesto y medicamentos, incluidos los
necesarios para el tratamiento de enfermedades crónicas
y penosas que ponen en riesgo la vida de seres humanos,
entre ellas el cáncer.
La compra de
citostáticos, medicamentos vitales en la supervivencia
de los enfermos de cáncer, se ha visto seriamente dañada
debido a que las transnacionales estadounidenses han
comprado laboratorios farmacéuticos en otros países que
tenían contratos con Cuba.
Por otra parte, como
consecuencia del bloqueo, y sólo por citar un ejemplo,
Cuba no pudo adquirir el kit necesario para la detección
del coronavirus causante de la Neumonía Atípica (SARS),
producido por la firma VITRO GEN.
Las consecuencias de
estas prohibiciones en muchos casos han resultado
dramáticas, no sólo por el sufrimiento humano de los
pacientes y sus familiares, sino porque el personal
médico se ha visto imposibilitado en ocasiones de salvar
una vida o aliviar una dolencia (Ver Informe de Cuba al
Secretario General de las Naciones Unidas en virtud de
la Resolución 57/11 de la Asamblea General, incluido en
el documento A/58/287 de la Asamblea General de la ONU).
A pesar de estas
afectaciones, la prioridad que brinda el Gobierno cubano
a la salud de su pueblo ha permitido alcanzar y mantener
un elevado nivel de servicios médicos, totalmente
gratuitos y con una cobertura universal.
Otra de las esferas
que tradicionalmente han sido afectadas por las
restricciones impuestas por el bloqueo ha sido el sector
de la alimentación, a pesar de las compras de alimentos
que venciendo enormes obstáculos y restricciones ha
realizado Cuba en los Estados Unidos en los últimos
años.
Lo cierto es que las
ventas de alimentos a Cuba están sometidas a complejos
procedimientos y normas que dificultan enormemente su
realización. Las empresas estadounidenses deben realizar
engorrosos trámites burocráticos para obtener la
licencia que las autorice a vender sus productos a Cuba.
Asimismo, nuestro país debe efectuar las compras en
efectivo; sin posibilidad de créditos financieros, ni
siquiera privados; a través de bancos ubicados en
terceros países; y en otras monedas, con las
consiguientes pérdidas en las operaciones bancarias.
Tampoco pueden los barcos cubanos participar en la
transportación.
A ello se suma el
hecho de que nuestro país no puede efectuar ningún tipo
de venta a empresarios estadounidenses interesados en la
compra de productos cubanos y por lo tanto, se excluye
la posibilidad de crear fuentes de ingresos que
permitirían ampliar las operaciones. Sólo por no poder
exportar productos agrícolas a Estados Unidos en el año
2002 Cuba dejó de ingresar 114 millones de dólares.
La compra de
alimentos ha sido resultado de ingentes esfuerzos de las
empresas de ambos países para lograr la negociación,
contratación y ejecución de las operaciones y no de la
voluntad del gobierno norteamericano. El propio
Presidente de los Estados Unidos se ha encargado de
aclarar que independientemente de dichas ventas, el
bloqueo sigue en pie, sin modificación alguna y que, por
el contrario, se están reforzando las medidas de
coerción económica y las sanciones vigentes.
En el campo de la
educación, la guerra económica contra Cuba también ha
originado cuantiosas pérdidas. Como es conocido, todos
los cubanos tienen, sin distinción o diferencias de
género, color de la piel, credo político o religioso,
acceso equitativo a los medios de la educación de manera
gratuita durante todo el proceso de enseñanza, incluido
los Sistemas de Enseñanza Especial y la Universitaria.
Las afectaciones se reflejan en el aseguramiento
material de las escuelas cubanas, en aspectos tan
sensibles como los libros de texto, lápices y libretas,
uniformes escolares, medios para la educación artística
y el deporte escolar, entre otros. El impacto de estas
medidas ha podido ser superado sólo por la inventiva y
perseverancia de un claustro de profesores altamente
calificado y profundamente comprometido con su labor, y
los extraordinarios esfuerzos realizados por el gobierno
y el pueblo cubanos a lo largo de cuatro décadas.
Sólo en el decenio de
1990, el poder de compra del financiamiento disponible
para la importación de medios y recursos destinados a
las escuelas cubanas disminuyó entre un 25 y un 30%,
como resultado de tener que adquirir dichos medios en
mercados lejanos, y en ocasiones, a precios superiores,
por las restricciones que el bloqueo impone a Cuba (a
pesar de esas carencias, la UNESCO ha reconocido el
empeño del Gobierno cubano en desarrollar programas
educacionales que eleven el nivel cultural de toda la
sociedad cubana y su participación en proyectos
solidarios en beneficio de otros pueblos. Podría citarse
al respecto el apoyo a las campañas de alfabetización en
Haití y Venezuela, a partir de metodologías
desarrolladas por pedagogos cubanos).
La política genocida
de bloqueo ha tratado de impedir a toda costa el acceso
de Cuba a las nuevas tecnologías, a los avances de la
ciencia y la técnica, y a las fuentes de financiamiento
y créditos para el desarrollo a través de organismos e
instituciones financieras internacionales.
Ni una sola actividad
económica y social cubana ha quedado exenta de la acción
destructora y desestabilizadora resultante de esta
política. Sólo en el año 2002, las pérdidas para Cuba
por contrataciones a precios más elevados que los que
hubiera tenido en condiciones normales ascendieron a
403.5 millones de dólares.
El bloqueo de Estados
Unidos contra Cuba agrava sus efectos nefastos sobre el
pueblo cubano por su marcado carácter extraterritorial,
institucionalizado y sistematizado por las leyes
Torricelli y Helms Burton, haciendo extensiva dicha
política a las actividades de subsidiarias de empresas
norteamericanas y a los barcos que operan en terceros
países y a una amplia y variada gama de actividades
internacionales de naturaleza comercial, financiera,
tecnológica y de otra índole, en las cuales Estados
Unidos desempeña un papel significativo en su condición
de primera potencia económica mundial.
