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Hoy, 14 de marzo, la Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (CDH) dará inicio en
el Palacio de las Naciones en Ginebra a su 61 periodo de
sesiones. Una vez más, la representación de Estados
Unidos intentará que sea aprobada una resolución contra
Cuba. El caso, que no tiene nada que ver con los
derechos humanos, forma parte de un ritual ideológico
propagandístico que han seguido sucesivas
administraciones de la Casa Blanca desde finales de los
años 80, con el objetivo de intensificar la política de
bloqueo económico y las agresiones contra la isla, en
flagrante violación del derecho internacional.
Desde hace años,
Estados Unidos y sus aliados de la “Vieja Europa”
han desvirtuado el papel de la CDH, practicando una
política selectiva, de doble rasero, no exenta de
presiones y chantajes sobre las delegaciones de los
países del sur, México incluido, en nombre de un
falso humanismo, desmentido a diario por la
aplicación de la tortura que realizan soldados del
Pentágono y expertos de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) contra "combatientes enemigos"
que, mantenidos en un limbo jurídico, siguen
recluidos en el Gulag estadounidense ubicado
en la base militar de Guantánamo y en la red de
"prisiones tácticas" que el imperio tiene
distribuidas en Iraq, Afganistán, Pakistán, Yemen,
Sudán, Arabia Saudita y en la isla Diego García.
La
CDH debe representar a todos los pueblos de las Naciones
Unidas y velar por el respeto de los derechos de todos
los hombres y todas las mujeres del mundo. Por eso,
resulta ominoso y significativo, que en el seno de la
comisión, durante el período de sesiones del año pasado,
no haya sido posible evaluar, ni siquiera debatir, las
atroces violaciones de derechos humanos cometidas por la
administración Bush, documentadas de manera profusa por
la prensa estadounidense a raíz de la larga serie de
fotografías que exhibían a prisioneros de guerra
iraquíes encapuchados y desnudos en la prisión de Abu
Graihb, que fueron sometidos, según un informe interno
del Pentágono elaborado por el general Anthony Taguba, a
"numerosos actos criminales de abusos sádicos, lascivos
y abiertos (...) de extrema crueldad", incluidos hechos
como sodomizar a detenidos con una linterna o un palo de
escoba; violaciones tumultuarias de prisioneras, y otras
que fueron forzadas a practicar sexo oral con los
soldados.
Como dice Noam Chomsky, a Estados Unidos corresponde la
denominación literal de "Estado canalla" (rogue state),
que se aplica a los estados que no se consideran
obligados a actuar de acuerdo con las normas
internacionales. En 1999, el ex secretario de Defensa,
William Cohen, sustentó la doctrina del Estado canalla
en el "uso unilateral del poder militar" para defender
intereses vitales, que incluyen "asegurar el acceso sin
obstáculos a mercados clave, aprovisionamiento de
energía y recursos estratégicos" y, desde luego, todo lo
que Washington pueda decidir que está dentro de su
"jurisdicción interna".
A
lo largo de la historia, distintas administraciones
republicanas y demócratas han proclamado a Estados
Unidos como un Estado violento y fuera de la ley. Tras
la ilegal ocupación de Iraq, Washington ha convertido a
ese país en un nuevo enclave neocolonial y, según
advierten las agencias de socorro, lo ha sumido en un
"desastre humanitario". Además, se ha colocado al margen
de la Convención de Ginebra, cuyas provisiones fueron
consideradas "obsoletas" y "pintorescas" por el ex
asesor legal de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, actual
procurador general, quien justificó con artilugios
grotescos la tortura y la "puesta fuera de circulación"
(asesinato) de presuntos terroristas, desde 2001 a la
fecha. El 10 de marzo pasado, la secretaria de Estado,
Condoleezza Rice, anunció a la ONU que su país se retira
del protocolo de la Convención de Viena, que lo
obligaba, como al resto de los estados miembros, a
someterse a los fallos de la Corte Internacional de
Justicia.
La
superpotencia canalla, cuyo secretario de Defensa,
Donald Rumsfeld, ha sido acusado en Washington de ser el
responsable directo de la tortura a detenidos en Iraq y
Afganistán, no tiene autoridad moral para erigirse en
juez de los derechos humanos en Cuba, donde no ha
existido un solo caso de desaparición forzosa de
prisioneros ni ejecuciones extrajudiciales como las que
practica Washington.
Cuba presentó el año pasado ante la CDH un proyecto de
resolución sobre el caso de las violaciones de derechos
humanos a más de 600 prisioneros en la base naval de
Guantánamo, pero luego lo retiró para evitar una
triquiñuela procesal de Estados Unidos ─la
presentación de una moción de no acción, que aplazaría
el debate, evitando que el asunto pudiera ser
considerado─,
que contó con la inmoral complicidad de los países
europeos, otros aliados y algunos latinoamericanos.
Entonces, la actitud de México y Chile fue vergonzante.
Delegados de la Unión Europea consideraron impecable el
proyecto cubano; admitieron que su texto, ajustado desde
el punto de vista legal y jurídico formal, era
incuestionable. Pero de modo contradictorio, después, el
portavoz europeo informó que la Unión Europea apoyaría
en bloque la moción de no acción que presentaría Estados
Unidos, con el fin de evitar el debate.
Por primera vez en esa instancia era puesto en el
banquillo de los acusados un país desarrollado en lugar
de una nación pobre. Pero el doble estándar aplicado
fue, una vez más, prueba de la hipocresía chapucera de
los países "civilizados". ¿Por qué los que intentan
condenar a Cuba no han dicho una sola palabra sobre el
campo de concentración instalado en la Base Naval de
Guantánamo, territorio cubano que usurpa Estados Unidos?
¿Por qué no se declaran escandalizados ante la
brutalidad y violencia de que hacen gala las fuerzas de
ocupación en Iraq? ¿Ante la nueva farsa, qué posición
adoptará el "humanista" presidente Vicente Fox?
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