El autor, periodista chileno, apunta la posibilidad de que estemos ante un golpe de estado disuasorio que buscaría desgastar al reformismo personificado en Zelaya y forzar un escenario de negociación que sirva a la oligarquía para retomar su perdida iniciativa política.

Las fuerzas golpistas, al igual que aquellas que se les oponen, han de tener sus contradicciones internas. Es probable que haya elementos que en estos momentos estén fantaseando con un retorno al gorilismo puro y duro que asoló a América Latina en durante las cuatro décadas pasadas. Pero otros elementos deben ser bien concientes de que es altamente improbable que esta aventura golpista pueda prolongarse por mucho tiempo. Ellos saben que, después del remezón golpista al escenario político hondureño, es necesario tener un plan B cuando haya que re-establecer el orden constitucional. Para ellos el golpe sería solamente un elemento disuasivo dentro de una estrategia más amplia para retomar el control absoluto y la iniciativa política mediante el desgaste político del adversario.

El golpismo como un elemento disuasivo fue aplicado de manera magistral en Haití durante el primero gobierno del sacerdote reformista Jean Bertrand Aristide. Luego de haber sido derrocado en setiembre de 1991 mediante un golpe financiado y apoyado por la CIA, Aristide se refugia en EEUU, donde comienza un largo período de negociaciones con las autoridades norteamericanas (las mismas que estaban detrás del golpe) y, tras una serie de concesiones, es reinstalado en el poder tres años más tarde, de la mano de 20.000 US Marines que ocupan Haití y dan por terminada la dictadura de Cedras.

Durante este período, los EEUU logran «moderar» lo suficiente a Aristide como para que, al menos momentáneamente, no representara una «amenaza»: se abandonó a una posición básicamente defensiva, tratando en todo momento de aparecer a los ojos del gobierno de EEUU como una persona tan razonable e inofensiva como fuera posible. Así, se sumergió cada vez más en un pantano de concesiones y de claudicaciones, dejando a su pueblo a la espera de que la solución viniera de sus reuniones y no de una ofensiva en las calles y los montes. Cuando Aristide es devuelto al poder, llega con él un paquete de ajuste estructural a la economía haitiana que profundizó el modelo neoliberal y con él la creciente pauperización de la sociedad.

Es probable que el golpismo hondureño busque mediante su estrategia algo semejante al ejemplo haitiano (aunque en un lapso temporal bastante menor): ganar tiempo, «moderar» a Zelaya mediante el desgaste (en ningún caso es un radical) y buscar la mediación internacional para lograr un «acuerdo» entre las partes que termine de exorcizar definitivamente el espectro de reformas sociales de alguna significación. Haya o no estado la CIA detrás del golpe (y aunque no haya estado directamente -cosa que es probable-, lo estaría indirectamente pues todos los generales golpistas son herederos de la Escuela de las Américas, EEUU no tienen hoy, por sí solos, capacidad de jugar el rol de «ablandar» a Zelaya. Además, el contexto actual latinoamericano no lo permitiría. Tal rol quedaría en manos, principalmente, de la OEA, pero también de la comunidad internacional ampliada: UE y EEUU.

Rápidamente la «comunidad internacional» (incluida la ONU) se ha pronunciado en contra del golpe y ha rechazado la salida de Zelaya, reiterándole su apoyo. Este rechazo ha sido particularmente categórico entre los países latinoamericanos y los del ALBA.

Obama sostuvo una posición ambigua, que se puede entender como una manera de tantear el terreno, en que pedía «a todos los actores políticos y sociales en Honduras que respeten las normas democráticas, el estado de derecho y los principios de la Carta Democrática Interamericana», sin rechazar el golpe ni apoyar a Zelaya. Solamente tras señalamientos por parte de Chávez y del presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D'Escoto, respecto a la probable intervención norteamericana en el golpe, EEUU terminan por reconocer mediante un anónimo funcionario del Departamento de Estado (más para salvar la cara que otra cosa), que Zelaya es el único presidente legítimo de Honduras.

Todo indica que la oligarquía y el ejército no podrán mantener el golpe y que solamente les queda ver cómo logran una «solución política» que pueda, de momento, asumir la forma de un «compromiso» de ambas partes, pero que la deje en pie de poder volver a retomar su dominio absoluto a mediano plazo. Ese rol político es el que puede jugar la OEA, la cuál, al igual que casi todos los gobiernos, han expresado su rechazo al golpe no en términos del contenido de clase concreto que encarna, sino desde la abstracción de la defensa del «estado de derecho». Queda así marcada la cancha para ambos bandos: no se acepta el desborde a la Constitución ni por la derecha ni por la izquierda, o para ser más precisos, se rechaza el desborde por la derecha, precisamente, para evitar el desborde por la izquierda. Lo que se defiende es el «estado de derecho» que, en última instancia, es en lo concreto el orden social capitalista. Esta cruzada democrático-burguesa puede ser liderada de manera magistral por la OEA, la cuál, en palabras del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, «tiene un papel clave que jugar [para] encontrar rápidamente una solución multilateral a esta ruptura de la democracia en Honduras».

Con esta táctica, que busca una solución «multilateral» (con el golpismo), la oligarquía hondureña tratará de abrirse un espacio político en los canales institucionales, donde lleva la ventaja al reformismo, a la vez que sacar de la agenda política cualquier reforma sustantiva o cualquier perspectiva de radicalización del proceso político.

De cómo se solucione este conflicto, dependerá el futuro del cambio social en Honduras: si la crisis se soluciona por arriba, primordialmente por los canales institucionales el resultado será, sin lugar a dudas, el compromiso y la colaboración de las partes, con el consecuente retorno al status quo; si la crisis, en cambio, se soluciona por abajo, y el golpe es frenado primordialmente por el pueblo movilizado en las calles está la posibilidad de que el pueblo avance hacia un proyecto más radical y que logre aplastar la resistencia de la oligarquía al cambio. Aun cuando el resultado estará lejos de ser la revolución social, dejará sentadas las bases para que el pueblo emprenda ese camino de largo aliento, para el que habrá ganado en experiencia y en confianza en sus propias capacidades. Y esa posibilidad si que hace temblar a la oligarquía.