El gobierno
republicano del Presidente Bush ha adoptado nuevas
disposiciones para reforzar el bloqueo, en contra de la
voluntad de la comunidad internacional y de su propia
opinión pública, llegando incluso a amenazar con el
recurso al veto presidencial frente a toda medida que
pueda ser adoptada por el Congreso con el fin de aliviar
esta genocida política.
En el transcurso del
2003, el Gobierno de Estados Unidos emitió nuevas
regulaciones y aplicó de manera más severa disposiciones
ya vigentes, con el objetivo de restringir al máximo el
intercambio bilateral en las esferas académica,
científica, cultural y deportiva, con el consiguiente
daño a las relaciones históricas entre los pueblos
cubano y norteamericano.
¿Cómo pudo crearse a
lo largo de estos años un sistema tan meticuloso e
infernal para impedir a todo un pueblo acceder a
productos esenciales procedentes del principal mercado
del mundo, máxime si se toma en cuenta que algunos de
ellos son únicos y no pueden ser suministrados a precio
alguno por otro proveedor?
¿Cómo podrían
justificarse esas prácticas, ya no sólo frente a las
normas universales de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario, sino incluso vistas a la luz
de los principios de la liberalización económica y
comercial que promueven los países industrializados,
incluidos los Estados Unidos, en el marco del proceso de
globalización en curso?
El Gobierno de los
Estados Unidos de América ignora las resoluciones
aprobadas anualmente desde 1992 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas exigiendo el levantamiento del
bloqueo. La correspondiente al año 2003 fue aprobada en
votación récord de 179 votos a favor.
El pueblo cubano no
podrá disfrutar plenamente de todos sus derechos humanos
mientras se mantenga contra él la más aberrante e
inhumana violación a sus derechos: el bloqueo económico,
comercial y financiero que mantiene ilegalmente contra
él por más de 40 años el Gobierno de los Estados Unidos
de América.
un verdadero “agujero
negro moral y jurídico” en el territorio ilegalmente
ocupado por la base naval de estados unidos en
guantanamo.
Los trágicos
acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 sirvieron
de pretexto al desencadenamiento de una verdadera
estrategia neofascista de dominación planetaria, que ya
tenían lista los ideólogos de las fuerzas
ultraderechistas y militaristas que detentan el poder en
los Estados Unidos. La Administración del Presidente
Bush ha desatado una feroz ola represiva, limitando las
libertades civiles y políticas en lo interno y,
principalmente, restringiendo el disfrute del derecho a
la libre determinación, el desarrollo y la paz de
numerosos pueblos de terceros países.
En nombre de una
supuesta lucha contra el terrorismo, el Gobierno de la
superpotencia ha lanzado guerras imperialistas de
conquista para reafirmar su supremacía mundial y para
controlar importantes recursos estratégicos, en las
cuales se han pisoteado las más esenciales normas del
Derecho Internacional Humanitario y se ha erosionado de
modo grave y persistente el respeto y protección de
todos los derechos humanos básicos, incluyendo el
derecho a la vida y a la libertad.
A la violación de los
derechos humanos de miles de extranjeros detenidos
arbitrariamente en el territorio de los Estados Unidos,
se añade el limbo jurídico y existencial en que han sido
mantenidas más de 600 personas, incluidos niños,
recluidas de forma arbitraria en inhumanas condiciones
en la Base Naval enclavada en Guantánamo, territorio que
por más de 100 años mantiene ocupado ilegalmente en la
Isla de Cuba, como perenne agresión contra la dignidad y
la voluntad soberana del pueblo cubano.
Tras su guerra en
Afganistán, el Gobierno de los Estados Unidos adoptó la
decisión de alojar en los terrenos de su base militar
en Guantánamo a prisioneros de la “guerra contra el
terrorismo”.
En aquel momento,
mediante una Nota Oficial de fecha 11 de enero de 2002,
el Gobierno cubano declaró que no crearía obstáculos al
desarrollo de la operación, si bien calificó el hecho
como un traslado de prisioneros de guerra extranjeros
por parte del Gobierno de Estados Unidos a una
instalación militar ubicada en un espacio del territorio
cubano, sobre el cual Cuba ha sido privada del derecho a
ejercer jurisdicción. Se añadió en esa nota, que tal
decisión estadounidense no se ajustaba a las normas que
dieron origen a esa instalación.
Mediante la Nota
Oficial, el Gobierno de la República de Cuba valoró
positivamente las declaraciones públicas de las
autoridades norteamericanas en el sentido de que los
prisioneros en la Base recibirían un tratamiento
adecuado y humano, y manifestó que estaba en disposición
de cooperar con los servicios de asistencia médica que
fuesen requeridos.
Sin embargo, la
realidad en esa Base estadounidense ha sido otra bien
distinta. Allí se ha fraguado y ha persistido una de las
más abominables prácticas en la era moderna de
violaciones masivas y flagrantes a los derechos humanos
de cientos de personas, desprovistos del sentido mismo
de su esencia humana.
En ese territorio,
cuya usurpación se mantiene en contra de la voluntad
expresa del pueblo cubano, cientos de prisioneros
extranjeros se mantienen arbitrariamente detenidos,
sometidos a vejaciones indescriptibles, totalmente
aislados, sin posibilidad de comunicarse con sus
familias o disponer de una defensa adecuada. Las
alegaciones de cargos contra la mayoría de ellos siguen
siendo una incógnita. Algunos de los muy pocos que han
sido puestos en libertad, han narrado los horrores de
ese campo de concentración, donde se practican
repudiables formas de tortura y tratos crueles,
degradantes e inhumanos.
Creaciones
conceptuales como la de “combatientes ilegales”, o la
institución de aberraciones jurídicas como los llamados
“tribunales militares ad hoc”, fabricados por Estados
Unidos para justificar el deshumanizante trato brindado
a los prisioneros de guerra, resultan a todas luces
contrarias al Derecho Internacional y a los Convenios de
Ginebra de 1949.
