Los propietarios de una buena parte de la producción del campo argentino protagonizaron durante varios días una protesta que la prensa siguió a modo de serial. Llama a algunos la atención que, contrario a cómo ha ocurrido a lo largo de la historia, estas marchas solían estar a cargo de trabajadores a los que urgía mejorar sus salarios así como sus lamentables condiciones de vida. Las protestas de estos productores reclaman, en sí, que la trilogía sagrada de la liberalización (inversión, flujo financiero y constante movimiento de bienes y servicios) continúe su curso; que los productos que bajo su inversión se cosechan no pierdan el ventajoso lugar alcanzado en el tenaz proceso neoliberal de la muy sometida economía argentina. Empresarios de altos beneficios financian la protesta en pos de conseguir que las retenciones establecidas por la nueva ley del gobierno, que recientemente cumplía cien días de mandato, vuelvan a dejarlos intactos. La presidenta, Cristina Fernández cargó por su parte la acusación de resistencia más en antiguos vínculos dictatoriales de los manifestantes que en la muestra del fantasma del desabastecimiento que se hizo a los sectores urbanos y que se proyecta como mecanismo de fuerza. Se trata, como lo calificara Guillermo Almeyra, de “un conflicto intercapitalista”[1], de una asonada por el ejercicio del poder económico. Estos sobrios propietarios se cuidarían, no obstante, de hacerse acompañar por provocadores verbales que consiguieran al menos la agresión de un ciudadano, para contribuir al resorte violento que este tipo de noticia reclama.

Antes, hemos visto marchas de derecha en Caracas, y otros estados venezolanos, con la correspondiente avalancha mediática y los inevitables errores colaterales de precisión informativa. La decisión, legítima y legal del gobierno venezolano, de no conceder la licencia para continuar utilizando de manera privada el espacio radioeléctrico a la televisora RCTV, la cual continuó sus transmisiones por cable, hizo que algunos oligarcas promovieran manifestaciones y mantuvieran por un tiempo las calles en tensión. Y alrededor de diciembre 2 de 2007, fecha del referéndum convocado por el presidente que terminaría con el cerrado triunfo del NO, se sucedieron las manifestaciones, las llamadas guarimbas, incluso algunas que se disponían a enfrentarse al triunfo del SÍ luego de haber ganado el NO, acaso porque en el entretenido tránsito de la barra al urinario se habían perdido la exactitud de la noticia.

Y así también en Bolivia, no solo en Santa Cruz, sino en Sucre, con el objetivo de maniatar la Constituyente y evitar, a fin de cuentas, que las medidas populares de búsqueda de una mejor distribución de los recursos, empleos y alimentos, se hagan efectivas y causen una inoportuna buena impresión entre las masas. Voz popular eran las tarifas que los manifestantes recibían de acuerdo con su participación y permanencia, las cuales superaban la media salarial que en otras circunstancias laborales (como, por ejemplo, al ser empleados por los propios consorcios que lideraban las protestas) hubiesen obtenido. Se combinaba así a la perfección la apariencia de lucha obrera con el empleo a destajo, sin regulaciones sindicales ni peligro de protesta por despido. El propietario compra, como fuerza de trabajo, el empuje movilizativo y la capacidad de arrojo de un proletariado que, a fuerza de fracasos, no ve en la ideología más que un instrumento desechable, de muy efímero consumo. Vencido el trance, se abre el camino para que cuatro Departamentos bolivianos de alto índice de recursos, comprometidos con la empresa privada al punto que solo 34 familias acaparan dos millones 800 000 hectáreas de tierra, planteen un separatismo que mal se disfraza de reclamo autonómico. Y ello también a partir de movilizaciones, empleando, sin más, la fuerza de trabajo de profesionales junto a otros sectores de clases más bajas e incluso sometiendo al espejismo de sus predicciones de bonanza los imperativos que los desclasados debían demandar.

