La Corte Suprema de Justicia de Honduras está inhabilitada para procesar a los genocidas del 5 de julio, pues los supremos magistrados fueron los principales cómplices del aparato militar activado para derrocar al presidente Zelaya. El golpe troglodita estalló para impedir que Manuel Zelaya ejecute su plan de eliminar una base militar norteamericana que opera anacrónicamente en territorio hondureño. El terrorismo de la CIA no puede seguir impune tras tantas décadas de desestabilización del futuro latinoamericano. Honduras nos dice que es hora de la justicia continental.

“Un golpe jurásico”. Así lo definió el periodista cubano Fidel Díaz Castro. Y será tan breve como el cuento de Monterroso, aquel acerca del inmutable dinosaurio. Deberá ser también, entonces, el último dinosaurio. Pero este brutal retorno a las cavernas deja una huella irracional de dolor y muerte, trae llanto y luto en humildes e inocentes familias hondureñas. Volver a la paz democrática no será posible al margen del camino de la justicia, que es el único camino iluminado por la esperanza de un pueblo que dio su sangre para resistir al último dinosaurio y hacer que el reloj de la historia no se detenga. Los humanos les debemos honra y gratitud a las víctimas de Honduras por haberle dado cuerda a ese reloj.

Honduras resultó ser, para Latinoamérica, lo que Pando para Bolivia: el eslabón más débil. Allí tiene su feudo la reacción más reaccionaria de estos tiempos, allí está el bastión del capitalismo más corrupto y el sometimiento más servil; y desde allí el último dinosaurio quiere volver a poblar nuestro continente. Eva Golinger desenmascaró con implacable transparencia las motivaciones del golpe del 28 de junio:

“Estados Unidos mantiene una base militar en Soto Cano, ubicada a 97 kilómetros de la capital, operativa desde el año 1981, cuando fue activada por el gobierno estadounidense durante la administración de Ronald Reagan. En los años ochenta, Soto Cano fue utilizada por el Coronel estadounidense Oliver North como una base de operaciones de la ‘contra’, las fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Desde Soto Cano, la ‘contra’ lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones de muerte y misiones especiales que dieron como resultado miles de asesinatos, desaparecidos, torturados, lisiados y aterrorizados en Centroamérica.

La base de Soto Cano es la sede de la ‘Fuerza de Tarea Conjunta Bravo’ (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-regimiento número 228 de la aviación estadounidense. Son aproximadamente 600 personas y 18 aviones de combate, incluidos helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Más de 650 ciudadanos hondureños y estadounidenses viven dentro de las guarniciones de la base. En 2005, se empezaron a construir viviendas dentro de la base, incluidos 44 edificios de apartamentos y varias residencias para las tropas.

La Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo ‘de mano’ entre Washington y Honduras autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base, por un acuerdo ‘semi-permanente’. El acuerdo se efectuó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras. Todos los años, Washington autoriza cientos de millones de dólares de ayuda militar y económica a Honduras, que es el tercer país más pobre del hemisferio. Este acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede ser retirada sin aviso.

El 31 de mayo de 2008, el presidente Manuel Zelaya anunció que Soto Cano (Palmerola) se utilizará para vuelos comerciales internacionales. La construcción de la Terminal civil se financió con un fondo del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).

El comandante de la aviación de Honduras, general Luis Javier Prince Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1996. El jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez, destituido por el presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes, y luego actor principal en el golpe militar pocos días después, también es graduado de la Escuela de las Américas. Los dos altos oficiales hondureños mantienen relaciones muy estrechas con el Pentágono y las fuerzas militares estadounidenses en Soto Cano”.

Más claro agua. Desactivar los cuarteles del Pentágono en la base de Soto Cano no solo implica expulsar a un invasor del suelo hondureño, sino también afectar intereses económicos y empresariales que medran del sucio negocio de la guerra, del mercado negro de la guerra sucia, donde el chantaje y la corrupción hacen al ejercicio del poder.

La agresión inferida al presidente Zelaya por parte de estas oscuras fuerzas no es una ofensa al pueblo de Honduras solamente; es una afrenta a toda América Latina, donde la democracia se transforma y se radicaliza rompiendo exclusiones e integrando a los pueblos.

Integración democrática

El 23 de mayo del 2008, en Brasilia, se firmó el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que compromete a 12 países sudamericanos (incluyendo Guyana y Suriname) en un proceso de integración que se proyecta hacia la conformación de un bloque mayor uniendo a Sudamérica con Centroamérica y el Caribe.

La fragua de los cambios democráticos en el continente está convirtiendo a Unasur en un referente sin precedentes para los pueblos latinoamericanos. Junto a la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (Alba), la Comunidad Andina , el Grupo de Río y el Sistema de Integración Centroamericana (Sica), Unasur ha arrastrado tanto a la OEA como a la mismísima ONU, sin olvidar a la Comunidad Europea , hacia una vigorosa corriente mundial que aisló a los cavernarios atrincherados en Honduras.