Los “tribunales” que
se impondrían, estarían facultados para dictar
sentencias de muerte y sus decisiones serían
inapelables, carecerían de la más mínima independencia y
restringirían el derecho de los acusados a elegir
abogado y a una defensa eficaz. Podrían aceptarse
pruebas extraídas bajo posible tortura o coacción.
La comunidad
internacional levanta su voz de condena a lo que ocurre
en la Base Naval que los Estados Unidos mantienen
ilegalmente en el territorio cubano de Guantánamo,
convertida en almacén de presos, sin juicios y sin
causas, sin abogados y sin la más mínima señal del
debido proceso, todo ello bajo el permanente ambiente de
histeria y temor en que la extrema derecha
fundamentalista que detenta el poder hace vivir al
pueblo estadounidense, con sus continuos anuncios
alarmistas y sus medidas arbitrarias.
La lucha contra el
terrorismo no puede llevarse a cabo mediante el terror
que imponen la negación de derechos y el ejercicio de un
llamado derecho unilateral de hacer la guerra.
El Comité
Internacional de la Cruz Roja, importantes juristas,
académicos, organizaciones no gubernamentales; y algunos
mecanismos de las Naciones Unidas en materia de derechos
humanos, así como representantes de muchos gobiernos en
el mundo, han exigido al Gobierno de los Estados Unidos
que aclare inmediatamente la situación legal de los
prisioneros recluidos en su base naval en lo que se
refiere a las normas internacionales en materia de
Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
El Gobierno de la
República de Cuba insta al Gobierno de los Estados
Unidos a poner fin al “agujero negro moral y jurídico”
en que ha convertido al territorio ilegalmente ocupado
en Guantánamo por su Base Naval. El pueblo cubano tiene
graves preocupaciones por la suerte que están corriendo
las personas arbitrariamente detenidas en esa parte de
su territorio.
Esa Base Naval fue
parte del botín directo de guerra que se aseguró Estados
Unidos, tras la intervención militar y ocupación de la
Isla que imposibilitó al pueblo cubano acceder a la
verdadera independencia.
La Base Naval en
Guantánamo es una consecuencia del ilegal Convenio para
las Estaciones Carboneras y Navales, firmado en 1903
entre el Gobierno de Estados Unidos y el gobierno
permitido a Cuba por la potencia neocolonial, en
circunstancias en que nuestro pueblo no podía ejercer su
soberanía. Este tipo de facilidades para bases navales,
había sido exigido por Estados Unidos en el apéndice
constitucional impuesto a Cuba como condición para la
retirada de las tropas estadounidenses: la tristemente
célebre Enmienda Platt.
El Convenio para las
Estaciones Carboneras y Navales, establecía el derecho
"a hacer todo cuanto fuere necesario para poner dichos
lugares (inicialmente los lugares seleccionados para
construir bases navales eran Bahía Honda -que nunca se
llegó a utilizar- y la Bahía de Guantánamo) en
condiciones de usarse exclusivamente como estaciones
carboneras o navales y para ningún otro objeto".
Treinta y un años más
tarde, el 29 de mayo de 1934, en el espíritu de la
política norteamericana del "Buen Vecino", bajo la
presidencia de Franklin Delano Roosevelt, fue firmado
un nuevo Tratado de Relaciones entre la República de
Cuba y Estados Unidos de América, que derogó el de 1903.
No obstante, en ese
nuevo Tratado, Estados Unidos garantizó la permanencia
de la Base Naval de Guantánamo y la plena vigencia de
las normas que regían su “arrendamiento”.
Durante todo el
período neocolonial, la Base Naval norteamericana en
Guantánamo sirvió de sostén a los gobernantes corruptos
y sanguinarios que la política imperialista de los
Estados Unidos hacía mantener en Cuba a contrapelo de
los intereses del pueblo cubano. Incluso, durante el año
1958, no fueron pocas las aeronaves de guerra de la
dictadura batistiana que se reaprovisionaron allí con
bombas y combustible para continuar sus bombardeos
contra la población civil de las provincias orientales
de Cuba.
Al triunfo de la
Revolución Cubana, en 1959, año en que se alcanzó por
primera vez la plena independencia --ya no la formal del
20 de mayo de 1902-- la Base Naval en Guantánamo se
convirtió en foco permanente de amenaza, provocación y
violación de la soberanía de la República, dentro del
contexto de la política que Estados Unidos comenzó a
aplicar contra Cuba, con su secuencia de agresiones,
crímenes y sabotajes.
El Gobierno de Cuba
denunció decenas de veces tales provocaciones, no sólo
ante el Gobierno de los Estados Unidos, sino también
ante las Naciones Unidas, argumentando que el enclave
colonial (Las resoluciones de la Asamblea General de
Naciones: 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960;
Resolución 2189 (XXI) de 13 de diciembre de 1966 y la
Resolución 2625 (XXV) de 19 de diciembre de 1967,
recaban la urgente necesidad, para la paz y la seguridad
internacionales, del fin del colonialismo en todas sus
manifestaciones ) estadounidense en Guantánamo no ha
tenido jamás el uso declarado en el espurio Tratado
plattista de 1903 de defender a Cuba, o el uso declarado
también en el inválido Tratado de 1934, exponente de las
relaciones “de amistad” entre ambos países.
Por el contrario, a
lo largo de más de cuatro décadas, esta Base fue
empleada para múltiples usos, ninguno de los cuales
estaba comprendido en el texto del acuerdo con que se
justificó su presencia en nuestro territorio.
La Base se convirtió
en causa de numerosas fricciones entre Cuba y los
Estados Unidos. La inmensa mayoría de los más de tres
mil ciudadanos cubanos que allí laboraban fueron
expulsados de su puesto de trabajo y sustituidos por
personal de otros países.
