El nuevo golpismo tiene claros sus objetivos en América Latina: dirigentes preocupados por la injusticia social que deciden consultar a sus pueblos. Como ya no resulta creíble la acusación de comunista, hoy pueden acumularse todos los males en un nuevo marco: populista. Una vez calificado así un Gobierno, con la complicidad de los científicos sociales que se empeñan en estigmatizar los procesos democratizadores surgidos en los últimos años en el continente, se puede sembrar informativamente todo tipo de dudas sobre las que, después, justificar su derrocamiento. No otra cosa ha hecho la oligarquía hondureña (sabrán disculpar vocablo tan añejo, pero no son menos añejas las familias ahí representadas).

Ha quedado claro que el delito del presidente Zelaya no tiene que ver con la consulta sobre la reelección ni con la pretensión de un cambio constitucional. El “oligarca traidor” Zelaya cruzó dos rayas: intentar contar con la población para crear un proyecto participativo que supere la histórica depresión de Honduras e incorporar a este país a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). Hasta hace poco, buena parte de los expertos latinoamericanistas parecían estar de acuerdo con que la región había alejado estos fantasmas golpistas, pero de pronto empiezan a aparecer nuevas justificaciones que llevan a preguntarse: ¿qué hay detrás de esta operación?

Muy posiblemente haya una sofisticada estrategia de contención política y distorsión ideológica, cuyo principal objetivo es instalar en las diversas esferas públicas nacionales e internacionales el miedo al cambio social y político que puedan promover las mayorías populares. En la coyuntura de crisis internacional, son los gobiernos progresistas latinoamericanos los únicos que pueden liderar un bloque capaz de cuestionar la reforma global propuesta por los gobiernos del norte, quienes dejan el pretendido “cambio de modelo” (que no de sistema) en manos de los creadores y gestores de las múltiples burbujas especulativas.

Las élites del establishment global y sus aliados locales vienen dejando claro que no se puede pretender ir tan lejos. Con una nueva combinación de capitales financieros, políticos, simbólicos y mediáticos trabajando en la lógica think tanks, y contando con la gigante e infatigable capacidad de emisión de las industrias informativas, su primer paso es sembrar en sus latifundios mediáticos algunos monocultivos discursivos para monopolizar el debate público.

En este caso cabe destacar las narraciones acerca del factor de desestabilización que encarnaría Chávez y el eje bolivariano. Un articulista que firma su texto como ex guerrillero y consultor internacional para la resolución de conflictos –un ejemplo en sí mismo de la evolución ideológica deseable por el pensamiento elitista para todo revolucionario– llega a equiparar sin explicación alguna los petrodólares ideológicos del ALBA con los narcodólares criminales. Ocultando que los segundos financian tanto la violencia necesaria para asegurar sus cuotas de mercado criminal como exquisitos shopping center desde los que se sigue regando el imaginario consumista que las élites pretenden ya como un derecho humano fundamental: vivir en una depauperada ciudad del Sur con el lifestyle de Miami que nos vende la ventana catódica. E ignorando que la estrategia de venta de petróleo a precio político promovida por el ALBA –por debajo del mercado internacional y con posibilidad de pago diferido– es a cambio de activar políticas sociales redistribuidoras que sí están promoviendo la inclusión social de importantes sectores sociales antes excluidos. ¿Es ilegítimo disputar por esta vía los Tratados de Libre Comercio impulsados desde los gobiernos neoliberales de Estados Unidos e impuestos con alta corrupción por los gobiernos del continente?

Por supuesto que el “periódico global en español” o los analistas políticos de “reales institutos” no se hacen esta pregunta, por lo que no dudan en apoyar, al menos en un primer momento, los argumentos de los golpistas en Honduras. Alineados con intelectuales neocons, se apoyan las tesis constitucionalistas más reaccionarias –la ley no se puede cambiar aunque se cuente con el apoyo popular necesario–. Los que quieren el cambio son así los responsables de polarizar la vida política y romper la “unidad” de estas naciones democráticas. No se cuestionan los consensos conservadores muñidos en etapas de represión y desarticulación social, ni dinámicas institucionales abiertamente corruptas, ni las vertiginosas desigualdades que no dejan más futuro a las nuevas generaciones de origen popular que la desnuda explotación o la violenta ascensión social en el narcotráfico.

Lamentablemente, vemos cómo estas tesis neoconservadoras cuentan en nuestro país con extraños compañeros de viaje, abiertamente implicados en el entramado de la manipulación política de las transnacionales en América Latina. Su vehemente condena del populismo progresista contrasta con el silencio mantenido sobre regímenes conservadores también calificables de populistas como los de Collor de Mello, Menem, Fujimori, Uribe y también Berlusconi. Tras décadas de sufrir el sambenito de utópicos por parte de estos ejemplares reformistas que nos imponían el modelo neoliberal, toca ahora pedirles que sean realistas y pragmáticos y reconozcan que las reformas necesitan la fuerza del poder para conseguir
reacomodos sociales y políticos. ¿Es posible pensar en reformas incluyentes sin que los poderosos pierdan parte de sus estratosféricos privilegios?

El presidente Zelaya seguirá intentando retornar a su país a pecho descubierto y necesita el apoyo de todos, incluida la socialdemocracia europea, como en tiempos hiciera Olof Palme.

HERIBERTO CAIRO, ARIEL JEREZ, DÉBORA BETRISEY, ROSA DE LA FUENTE, LORENZO FERNÁNDEZ, FERNANDO HARTO, OMAR DE LEÓN, JUAN CARLOS MONEDERO, ANTONIO PALAZUELOS, JOSÉ ÁNGEL SOTILLO Y JOSÉ ANTONIO SANHAJUJA.

*Profesores  del máster de Estudios Contemporáneos de América Latina de la Universidad Complutense de Madrid.