Cuba denunció  la escandalosa vinculación de diplomáticos norteamericanos radicados en esta capital con elementos terroristas residentes en EE.UU., en el abastecimiento financiero y material a la contrarrevolución interna.

En el Centro de Prensa Internacional, Manuel Hevia, director del Centro de Investigaciones Históricas del Departamento de la Seguridad del Estado, presentó más de una decena de correos electrónicos y un video.

Ambas evidencias muestran la descarada vinculación del terrorista de origen cubano Santiago Álvarez Fernández Magriñat, y Michael E. Parmly, jefe de la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana (SINA), en el suministro de sumas de dinero a una contrarrevolucionaria aquí.

Para esta ilegal operación se utilizó como pantalla a una supuesta fundación denominada Rescate Jurídico, aparentemente una organización no lucrativa, dedicada a proveer ayuda, que incluye alimento, ropa y dinero.

Josefina Vidal, directora del área de América del Norte de la Cancillería, significó que Cuba ha denunciado reiteradamente, desde hace varios años, las acciones subversivas que se organizan, promueven y financian por parte del Gobierno de Estados Unidos y de organizaciones enemigas radicadas en esa nación.

Indicó que, a partir de una reciente investigación realizada por las autoridades locales, se obtuvieron pruebas irrefutables sobre un hecho cualitativamente nuevo.

Se trata, agregó, de algo insólito y escandaloso: de la participación de funcionarios diplomáticos de la SINA como emisarios en el trasiego de dinero entre terroristas afincados en territorio norteamericano y contrarrevolucionarios internos.

Puntualizó que, por primera vez, se tienen pruebas de la actuación de estos representantes de EE.UU. como vulgares correos al servicio de un connotado terrorista, quien en estos momentos guarda prisión en una cárcel estadounidense por posesión ilegal de armas, que pretendía usar en acciones violentas contra Cuba.

Estamos hablando nada menos que del notorio terrorista Santiago Álvarez Fernández Magriñat, quien desde su cómoda prisión se las arregla para enviar dinero y ayuda material a mercenarios en Cuba con el apoyo de Michael E. Parmly, Jefe de la SINA , dijo.

La funcionaria cubana significó que su Gobierno siempre ha condenado por ilegales la utilización de fondos federales para promover la subversión interna y la implicación directa de la representación diplomática yanqui en su distribución a los mercenarios internos.

Explicó que esta investigación también ha demostrado cómo cabecillas contrarrevolucionarios en Cuba se prestaron para influir en el reciente proceso judicial de Santiago Álvarez y rebajar su sanción, al presentarlo no como un terrorista y un financiador del terrorismo, sino como un benefactor de los grupos mercenarios en Cuba, a tono con la política de Washington. 

Dijo que cabe preguntarse si la Administración Bush, que ha declarado la lucha contra el terrorismo como piedra angular de su política exterior, tiene conocimiento de que su principal diplomático en La Habana colabora con un notorio terrorista.

Manifestó que habría de preguntarse además si esta colaboración de funcionarios del gobierno de Estados Unidos con terroristas constituye una nueva política y forma parte del famoso anexo secreto del Plan Bush contra Cuba.

Señaló que Washington, con ese proceder, viola no solo las leyes y la soberanía nacional cubana, sino también las convenciones internacionales en materia diplomática y de combate al terrorismo.

Por su parte, el doctor Manuel Hevia explicó aspectos relacionados con la pesquisa realizada y presentó algunas de las evidencias, que demuestran esta nueva injerencia norteamericana en los asuntos internos de la Isla.

Puntualizó que estas indagaciones se desarrollan en correspondencia con lo establecido en la legislación nacional e internacional en materia de combate al terrorismo.

Las autoridades, señaló Hevia, han sido exigentes en la adecuada legalización de los medios de prueba, que forman parte de este proceso investigativo.

Afirmó que Santiago Álvarez es un terrorista bien conocido por su participación en ataques piratas contra Cuba en los años 60 y 70, estrechamente vinculado a los planes de asesinatos organizados por Luis Posada Carriles contra el Comandante en Jefe Fidel Castro en Panamá en el año 2000.

Igualmente lo responsabilizó de organizar infiltraciones armadas en el territorio  cubano en el año 2001 y, al respecto, se refirió a las conversaciones telefónicas de  Álvarez con el también terrorista Yosvani Suris, donde el primero le orientaba entrar en el Cabaret Tropicana para lanzar dos laticas de explosivo C-4.

Lo sindicó como el principal coordinador de la operación de entrada ilegal en territorio norteamericano de Posada Carriles, y precisó que Santiago Álvarez cumple una exigua condena de prisión en los Estados Unidos por posesión de armas automáticas y pertrechos militares, que el encartado reconoció iba a utilizar en acciones violentas contra Cuba.

El proceso investigativo en curso ha recopilado numerosas pruebas testificales, periciales y documentales y demostrado las vías y modus operandi utilizados por  Álvarez para enviar dinero mediante su entrega a emisarios encargados de introducirlo en nuestro país, así como su recepción por mercenarios internos, continuó.

Finalmente, la Directora del Área de América del Norte de la Cancillería cubana reiteró la gravedad de los hechos denunciados hoy, pues revelan que la SINA alienta, promueve y monitorea en detalle la realización de actividades provocadoras y de desorden público en Cuba.

Dijo que el Gobierno cubano continuará la investigación de estos sucesos, por su carácter ilegal y por la amenaza que representan para la tranquilidad y la estabilidad ciudadanas y no cejará en denunciarlos oportunamente.