Durante el período
revolucionario, fueron frecuentes los disparos desde esa
instalación hacia la parte del territorio libre de Cuba;
soldados cubanos murieron como consecuencia de esos
hechos; y mercenarios al servicio de la potencia
extranjera encontraron en esa instalación apoyo y
refugio. Incluso, se utilizó dicha Base como centro de
un plan de autoagresión concebido por el gobierno de los
Estados Unidos en la década de 1960, conocido por los
servicios especiales norteamericanos como “Plan Patty”,
y que fuera frustrado por los órganos de la seguridad
cubana. Conforme a dicho plan, grupos de agentes
norteamericanos infiltrados en territorio cubano
dispararían contra la Base haciendo creer que ésta
estaba siendo atacada por las Fuerzas Armadas cubanas,
los que les daría el pretexto de desencadenar una
agresión.
En otra ocasión, y
nuevamente por decisión unilateral de los gobernantes de
Estados Unidos, decenas de miles de migrantes, haitianos
y nacionales cubanos que trataban de viajar ilegalmente
a Estados Unidos por sus propios medios, fueron
concentrados en esa base militar.
A lo largo de casi
medio siglo, nunca se produjeron las condiciones
propicias para un análisis sereno, legal y diplomático
con el propósito de alcanzar la única solución lógica y
justa a esta larga, crónica y anómala situación: el
reintegro a nuestro país de ese espacio de su territorio
nacional ocupado contra la voluntad de nuestro pueblo.
Un principio básico
de la política cubana ante este problema potencialmente
peligroso entre Cuba y Estados Unidos, que ha perdurado
decenas de años, ha sido evitar que nuestro reclamo se
convirtiera en tema prioritario y ni siquiera en asunto
de especial importancia entre las numerosas y graves
diferencias que existen entre ambos países, reconociendo
que en los últimos años, se ha podido respirar una
atmósfera de mayor distensión y respeto mutuo.
Cuba se ha esforzado
en aplicar allí una política especialmente cuidadosa y
ecuánime.
La posición del
Gobierno cubano en cuanto a la situación legal de la
Base Naval norteamericana en Guantánamo es que, por
constituirse en la figura jurídica del arrendamiento, no
se otorgó un derecho perpetuo sino temporal sobre esa
parte de nuestro territorio, por lo que a su debido
tiempo, como un justo derecho de nuestro pueblo, el
territorio ilegalmente ocupado de Guantánamo debe ser
devuelto por medios pacíficos a Cuba.
Más allá del tema de
la ilegal permanencia de la Base Naval en su territorio,
cuestión que será resuelta cuando las condiciones lo
permitan, hoy el pueblo cubano se une al justo clamor de
la comunidad internacional para que se ponga fin a lo
que está ocurriendo allí. La erradicación de esa
flagrante violación de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario no puede esperar. Debe
evitarse que ese grave precedente se extienda.
La detención sin
cargos ni juicio por tiempo indefinido, la reclusión en
pequeñas celdas hasta 24 horas al día, la obligación de
permanecer esposado durante el poquísimo tiempo de
ejercicio permitido, la crueldad con los familiares por
la incertidumbre derivada de la difícil situación de sus
seres queridos, los reiterados interrogatorios sin
acceso a un abogado y la posibilidad de que se lleven a
cabo ejecuciones tras juicios injustos y sin derecho de
apelación, constituyen una aberración y una afrenta a la
justicia y la dignidad humana.
Las personas
consideradas “combatientes ilegales”, están sometidas a
reglamentos castrenses arbitrarios, que contemplan la
posibilidad de torturar al detenido y los privan de
recursos jurídicos como el habeas corpus. Pueden estar
detenidos sin cargos concretos por tiempo indefinido y
sus abogados sufren diversas restricciones. Tampoco
tienen opción de pedir la comparecencia de determinados
testigos. Todo detenido que desee un defensor distinto
al militar que le asignan, debe primero declararse
culpable, con lo cual se niega burdamente el principio
de presunción de inocencia.
Pero no todos los
presos sufren por igual. Se ha venido aplicando un claro
patrón de arbitraria selectividad y dobles raseros. A
quienes tienen ciudadanía de un país aliado en la
“coalición de los dispuestos”, Bush les “concede” unas
cuantas garantías. A estos “afortunados” se les permite
hablar en privado con sus abogados, algo que se niega al
resto.
¿Cómo la
superpotencia puede sostener la tesis de un supuesto
“compromiso” con los derechos humanos del pueblo cubano,
si al propio tiempo utiliza la parte de su territorio
que mantiene ocupada para construir un verdadero
“agujero negro” de los derechos humanos?
Cuba reafirma su
condena a las masivas, flagrantes y sistemáticas
violaciones de los derechos humanos que sufren cientos
de personas detenidas arbitrariamente por el Gobierno de
los Estados Unidos, dentro y fuera de su territorio, y
en particular, en la Base Naval que mantiene ilegalmente
bajo su jurisdicción en Guantánamo. El pueblo
cubanoapoya y hace suyo el llamado de la comunidad
internacional para que se establezca un pronunciamiento
claro y consecuente acerca de esta grave situación.
CINCO jovenes
defensores de los derechos humanos del pueblo cubano
prisioneros injustamente en los estados Unidos.
René González
Sehwerert, Ramón Labañino Salazar, Gerardo Hernández
Nordelo, Fernando González Llort y Antonio Guerrero
Rodríguez, son cinco jóvenes cubanos luchadores contra
el terrorismo y defensores de los derechos humanos del
pueblo cubano.
El Gobierno de los
Estados Unidos aplica contra esos cinco jóvenes,
detenidos de manera arbitraria hace cinco años en ese
país, prácticas sostenidas, sistemáticas y graves de
tortura y malos tratos, las cuales forman parte de una
bochornosa confabulación encaminada a doblegar la
integridad física y moral de estos cinco defensores de
los derechos humanos del pueblo cubano. Estos valientes
jóvenes, al riesgo de sus propias vidas, se mantuvieron
alertando y previniendo la consumación de numerosas
acciones terroristas contra Cuba, planeadas y
organizadas por varios grupos que operan con impunidad
en el territorio de los Estados Unidos.
