En América Latina han sido muchos los presidentes que llegaron al cargo con promesas de políticas sociales que dejarían abandonadas para entregarse al servicio de los sectores más oligarcas, desde empresariales a militares. Por ello, el caso de que el presidente Manuel Zelaya en Honduras, llegado al poder como candidato del Partido Liberal, hubiese realizado el camino contrario adoptando iniciativas sociales y progresistas imprevistas en un candidato neoliberal, era todo un sacrilegio.

No olvidemos que se trata del país utilizado por los sectores más reaccionarios y derechistas de la región para su política de agresividad contra cualquier conato de progresismo en Centroamérica. En Honduras se entrenaba en la década de los ochenta la Contra nicaragüense financiada mediante el entramado denominado red Irán-Contra que combatiría contra el sandinismo y se coordinaban los escuadrones de la muerte que asesinaban a líderes progresistas e intentaban dinamitar el proceso de paz en El Salvador.

En la madrugada del domingo, un comando militar secuestraba al presidente y lo sacaba del país para llevarlo a Costa Rica. El Ejército hondureño revivía así los tiempos más oscuros de la guerra fría, cuando cumplía fielmente con el papel de sesgar cualquier iniciativa o movimiento social que pudiera pretender un mínimo avance de los sectores más empobrecidos del país.

Zelaya había decretado un importante incremento al salario mínimo y estrechado relaciones con los sectores populares. En política internacional se sumó a la oleada de gobiernos progresistas que renegaban de las políticas neoliberales que dominaron los años noventa, se integró en la Alternativa Bolivariana de las Américas, un proyecto de cooperación e integración latinoamericana sugerido por Hugo Chávez, y restauró las relaciones diplomáticas con Cuba.

Para este domingo cometió el delito imperdonable de "preguntar al pueblo". Convocadas elecciones legislativas y municipales ideó la propuesta de instalar una urna más donde los ciudadanos se pudieran pronunciar sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente para el próximo año. Una iniciativa apoyada por la firma de 400.000 ciudadanos hondureños, las tres centrales obreras, el Bloque Popular de Honduras y toda una serie de organizaciones sociales, pero no por los sectores empresariales que temen cambios en sus privilegios fiscales y en la política de expolio de los recursos naturales del país.

La gran mayoría de países de la región, así como la Organización de Estados Americanos (OEA), condenaron inmediatamente el golpe de Estado. Todo ello contrasta con el silencio inicial de los gobiernos europeos, instituciones de la Unión y políticos y analistas de opinión.

Los paralelismos con la complicidad con el golpe de Estado en Venezuela, en abril de 2002, son evidentes. También ahora nos llegaba la tendenciosa y falsa interpretación de un presidente populista que deseaba cambiar la Constitución para ator-nillarse al cargo sólo porque intentó consultar a los ciudadanos.

Curiosa Unión Europea, que adopta resoluciones de condena cuando no se renueva un canal de televisión en Venezuela y que seguía sin pronunciarse horas después de que los militares secuestraran a un presidente latinoamericano.

Es en estos momentos cuando Estados Unidos y la Unión Europea deben demostrar que defienden la democracia y las instituciones. Su mera pasividad mostraría una connivencia con el golpismo que terminaría con el poco prestigio que les pueda quedar entre los latinoamericanos.