Desde el siglo XIX cuando en Europa Occidental tuvo lugar una sucesión de eventos políticos conocidos como las revoluciones de 1948 que consolidaron el poder político de la burguesía, hasta el presente latinoamericano no se percibían con tanta claridad los contornos de una época en la cual las tendencias al cambio trascienden las fronteras nacionales y abarcan todo un período histórico.

En esas circunstancias se presenta lo que suele llamarse “una situación revolucionaria”, una coyuntura en la cual, “las clases dominantes no pueden ejercer el poder con los métodos tradicionales y los sectores populares no soportan más la explotación y la opresión a que son sometidos”, creándose condiciones propicias para la ruptura del orden establecido.

Para Carlos Marx que hacía depender ese desenlace de circunstancias esencialmente económicas, de ese modo, se abría “Una época de Revolución Social”. Percibido desde ese punto de vista, el cambio asume formas predominantemente pacíficas y la escala es internacional.

En ese caso, el término “pacífico”, no alude a situaciones plácidas ni sugiere que las clases dominantes renuncian a sus privilegios sin combatir, sino a que los cambios se realizan sin acudir a las armas y sin provocar derramamientos de sangre. No obstante, en esas etapas, la lucha de clases se expresa mediante intensas confrontaciones y, del mismo modo como la revolución avanza, se despliega también la contrarrevolución.

Privada de base popular y sin argumentos como para intentar revertir el proceso mediante el debate político, la reacción, reiteradamente derrotada en las urnas, acude a la movilización de los elementos más conservadores, violentos y primitivos de la oligarquía, principalmente al generalato, el clero y los restos de la clase política perdedora, incluyendo a elementos desclasados, lumpen e incluso a mercenarios.

Cuando el proceso de cambios iniciado por la Revolución Cubana que estimuló la maduración de las condiciones objetivas y subjetivas en la región y encontró replicas positivas en el triunfo de Salvador Allende, en Chile, el sandinismo en Nicaragua y más recientemente en los procesos políticos que, por vías democráticas y pacíficas se despliegan en una docena de países, las fuerzas contrarrevolucionarias maniobran para detener y si fuera posible revertir el proceso revolucionario continental.

Así, de forma abierta o sutil, con métodos parlamentarios, tratando de articular fuerzas opositoras y de manipular la opinión pública para ganar consultas electorales o acudiendo a golpes militares, mediáticos, petroleros y a todo tipo de maniobras, la reacción pretende levantar cabeza.

En las últimas horas, en Honduras, la América Latina asiste a la reposición del peor de los capítulos de la historia política hemisférica, desarrollado sobre la base de un guión conocido y según el cual el generalato se insubordina y junto a ellos se alinean el Poder Judicial, el Congreso, el alto clero, los medios de comunicación y el empresariado que, mediante la fuerza bruta, tratan de deponer un gobierno legítimo para paralizar los cambios sociales.

Lo realmente nuevo no es el intento de cuartelazo que ha estado latente en varios países, sino la repulsa y el aislamiento con que se han encontrado los golpistas que esta vez no pueden contar con la OEA y ni siquiera con el respaldo norteamericano.

Se trata de un signo de los tiempos y de una evidencia del carácter irreversible de un proceso revolucionario continental auténtico, que cumple tareas históricas inaplazables, entre ellas el rescate de los recursos, la soberanía y la independencia nacionales y la implantación de la justicia social.

Ante Barack Obama, un presidente al que reiteradamente se le pide que pruebe lo que dice, incluso lo que piensa, se presenta una oportunidad única sólo que se necesita  de una audacia que tal vez no tenga para invitar al presidente Manuel Zelaya a subir al AIR FORCE ONE y desembarcarlo en Tegucigalpa. La ocasión la pintan calva.