Ellos son todos
intelectuales. Ninguno cometió acción violenta alguna.
Los hechos por los que se les acusa están relacionados
con el ejercicio pacífico del derecho de legítima
defensa del pueblo cubano frente al terrorismo. Ellos
trabajaban en defensa del derecho a la vida, al
bienestar y al desarrollo de su pueblo. Actuaron sólo
respetando su conciencia y principios e inspirados en un
profundo amor a su pueblo. El único instrumento de lucha
de cada uno de ellos fue su propia inteligencia y su
sacrificio, convencidos de que de la información que
obtuvieran para neutralizar las acciones terroristas de
los grupos anticubanos asentados en Estados Unidos
dependía la vida de hombres, mujeres y niños en Cuba.
Miles de cubanos han sido asesinados o mutilados
permanentemente en más de 40 años a consecuencia de la
actividad de estos grupos, cuyos campos de entrenamiento
y campañas de reclutamiento y recaudación de fondos
tienen amplia cobertura publicitaria en ciudades como
Miami.
Las actividades
criminales de esos grupos terroristas contra Cuba
constan en documentos oficiales desclasificados del
propio gobierno norteamericano y han sido reflejadas.
A continuación se
presentan algunos elementos que manifiestan el carácter
amañado y políticamente manipulado del proceso seguido
contra los Cinco jóvenes luchadores antiterroristas y
defensores de los derechos humanos de su pueblo.
Miami: un lugar
completamente hostil e imposible para la justicia.
La garantía de un
jurado imparcial (El Doctor Gary Morgan, experto en
psicología y profesor de la Universidad Internacional de
la Florida, propuesto por la Defensa y designado por el
Tribunal, testificó que una encuesta realizada en el
condado de Dade reveló que el 69% de los encuestados del
condado y el 74% de todos los hispanos encuestados,
están predispuestos en contra de personas acusadas por
las actividades expuestas en la acusación. El 49% de
todos los encuestados dijo que no podían ser justos o
imparciales) fue totalmente ignorada al insistirse en
realizar una farsa de juicio contra los Cinco jóvenes en
Miami, lugar completamente hostil y parcializado contra
los acusados. Se violaron groseramente la V y VI
enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.
Miami es la ciudad de
los Estados Unidos donde grupos terroristas han hecho
estallar bombas y han agredido violentamente a quienes
han querido ir a escuchar una orquesta cubana y donde se
mantuvo secuestrado, a despecho de las decisiones de
tribunales competentes, durante cuatro meses, al niño
Elián González.
Violación del
Principio del Debido Proceso Legal
Se impusieron
sanciones por graves delitos sin haberse presentado una
sola evidencia concreta y exacta, violándose el
principio de que la Fiscalía debe probar los delitos
imputados más allá de toda duda razonable.
La defensa se vio
constantemente constreñida en su derecho a disponer
libremente de la documentación considerada evidencias,
para su estudio y examen, dado que fue clasificada bajo
la CIPA (Ley de Procedimiento de Información
Clasificada). Su desclasificación se produjo de manera
arbitraria, dificultando muchas veces el acceso a los
abogados de la defensa con la suficiente antelación para
una adecuada valoración, al tiempo que no se accedía a
varias solicitudes de la defensa para que algunos
documentos que resultaban relevantes en el
esclarecimiento de los hechos, fuesen considerados como
documentos oficiales e incorporados como pruebas.
Se permitió a la
Fiscalía la manipulación constante de los testigos y se
potenció una campaña de prensa dirigida a atemorizarlos,
dificultando unas veces, e impidiendo otras, que se
pusieran de manifiesto ante el jurado y la Corte, hechos
e informaciones que constituyen evidencias favorables a
la defensa de los acusados.
Condiciones de
reclusiones crueles y dirigidas a obstaculizar
gravemente la defensa, y que ha ocasionado a los Cinco y
a sus familiares torturas y sufrimientos que califican
como flagrantes violaciones a sus derechos humanos.
En violación de las
Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de
reclusos, el artículo séptimo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos e incluso la VIII Enmienda
de la Constitución de los Estados Unidos, se les mantuvo
tras su detención en confinamiento solitario en celdas
de castigo, sin haber cometido indisciplina alguna, en
dos períodos —el primero de 17 meses y el segundo de 48
días.
El pasado mes de
abril de 2003, los Cinco fueron sometidos nuevamente a
los horrores de “El Hueco”. En esta ocasión, el objetivo
perseguido por las autoridades gubernamentales
estadounidenses fue el de obstaculizar la preparación de
los documentos apelatorios que fueron presentados en el
XI Circuito de la Corte de Atlanta y la demanda de un
juicio justo e imparcial fuera de Miami.
Malos tratos y
tortura emotiva y sicológica contra los familiares de
los Cinco jóvenes.
Por la persistente
negativa de visas de las autoridades estadounidenses
Adriana Pérez y Olga Salanueva no han podido ver a sus
respectivos esposos, Gerardo Hernández y René González,
desde que fueron detenidos hace cinco años. La decisión
afecta también a la pequeña Ivette, hija de René, que no
conoce a su padre, pues tenía cuatro meses al momento de
su detención. (En el colmo de los despropósitos y la
desfachatez, la Administración estadounidense ha
utilizado como pretexto para la negativa de visa la
supuesta condición de Adriana y Olga de terroristas, y
más recientemente, alegaciones como supuestas agentes de
inteligencia, saboteadoras o que pueden provocar el
derrocamiento del Gobierno de los EE.UU. por la fuerza,
la violencia u otros medios ilegales)
Con el objetivo de
denunciar las flagrantes violaciones de derechos humanos
de que son víctimas los Cinco y sus familiares, Olga y
Adriana se entrevistaron con el Alto Comisionado Adjunto
para los Derechos Humanos, Sr. Bertrand Ramcharan, con
el Presidente del Grupo sobre la Detención Arbitraria,
Sr. Louis Joinet, y con el Relator contra la Tortura,
Sr. Theo C. van Boven, en el marco del 59º período de
sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra.
