|
|
|
 |
|
|
|
Editorial de La Jornada |
|
Bolivia: la conjura oligárquica |
|
|
|
|
Bajo el signo de la ilegalidad de
origen, y mediante recursos fraudulentos
y antidemocráticos, las autoridades
oligárquicas de la provincia de Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, realizaron
ayer un referendo para hacer aprobar un
“estatuto autonómico” aberrante, que
trasladaría facultades irrenunciables
del gobierno central a la administración
local: entre las 44 competencias que
pretenden arrogarse los gobernantes
cruceños destacan la administración de
los recursos naturales, el manejo
fiscal, el reparto agrario, el control
del transporte carretero,
ferrocarrilero, aéreo y fluvial, el
mando de las telecomunicaciones y hasta
la vigilancia aérea mediante radares,
así como la salvaguardia del orden
público, que en el orden constitucional
boliviano corresponde al gobierno
central.
Para decirlo en forma breve, el proyecto
de los oligarcas de Santa Cruz no es
autonómico sino secesionista, e implica
un proceso de desintegración nacional,
como no lo plantea ningún otro estatuto
autonómico en el mundo, salvo tal vez
los obtenidos por las regiones iraquíes
kurda y chiíta bajo la ocupación militar
estadunidense.
El aparente disparate de la propuesta
votada ayer –y, como era previsible,
aprobada por una amplia mayoría
compuesta por ciudadanos reales y por
votos fantasmas– obedece a dos
propósitos meridianamente claros: por
una parte, la urgencia de las derechas
racistas bolivianas, criollas en su
mayoría, por deshacerse de un presidente
indígena, progresista y comprometido con
las transformaciones sociales que el
país sudamericano necesita con urgencia;
por el otro, el interés de los grandes
conglomerados transnacionales por
recuperar el control sobre los recursos
naturales bolivianos, control que les ha
sido arrebatado en forma paulatina por
el gobierno que encabeza el presidente
Evo Morales con el propósito de
restituirlo a la soberanía de la nación.
El mandatario fue claro en señalar que
es el gobierno estadunidense el que
“encabeza la conspiración”, habida
cuenta que desde Washington se ha venido
alentando el pretendido estatuto
autonómico cruceño, a fin de negociar
con la oligarquía local el acceso a los
yacimientos de petróleo y gas y a los
recursos hídricos de la región.
Semejante conjura oligárquica y
extranjera, realizada a contrapelo de
las leyes y de la Constitución de
Bolivia, no habría podido emprenderse,
ciertamente, en forma pacífica y
democrática. La jornada transcurrió,
como cabía prever, entre confrontaciones
violentas y denuncias sobre urnas que
llegaron a las casillas de votación
previamente llenadas con votos en favor
de la ilegal reforma autonómica.
Significativamente, el diferendo reveló
una alineación de clases: mientras los
grupos pudientes y medios se volcaban
por el sí, los sectores pobres y
mayoritarios optaron por la abstención,
por el voto en blanco o, en algunos
sectores, por el rechazo activo a la
realización del referendo.
Signo de los tiempos, y no
exclusivamente de los de Bolivia, la
defensa de la soberanía y de la
integridad nacional corre a cargo de las
clases populares, mientras los
acaudalados hacen causa común con las
trasnacionales para propiciar el
debilitamiento del Estado y crear
condiciones favorables al saqueo de los
recursos naturales de nuestros países.
Aunque carece de validez legal, la
votación de ayer deja dividida a la
provincia en la que tuvo lugar y abre la
perspectiva de una inestabilidad de
largo aliento en la nación andina. Se
sabía: el acoso al gobierno progresista
e independiente de Evo Morales está en
curso, y el referendo ilegal y
antidemocrático realizado por los
oligarcas cruceños es apenas uno de los
primeros actos de la ofensiva.
Cabe hacer votos porque el pueblo
boliviano y sus dirigentes logren
sortear con éxito las maniobras que se
avecinan y logren, a pesar de ellas,
sacar a Bolivia del estado de
dependencia, atraso, desigualdad y
miseria en el que la ha sumido la
alianza tradicional entre los ricos
locales y los ricos de fuera. |
|
 |
 |
 |
|
|
