Evidencias irrefutables que confirman los vínculos inequívocos de grupúsculos, supuestamente de derechos humanos, con el terrorista Santiago Álvarez Fernández Magriñá, fueron presentados hoy en el Centro de Prensa Internacional.

"Esta es parte de una investigación en curso", precisó el doctor Manuel Hevia Frasquieri, director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, quien explicó una por una las evidencias mostradas a la prensa nacional y extranjera, como parte de "un anticipo" del cúmulo de información que se ha obtenido y que será publicada oportunamente.

Las pruebas dan fe del aliento, respaldo y monitoreo a las actividades de los grupúsculos contrarrevolucionarios dentro del país por parte de la Sección de Intereses de Washington en La Habana y su jefe Michael Parmly, quien ha actuado como un vulgar correo en el traslado de fondos entre los terroristas de Miami y los mercenarios dentro del país.

El terrorista Santiago Álvarez, a través de la Fundación Rescate Jurídico envía dinero a los mercenarios a sueldo en la Isla, y consta a través de videos, correos electrónicos y acuses de recibo enseñados este lunes.

Josefina Vidal Ferreira, directora de la Dirección de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, puntualizó que le corresponde al gobierno de Estados Unidos responder y actuar ante el comportamiento de sus diplomáticos en La Habana.

Cuba "siempre ha condenado por ilegal la utilización de fondos federales para promover la subversión interna" y "la implicación directa" de la SINA, indicó.

"Resulta doblemente indignante y escandaloso" que diplomáticos estadounidenses "sirvan de emisarios y enlace entre un terrorista y mercenarios" en la isla, advirtió la funcionaria cubana.
"Cabe preguntarse si el gobierno de Estados Unidos, que ha declarado la lucha contra el terrorismo como piedra angular de su política exterior, tiene conocimiento de que su principal diplomático en La Habana colabora con un notorio terrorista", expresó.

Vidal se preguntó "si esta colaboración de funcionarios del gobierno de Estados Unidos con terroristas constituye una nueva política o forma parte del famoso anexo secreto del Plan Bush contra Cuba". Todo esto ha sido necesario "denunciarlo de manera inmediata", concluyó Vidal.