En violación a las
obligaciones y deberes establecidos en la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares, el Departamento de
Estado ha continuado creando obstáculos para que los
funcionarios consulares cubanos cumplan con su deber y
su derecho de brindar asistencia consular a los Cinco.
Todo apunta a que en el año 2004 aumentará la presión y
se incrementarán dichos obstáculos. (Ver Declaración del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Cuba de 14 de Enero de 2004)
Defensores de los
derechos humanos de su pueblo, sí; espías, no.
En una acción sin
precedentes, los Cinco fueron condenados por supuesto
espionaje contra Estados Unidos, sin que se presentaran
pruebas o testimonios que sustentaran daños, perjuicios
o violaciones a la seguridad de los Estados Unidos o a
los intereses de su pueblo. Hubo testigos que
específicamente negaron que ellos hubiesen realizado
espionaje, entre ellos el general Clapper, ex-jefe de la
DIA, quien concurrió al juicio como experto de la
Fiscalía y ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos, tales como los Generales Wilhelm y
Atkeson, el Almirante Carroll y el Coronel Buckner.
(General James R. Clapper, ex-jefe de la DIA (Agencia de
Inteligencia del Departamento de Defensa); General
Charles Wilhelm, ex-comandante en jefe del Comando Sur;
General Edward Atkeson, ex-vicejefe del Estado Mayor del
Ejército para Inteligencia; Almirante Eugene Carroll,
ex-vicejefe de Operaciones Navales y el Coronel George
Buckner que ocupó una posición destacada en el Comando
del Sistema de Defensa Aérea de Norteamérica )
- No se cometieron
actos de violencia o perjuicio alguno contra las
personas o sus bienes.
Resulta
alarmantemente escandalosa la injusticia de condenar a
Gerardo Hernández por asesinato premeditado, sin haberse
presentado en su contra pruebas o testigos, ni siquiera
evidencias circunstanciales, que lo vincularan
personalmente con incidente alguno de tal naturaleza. Se
le atribuyó, sin evidencias o testigos, responsabilidad
en los sucesos del 24 de febrero de 1996, día en que las
autoridades cubanas derribaron 2 avionetas que
realizaron invasiones reiteradas a su territorio
nacional.
Al juzgar la decisión
ejecutada ese día en legítima defensa por la República
de Cuba, el Tribunal, violó la Doctrina del Acto de
Estado que ha sido clara y reiteradamente reconocida por
la Corte Suprema de Estados Unidos. Al juzgar la
conducta del Estado cubano, el Tribunal de Miami violó
el Derecho Internacional y el norteamericano y al
personalizar esa conducta en Gerardo Hernández, quien no
representaba a ese Estado, no desempeñaba ninguna
función en la fuerza aérea cubana, ni tuvo participación
alguna en el incidente ocurrido ese día, el Tribunal
violó groseramente las nociones básicas del derecho
penal.
Ocultamiento por el
Gobierno estadounidense de las evidencias y pruebas de
las acciones terroristas contra el pueblo cubano en el
proceso contra los Cinco.
El Gobierno
estadounidense presentó varias mociones para excluir de
las deliberaciones del juicio la consideración de las
actividades de grupos terroristas contrarrevolucionarios
asentados en Miami, que lógicamente eran la motivación
del accionar de los Cinco.
Con este objetivo, la
Fiscalía preparó y presentó una moción para que
connotados terroristas se acogiesen a la Quinta Enmienda
de la Constitución norteamericana; impidiendo los
testimonios de esos individuos y la declaración acerca
de sus acciones terroristas contra el pueblo cubano,
elementos claves en la argumentación de las motivaciones
de los Cinco.
Irregularidades en la
selección del jurado.
En ninguna otra
jurisdicción los acusados se verían obligados a utilizar
9 de sus 15 vetos perentorios, sólo para eliminar como
miembros del jurado a personas vinculadas con los
grupos anticubanos que operan en el sur de la Florida.
La Fiscalía recusó 6
candidatos a integrar el jurado, sin causa distinta a
la de ser afro-norteamericanos.
Comportamiento
sospechosamente inusual del jurado
A pesar de escuchar
las declaraciones de 74 testigos (43 de la fiscalía y 31
de la defensa), en un período de casi siete meses, el
jurado de Miami sólo deliberó por breves períodos de
tiempo y anunció con gran antelación el día y la hora
exactos en que pronunciaría su veredicto. No solicitó
ninguna aclaración, no expresó duda alguna, a pesar de
la complejidad que suponía su tarea —decidir sobre una
documentación de decenas de miles de páginas y decenas
de cargos contra cinco acusados. Se emitió de forma
expedita un veredicto de culpabilidad para los Cinco en
todos los cargos imputados.
Carácter politizado e
irracionalmente desmesurado de las sentencias.
La jueza no aceptó
ninguna de las circunstancias atenuantes probadas en el
proceso y acogió las agravaciones solicitadas por la
Fiscalía. Gerardo, fue condenado a dos cadenas
perpetuas, más 15 años; Ramón, a una cadena perpetua,
más 18 años; Antonio, a una cadena perpetua, más 10
años; Fernando, a 19 años; y René, a 15 años.
Los Cinco son
prisioneros políticos a los cuales se les niega su
condición y se les mantiene sujetos al mismo régimen y
en promiscuidad con delincuentes comunes, violándose el
artículo 8 de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para
el tratamiento de los reclusos.
Los Cinco fueron
dispersados en cinco cárceles, en 5 distintos Estados,
en los puntos más distantes de la geografía
estadounidense.
Los Cinco se
encuentran a una gran distancia de las oficinas de sus
respectivos abogados en el territorio de Estados Unidos,
lo cual hace sumamente difíciles sus contactos con
ellos, así como con familiares y amigos, Se intenta
dificultar el trabajo de preparación de la apelación por
parte de ellos y de sus representantes legales.