Con trece meses y unos cuántos días de existencia formal, Unasur ya es un espacio irreversible para la integración latinoamericana como parte de las emergentes construcciones democráticas. Si bien en este proceso integrador pueden existir susceptibilidades producidas por ciertos hegemonismos, discutibles o  no, lo cierto es que a partir de Honduras este organismo está predestinado a ser un bastión de la nueva democracia latinoamericana, esa que exige con voz universal que Manuel Zelaya sea restituido en la Presidencia de su país.

La actitud errática y desafiante de los golpistas hondureños enceguecidos por su sumisión al Pentágono y la CIA , ha producido muertes y violaciones a los derechos humanos, es decir crímenes de la lesa humanidad, que merecen el juicio del continente que repudia y resiste al unísono la barbarie infringida sobre nuestra pobre Honduras por la fuerzas del pasado.

“Si el jefe de la estación de la CIA no sabía que los militares hondureños preparaban una asonada contra Manuel Zelaya, debe ser despedido por Leon Panetta, el director de la Agencia Central de Inteligencia. Y si este mismo espía con base en Tegucigalpa conocía los intentos de los generales de Honduras de derrocar al mandatario de ese país y no hizo nada para evitarlo, debería ser despedido por el presidente Barack Obama”, escribe Agustín Alcalá en un lúcido comentario titulado “Los fantasmas del pasado”.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el concierto de naciones que combatió a Hitler dando lugar al nacimiento de la ONU , afirmó la victoria de la democracia sobre el fascismo enjuiciando a los criminales nazis en un tribunal internacional. Los juicios de Nuremberg son el precedente inmediato de los principios consagradas en la Carta Universal de los Derechos Humanos que, desde 1948, rige para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.

El Holocausto hitleriano abrió una polémica acerca de la necesidad de someter los crímenes de guerra a una jurisdicción universal, independientemente del país en que estos se hubieran cometido. La ola de tribunales internacionales para procesar crímenes de lesa humanidad que no solamente se perpetran en guerras convencionales sino también en conflictos internos (cortes de Luxemburgo, Tokio, Russel, etcétera), motivó que la ONU establezca el Tribunal Penal Internacional (TPI) que debutó procesando los crímenes cometidos entre serbios y croatas durante la guerra de los Balcanes, así como las matanzas en Sierra Leona y Ruanda durante los años 90. Esta jurisdicción todavía anda en construcción.

El  TPI de la ONU tiene su sede oficial en la ciudad holandesa de La Haya ; pero sus estatutos establecen que este órgano judicial podrá sesionar en el territorio de cualquier Estado signatario.

Un TPI para el Sur

Todos los países integrantes de Unasur son signatarios del TPI, y existe esa cobertura formal para que en aplicación de aquel estatuto judicial de la ONU , y en ese marco global, los países latinoamericanos puedan conformar un Tribunal Penal del Sur (TPS) para enjuiciar a los golpistas de Honduras.

Aquella necesidad de territorializar en nuestros países los mecanismos del TPI, a través de Unasur, se hace más apremiante al constatar que un juicio a los golpistas en jurisdicción de Honduras, podría tener los mismos resultados del interminable juicio a Pinochet en Chile o lo que fue peor con la Ley del Punto Final que premió con la impunidad a los militares golpistas argentinos. En Honduras de Micheletti los magistrados de la Corte Suprema de Justicia prevaricaron contra Zelaya y prácticamente ordenaron el golpe militar del 28 de junio al dictar una sentencia a favor del general títere de la CIA , quien usó esa “legalidad” para ordenar abrir fuego en los luctuosos hechos del domingo 5 de julio, cuando se impidió el arribo de Zelaya a Tegucigalpa.

El gorila Romeo Orlando Vásquez, su títere civil Roberto Micheletti, además de los políticos oligarcas y los jueces venales de Honduras, junto con los agentes de la CIA , deberán comparecer ante un Tribunal Penal organizado por Unasur en los marcos del estatuto judicial de la ONU.

El caso de Honduras abre la posibilidad de iniciar un proceso de justicia contra los asesinos, al mismo tiempo que ese proceso afianzará la institucionalidad integradora de Unasur.

El primer paso para la conformación de este Tribunal Penal del Sur deberá consistir en la incorporación de Honduras, y de todos los demás países de la región que aún permanecen al margen, como Estado asociado de Unasur en conformidad de los artículos 19 y 20 del Tratado Constitutivo de esta Unión Sudamericana de Naciones.

La necesidad y factibilidad de conformar un específico órgano jurisdiccional para enjuiciar a esos advenedizos dinosaurios que osen cometen crímenes contra la humanidad en Latinoamérica, está plenamente amparada por un postulado en el preámbulo del Tratado Constitutivo de Unasur, donde se afirma que:

“ La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados”.

Estos principios rectores de la integración latinoamericana con autonomías, que son los principios rectores de la democracia en sí, han sido violados por los militares y políticos golpistas en Honduras bajo la intervención imperialista. El Tribunal Penal del Sur es una necesidad urgente para liquidar de una vez por todas al breve dinosaurio.