Y además en Colombia, en pos de contrarrestar exigencias que surgían como disyuntiva ante la férrea postura guerrerista del gobierno para negociar con las FARC, las damas bien y los señores de rango acudieron a manifestarse junto a personas de muy diferente extracción social. El 4 de febrero de 2008, bajo el expreso deseo de marchar solo contra este grupo guerrillero y los secuestros, y no contra todas las prácticas violentas que se sistematizan por más de medio siglo en la nación, numerosas personas respondieron al llamado que a través de Facebook se proyectó. La violencia sufrida por el país durante largo tiempo y en diversos órdenes de fondo, simplificaba su simbolización en los secuestros de las FARC. Con facilidad y eficiencia, la oligarquía utilizaba los métodos de lucha de la expresión popular y se las arreglaba para minimizar a quienes pretendían siquiera llamar la atención acerca de la necesidad de buscar soluciones raigales contra la violencia y el paramilitarismo colombianos.

En EE.UU. se han publicitado otros conflictos intercapitalistas, como la ya olvidada huelga de las Grandes Ligas de Béisbol o la más reciente de guionistas de cine.

Son noticias trabajadas a corte de serial, martilladas por elementos que se focalizan sobre suposiciones que, en el propio acto de presentación, se convierten en hechos que justifican el activo de resortes sociales. Y es obvio que los viejos métodos de la clase obrera pueden conseguir sus puntos efectivos, sobre todo si se les acompaña con los mecanismos globales de la información que hoy día dominan el contexto. La lucha por la geografía mediática ha sido ganada a fuerza de especulación financiera, a golpe de negociación empresarial y de entrega al interés privado. Ese cuarto poder aún es tal, y responde, bien que sí y antes que a cualquier otro interés, al estado de las finanzas de sus accionistas. Estos seriales de foco noticioso van desapareciendo, como fiambre mosqueado, una vez que la agenda de fondo se concluye. A la demanda popular no solo se responde amañando la convergencia de opiniones, sino además, y con éxito, usurpando sus métodos históricos.

Esto, que parece un ejercicio resultante de los actos globales de tensión, responde a una lógica ideologizada en profundidad: en tanto lo eficiente es encargar a empresas especializadas cualquier gestión que necesitaríamos, la gestión de las demandas del proletariado debe, también, tramitarse en este tipo de encargo.

Por una parte, en cuanto se ha visto que algunos gobiernos continúan dispuestos a enfrentarse al proceso desmedido de privatizaciones, a la distribución neoliberal y al secuestro de las facultades del estado por parte de la lógica mercantil devastadora, las personas que juegan en escalas menores de la misma liga se han dispuesto a salir a la calle y han tomado, mutatis mutandis, métodos históricos del proletariado. Por otro lado, cuando los propietarios en crecimiento, es decir, los capitalistas forzados a incrementar sus fortunas apartando a codazos las ajenas, advierten siquiera visos de regulación, también sacan del baúl de la historia los hábitos de lucha que, en el blanqueo posmoderno de la posmodernidad, se vieran descartados por su olor a rancio.

El derrumbe del socialismo global dejó, de plano, sin argumento  justificatorio a esos recursos históricos del proletariado y, además, aceleró el proceso de proletarización de los profesionales que, por defecto, han evadido admitir a esas prácticas como posibles en su propio contexto. Marx, Engels, Lenin, Luxemburgo, Gramsci, Mariátegui…, en fin, apenas focos valiosos para armar y desarmar modelos académicos de epistemologías. Pero las luchas de rapiña de la globalización neoliberal irrumpen a tal grado, y revelan con tanta rapidez sus consecuencias negativas, que emergen no solo sistemas en busca de equidad y justicia, elegidos con votación de verdadera mayoría, sino además medidas de regulación dentro del propio culto al capital.

Los sensores oligárquicos se activan de repente, y se disparan sus índices de alarma.

Usurpan, paradoja adentro, la fórmula de acción que hasta el momento había sido un peligro para ellos. Escamotean, para sus propios intereses, los métodos que las clases bajas han dejado de lado. Tal vez, hay que pensar, no eran tan ineficientes como se proclamaban. La oligarquía, así como camufla ciertas maneras de obtener las ganancias, cierta información que en impuestos se traduce, ha estado encubriendo su conciencia de clase. Ante el peligro de ser llamados a capítulo, se apresuran, sin más, a demostrarlo. Si van a disfrazarse, carnavalizando viejas tradiciones, nada más adecuado que echar mano al vetusto ropero de la historia, si a fin de cuentas, en la angustia de serlo, el proletariado ha soportado el palo colgando en el perchero su conciencia de clase.