El verdadero
problema: Terroristas con impunidad
Los Cinco demostraron
en el juicio que sus únicas acciones de búsqueda de
información en los Estados Unidos estaban relacionadas
con la vigilancia al terrorista de origen cubano José
Basulto y a la organización que creó bajo el apelativo
de "Hermanos al Rescate", así como a las actividades de
otros connotados terroristas de origen cubano que actúan
con impunidad contra Cuba desde los Estados Unidos, como
Orlando Bosch, responsable de la voladura en pleno vuelo
de un avión civil cubano donde murieron 73 personas,
incluido todo el equipo juvenil cubano de esgrima. Otro
terrorista cuyas actividades contra el pueblo cubano
fueron objeto de seguimiento por los Cinco, fue Luis
Posada Carriles, quien actualmente está siendo procesado
judicialmente en Panamá, junto a otros 3 terroristas
también de origen cubano, por un plan de asesinato
contra el Jefe de Estado cubano, Fidel Castro, que sería
llevado a cabo colocando decenas de kilogramos de
explosivos C-4 en el paraninfo de la Universidad de
Panamá, y que serían detonadas en el momento en que el
líder cubano se estuviera reuniendo allí con un millar
de estudiantes y profesores panameños. Posada Carriles,
con el dinero de la Fundación Nacional Cubano Americana
con sede en Miami, orquestó los atentados terroristas
realizados en hoteles cubanos en 1997, que tuvieron como
resultado la muerte de un turista italiano, mientras
varias personas resultaron heridas (En sendos artículos
de fecha 12 y 13 de julio de 1998 del diario “The New
York Times”, Luis Posada Carriles admitió haber
organizado la campaña de atentados con el uso de
explosivos contra centros turísticos en Cuba y reconoció
que los líderes de la Fundación Nacional Cubano
Americana habían financiado sus operaciones. Admitió
haber pagado y enviado a Cuba a quienes colocaron las
bombas en los hoteles habaneros. Refiriéndose al turista
italiano asesinado por una de ellas, dijo al Times “…
estaba sentado en el sitio equivocado, en el momento
equivocado”).
La jueza Joan Lenard
cometió varias violaciones que contribuyeron a privar a
los acusados de sus más elementales derechos y
obstaculizó el trabajo de la defensa
En la Corte Federal
de Miami, la Jueza Lenard, primero rechazó la solicitud
de los abogados de la Defensa para tener acceso a la
documentación que fue clasificada - en la cual estaría
la inmensa mayoría de las supuestas evidencias
utilizadas para acusar y sancionar a los Cinco -, y
luego otra moción presentada por el Sr. Weinglass,
defensor de Antonio Guerrero (y a la que se sumaron el
resto de los abogados de la Defensa), solicitando un
nuevo juicio y su celebración en una sede distinta a
Miami.
Para esta moción, la
Defensa presentó una nueva evidencia, basada en el caso
Ramírez vs. Ashcroft, del año 2002, en el que concurrió
una actitud dolosa y mal intencionada de un gobierno. En
el litigio Ramírez vs. Ashcroft, la Fiscalía terminó
siendo la acusada, y cuando tuvo que concurrir al
juicio, el Gobierno alegó que en Miami no podía juzgarse
con ecuanimidad e imparcialidad, puesto que el hecho
tenía que ver con Cuba. ¿Cómo interpretar ese doble
rasero? Estamos frente a un delito de prevaricación, por
el uso premeditadamente doloso del poder que ejerce una
autoridad.
Por otra parte, la
jueza no vaciló en sentenciar a Gerardo respecto al
cargo más grave -conspiración para cometer asesinato en
primer grado- que hasta la propia Fiscalía había
reconocido no haber podido probar. (La Fiscalía buscó
que la Corte de Apelaciones modificase las instrucciones
del jurado, reduciendo la gravedad de esa acusación. En
su petición urgente a la Corte de Apelaciones del 25 de
mayo de 2001, la Fiscalía reconoció que “a la luz de las
pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un
obstáculo insuperable para los Estados Unidos en este
caso y probablemente resultará en el fracaso de la
acusación en este cargo” (Pág. 21 de la transcripción
literal de las actas del juicio desde el 27 de noviembre
de 2000 hasta el 5 de junio de 2001)
Lamentable y extraño
rechazo de la Corte de Atlanta al Informe sobre los
Cinco Cubanos Prisioneros en EE.UU. (junio del 2003).
El rechazo –por parte
de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de
Atlanta–del informe presentado ante ella por el jurista
Erick Luna, reconocido profesor de la Universidad del
Estado de Utah, a nombre de la Sociedad Cubana de
Ciencias Penales (recurso que se conoce comúnmente como
“Informe de amigos de la Corte”), es un hecho que no
ocurre casi nunca en el sistema jurídico estadounidense,
pues sólo tiene como objetivo ampliar la visión de la
Corte sobre los casos que juzga.
En el informe se
abundaba en la información de las actividades de
terrorismo contra el pueblo cubano y otros datos de
particular interés que permitirían probar la Defensa por
necesidad, principio bajo el cual actuaron los Cinco y
que está reconocido por el sistema legal de EE.UU.
Un nuevo juicio:
imprescindible para reparar la injusticia.
Para el 10 de marzo
de 2004 está prevista la vista oral del proceso de
apelación, respecto a la sentencia dictada contra los
Cinco. La vista oral de la apelación es un acto típico
del proceso civil y penal en Estados Unidos, donde la
Defensa expondrá los puntos por lo que solicitan la
revisión del caso, a la vez que la Fiscalía ofrecerá los
argumentos para sostener el fallo.
El jurado es de tres
jueces, los que serán seleccionados de los 11 existentes
en la Corte Suprema de Atlanta o de otros juzgados del
distrito, pero cuyos nombres serán dados a conocer
solamente el 24 de febrero de 2004.
