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Bolivia: ¿El eslabón más débil? |
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Luismi Huarte
• Gara |
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El autor analiza el
polémico referéndum en Santa Cruz pero
lo hace desde una perspectiva que va más
allá de Bolivia. El país andino sería
así el escenario de la batalla entre la
nueva Latinoamérica y los viejos
intereses oligárquicos, apoyados por el
imperio estadounidense. La convocatoria
unilateral de un referéndum
«autonómico», realizada por las
autoridades representantes de la minoría
oligárquica de Bolivia, trasciende su
carácter local, y expresa con suma
claridad la existencia de dos guerras
que se desarrollan en paralelo y en
interacción permanente.
A escala menor, la consulta es un
reflejo del conflicto descarnado entre
un Gobierno popular y representante,
pese a sus contradicciones, de las
grandes mayorías indígenas explotadas, y
una élite privilegiada, minoritaria,
excluyente y extremadamente racista. A
escala mayor, es el campo de batalla que
enfrenta a los intereses imperiales con
la dinámica de integración
latinoamericana profunda que pregona el
ALBA. Por ello, todos los movimientos de
estos días no se pueden interpretar en
absoluto al azar, sino marcados por la
lógica de la lucha por la hegemonía.
Desde hace meses, diversos analistas han
planteado la hipótesis de que ahora
Bolivia «es el eslabón más débil de la
cadena», es decir, el país menos
consolidado del «bloque rojo», y por
ello el más susceptible de sufrir un
desplome. El argumento no es
descabellado, ya que desde hace más de
uno año, el Ejecutivo de Evo Morales ha
ido perdiendo la iniciativa de los
primeros momentos, debido a la
contraofensiva oligárquica que le ha
puesto, en cierta medida, contra las
cuerdas. La aprobación tardía y a puerta
cerrada de la nueva Constitución, unida
a los avisos intermitentes de «ruido de
sables», hacen congruente esta
percepción.
La activación del «colchón bolivariano»
en más de un momento crítico, ha sido
vital para la supervivencia del proyecto
de cambio popular en Bolivia. El
surgimiento de la campaña «Evo: Premio
Nobel de la Paz», como iniciativa para
legitimar y blindar la figura del
presidente boliviano a nivel
internacional, unida a las advertencias
de Chávez de desatar la «guerra de los
cien años si alguien osa agredir a la
hermana Bolivia», junto al apoyo
sistemático y estratégico de los socios
de la Alternativa Bolivariana para las
Américas (ALBA), hay que entenderlos en
este contexto.
En este marco de guerra supranacional,
los pasos dados por la Casa Blanca
resultan sumamente reveladores, como
hace pocos días lo denunciaba la abogada
e investigadora
venezolana-estadounidense Eva Golinger.
En su estudio exhaustivo sobre la
injerencia de EEUU en el país andino,
quedaba claro que todos los hechos
sucedidos en los últimos dos años no se
pueden entender aisladamente, sino más
bien como parte orgánica de un plan
preconcebido para disolver la democracia
boliviana. La designación como embajador
de Philip Goldberg, quien había jugado
un papel estelar en Kosovo durante la
pasada década, había que entenderla bajo
estos parámetros. Resulta muy
significativo que a finales de 2007,
este personaje fuese fotografiado junto
a un notable representante de la
oligarquía cruceña y más grave aún, al
lado de un conocido paramilitar
colombiano. A su vez, la captura en
marzo de 2006 de dos ciudadanos
estadounidenses tras las explosiones en
dos hoteles en La Paz, y la más reciente
incautación de un gran volumen de
munición destinada a un «funcionario
diplomático de la embajada», tampoco
pueden interpretarse como hechos
casuales.
Por otro lado, la presencia de agencias
estadounidenses con supuestos fines
altruistas pero con ocultos objetivos
desestabilizadores, es otro de los
ingredientes que habitualmente no
faltan. En este caso, la tristemente
célebre «Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional»
(USAID) está jugando un rol fundamental.
En primer lugar, logró penetrar el Poder
Judicial boliviano, a través de la
táctica de las donaciones económicas.
Poco después, el Ministro de Presidencia
denunció que el 70% del financiamiento
de esta agencia se realizaba sin control
ni conocimien- to por parte de las
autoridades bolivianas. Los grandes
beneficiarios de jugosas sumas han sido
empresarios y medios de comunicación de
oposición. Por si fuera poco, en febrero
de este año, se detectaron pagos de
viajes por parte de USAID a los
prefectos de los departamentos de la
«Media Luna», y a jóvenes líderes
derechistas.
Este ataque coordinado entre la
oligarquía y Washington, unido a la
debilidad gubernamental, podrían
hacernos pensar que estamos ante el
inicio del fin del gobierno de Morales.
Sin embargo, los posicionamientos que en
los últimos días han tomado actores
regionales e internacionales de gran
peso han favorecido coyunturalmente al
Ejecutivo boliviano.
En primera instancia, el relator de la
ONU, Rodolfo Stavenhagen, no sólo
consideró el referéndum «ilegal», sino
también con un «tinte racista». Por otro
lado, la OEA, manifestó su respaldo a la
institucionalidad y a las autoridades
bolivianas, instando al diálogo, y
dejando claro que no iba a enviar ningún
observador a la consulta
inconstitucional. Paralelamente,
autoridades electorales de 14 países de
la región apoyaron las resoluciones de
la Corte Nacional Electoral contra el
referéndum. A su vez, hace muy poco,
Brasil propuso la conformación de un
grupo de países amigos para mediar en el
conflicto interno.
De cualquier manera, el papel clave lo
ha jugado el ALBA, con su apoyo
irrestricto a la Revolución Boliviana,
en su reunión de urgencia del 23 de
abril, cuando Chávez, Ortega, y Lage
arroparon a Morales. El presidente
venezolano volvió a hablar con rotunda
claridad: «El imperio quiere frenar la
integración de Sudamérica y ha escogido
ahora como blanco a Bolivia». El gas
boliviano es fundamental para el
crecimiento brasileño y chileno, por lo
que «si el imperio golpea a Bolivia,
estaría desestabilizando el Cono Sur
completo».
La negociación quizás sea una baza
coyuntural, pero, a medio plazo, la
«conciliación» será imposible, como
agudamente apunta Guillermo Almeyra. |
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