Silencio cómplice de
los medios de comunicación norteamericanos con relación
al injusto proceso.
El caso de los Cinco
ha tenido todas las características de una noticia de
interés nacional. Hubo exgenerales y exalmirantes
testificando, 72 testigos, notas diplomáticas,
Memorandums de la Casa Blanca, incluso, testificó un
asesor del ex Presidente Clinton. Por otra parte, en el
año en que tuvo lugar el juicio, fue el caso más largo
en EE.UU. y, al mismo tiempo, fue el único juicio que
involucró cuestiones de relaciones exteriores de Estados
Unidos. Sin embargo, y siguiendo claras instrucciones de
su Gobierno, el injusto e ilegal proceso contra los
Cinco no ha recibido la más mínima atención de los
numerosos medios de comunicación estadounidenses, con la
excepción de los medios controlados por la mafia
terrorista cubanoamericana, los que por supuesto,
promovieron una vengativa cacería de brujas contra los
Cinco luchadores antiterroristas.
Apoyo de la comunidad
jurídica estadounidense y solidaridad internacional
Algunas de las
asociaciones de abogados y juristas más prestigiosos de
los Estados Unidos y del mundo se han sumado a la
batalla por la liberación de los Cinco. El Proyecto
Nacional de Jurados, que está integrado por expertos
destacados en el sistema de jurados de los Estados
Unidos, ha presentado un alegato al Tribunal de Juicios
instando a una nueva vista. Además, el National Lawyers
Guild (Asociación Nacional de Abogados), que representa
a cerca de 5000 letrados en los Estados Unidos, también
ha presentado una solicitud formal al Tribunal
pronunciándose por un nuevo juicio en una sede
imparcial. Esa solicitud recibió el apoyo de la
Asociación Internacional de Juristas Demócratas, que
cuenta con miembros en 90 países y tiene entidad
consultiva en el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas.
Existen ya 224
Comités de Solidaridad con los Cinco jóvenes luchadores
antiterroristas injustamente en prisión en los Estados
Unidos, creados en 79 países del mundo. Cada día crecen
las voces solidarias en el mundo y dentro de EE.UU. en
un esfuerzo por reparar la injusticia y lograr el
regreso de los Cinco a su país y al seno de sus
familias.
El pueblo cubano
reitera su demanda de justicia y solidaridad con estos
Cinco defensores de sus derechos a la vida, a la libre
determinación, al más alto grado de bienestar y al
desarrollo, los cuales han sido violados y siguen siendo
amenazados por las acciones de los grupos terroristas de
origen cubano que actúan bajo el estímulo o la impunidad
que les confiere el Gobierno de los Estados Unidos.
INFORMACION ACERCA DE
LOS CINCO JOVENES LUCHADORES ANTITERRORISTAS Y
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ENCARCELADOS INJUSTAMENTE
EN LOS ESTADOS UNIDOS.
Gerardo Hernández
Nordelo
Tenía 33 años cuando
fue detenido en 1998. Es graduado del Instituto de
Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”.
SENTENCIA: 2 cadenas
perpetúas más 15 años de privación de libertad
PRISIÓN: LOMPOC,
CALIFORNIA
Postal address USP
LOMPOC
P.O. 3901
Klein Boulevard
Lompoc, CA.
93436
Telef: 805-735-2771
Fax: 805-735-0295
Ramón Labañino
Salazar
Tenía 35 años cuando
fue detenido en 1998. Es graduado de Economía de la
Universidad de la Habana.
SENTENCIA: Una cadena
perpetua
PRISIÓN: BEAUMONT,
TEXAS
No. 58734-004
Postal address USP
BEAUMONT
PO BOX 26035 Beaumont,
TX. 77720
Telef: 409-727-8188
Fax: 409-626-3700
Antonio Guerrero
Rodríguez
Tenía 40 años cuando
fue detenido en 1998. Es ingeniero graduado en el
Instituto de Kiev, en Ucrania. Es también poeta.
SENTENCIA: Una cadena
perpetua
PRISIÓN: FLORENCE,
COLORADO
No. 58741-004
Postal
Address USP FLORENCE
5880
State HWY 67
South Florence, CO.
81226
Telef: 719-784-9454
Fax: 719-784-5157
Fernando González
Llort
Tenía 35 años cuando
lo arrestaron. Es graduado del Instituto de Relaciones
Internacionales “Raúl Roa García”.
SENTENCIA: 19 años de
privación de libertad
PRISIÓN: OXFORD,
WISCONSIN
No. 58733-004
Postal
Address FCI Oxford
PO BOX
500 Oxford, WI 53952-0500
Telef: 608-585-5411
Fax: 608-585-6371
René González
Sehwerert
Tenía 42 años cuando
fue arrestado.
SENTENCIA: 15 años de
privación de libertad.
PRISIÓN: Edgefield,
en Carolina del Sur.
No. 58738-004
Postal
Address FCI Edgefield
PO BOX
725
Edgefield, South
Carolina 29824
ALGUNOS FAMILIARES DE
LOS CINCO LUCHADORES ANTITERRORISTAS
Ivette González
Salanueva (Niña) y Olga Salanueva
Ivette González, niña
de 5 años. No ha podido conocer a su padre, René
González Sehwerert. Lo impide el Gobierno de los Estados
Unidos.
Junto a ella, Olga
Salanueva, esposa de René y madre de Ivette. No ha
podido visitar a su esposo. Lo impide el Gobierno de los
Estados Unidos.
Adriana Pérez O´conor
Esposa de Gerardo
Hernández Nordelo. No ha podido visitar a su esposo. Lo
impide el Gobierno de los Estados Unidos.
Sitios Web
relacionados:
http://www.freethefive.org/
http://www.radiohc.cu/heroes/heroesing.htm
http://www.jrebelde.cubaweb.cu/inocentes/index.html
http://www.antiterroristas.cu/
http://www.escambray.islagrande.cu/Patriotas1/html
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