1. Cuando regresa lo peor del pasado

La madrugada del 28 de mayo pasado un terremoto sacudió a Honduras y dañó con severidad las estructuras del puente llamado La Democracia, en la ciudad de El Progreso, donde una plataforma considerable de ese puente se precipitó a las aguas del río Ulúa. Esto fue un presagio, porque un mes después en fecha idéntica otro sismo, político y perpetrado por militares, destruyó la institucionalidad democrática hondureña, con un golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, secuestrado a punta de fúsil mientras dormía y puesto en pijama en un avión con destino al exilio en Costa Rica.

Esta asonada militar en pleno siglo XXI repite un proceder que se creía extirpado de la política de este tiempo y que fue propio de dictaduras pretéritas. El cuartelazo evidencia a quién obedecen los militares en Honduras, al proferir otro: “A sus órdenes, mi capital”, como tituló el sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría, a un editorial que escribió en los años 70, cuando en El Salvador un gobierno castrense se cuadró firme y sumiso ante la élite económica y dio la reversa completa a un tímido proyecto de reforma agraria.

El presidente depuesto en Honduras pretendía realizar una consulta ciudadana para instalar una cuarta urna en las elecciones de noviembre de 2009, con el objetivo de modificar la Constitución y proponer la opción de la reelección a los presidentes sucesivos, pero además buscaba que la Carta Magna fuera más receptiva a la participación e influencia de los ciudadanos hondureños.

No es cierto como propalan algunos medios informativos de que el fin de tal referendo fuera eternizar al mandatario derrocado en el poder. El Partido Liberal al que pertenece ya había elegido a su candidato para las próximas elecciones en noviembre próximo. En esta elección interna también participó el ahora presidente de facto, Roberto Micheletti Bain, quien como siempre perdió estrepitosamente.

Se dice que el mandatario derrocado no tenía el apoyo del Congreso, ni de la Corte Suprema de Justicia ni del Tribunal Supremo Electoral. Pero antes habría que revelar las credenciales nada democráticas de los políticos y jueces al frente de esas instituciones, quienes las tienen secuestradas y al servicio de intereses contrarios al bien común de la población, entre las más empobrecidas y vulnerables de la región.

2. Soberanía ultrajada al mejor postor

Honduras por años fue capital exclusivo de las transnacionales bananeras, que la expoliaron con la anuencia de la oligarquía y sus lacayos en el sistema político y judicial, quienes consumaron la entrega de su soberanía “bajo esa sensación de ternura que produce el dinero”, como escribió el poeta Roberto Sosa, al referirse al palacio de justicia de su país: “Templo de encantadores de serpientes” donde “temibles abogados perfeccionan el día y su azul dentellada”. La situación no ha cambiado en el presente.

Su historia reciente la presenta como la base militar –que todavía existe– de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Es el territorio centroamericano que la potencia del norte convirtió en guarida de la contrarrevolución sandinista y desde el cual apoyó al ejército salvadoreño en sus tropelías asesinas, como la ocurrida en el fronterizo río Sumpul, donde participaron soldados hondureños, quienes hacían lo propio en su país al superar el manual de represión de la Escuela de las Américas, con una impunidad que permanece sin castigo hasta hoy.

3. Los delitos de Zelaya y la hipocresía de sus acusadores

La política en Honduras es monopolio sempiterno de dos partidos, el Liberal y el Nacional, instrumentos de una oligarquía cuyo tiempo mental la hace considerar al país como su hacienda y que dispensa un trato de vasallos a la gran mayoría del pueblo hondureño. Esto ha influido para que el pueblo en general sea proclive al conservadurismo político, reacio a cualquier proyecto social en sentido contrario al designado por décadas por los dueños de la finca.

Fue lo que ocurrió a Zelaya Rosales, defenestrado por los mismos poderosos que le alzaron a la presidencia en 2006, quienes ahora le acusan de traición a la patria, entre otros supuestos delitos. Pero si tanto delinquió, ¿por qué los golpistas no abrieron un proceso para inhabilitar su inmunidad y que rindiera cuentas a la justicia?

En todo caso desde una inocencia de conveniencia que no tienen, los golpistas prefirieron parapetarse en la oscuridad y en el uniforme militar para secuestrar al presidente y expulsarlo del país de forma violenta y sin apego ninguno a la Constitución que ahora tanto dicen defender. Además, repiten hasta la saciedad el coro de que eso no fue un golpe de Estado, a pesar del decretado toque de queda, la supresión de varias garantías, la censura a los medios informativos, la caza nocturna de opositores, el desprecio virulento a la OEA, a las Naciones Unidas y, finalmente, la represión contra movilizaciones pacíficas que reclaman la restitución de Zelaya Rosales y la vuelta al orden democrático.

Sólo así pudo Roberto Micheletti Bain alcanzar la presidencia que la voluntad popular le ha negado durante los 30 años que lleva de reptar para tal fin como diputado reelecto incontables veces. Para lograr su objetivo no escatimó en usar las prácticas más perversas de la política en Honduras. Es un presidente de facto que ha mostrado con elocuencia al mundo de la política más civilizada que su único argumento es el oportunismo, la intolerancia y la bravuconería explosiva de tiempos medievales ante cualquier pensamiento que ose contrariarlo.

El delito que le costó el exilio a Zelaya Rosales, proveniente de una familia acomodada de militancia tradicional en el Partido Liberal, fue salirse un poco, ni siquiera tanto, del guión de gobierno trazado por la oligarquía de su país y haber intentado realizar algunas reformas sociales tenues, necesarias en un país pobre como Honduras, más vulnerable por lo mismo a la crisis actual de la economía mundial.

Otro factor que sin duda desencadenó el golpe de Estado en Honduras fue el acercamiento de su presidente al grupo de países que integran el ALBA, sobre todo por lo que esto implicó de vínculos con el líder venezolano Hugo Chavez, convertido en la excusa ideal para justificar cualquier arremetida contra la democracia en Centroamérica.

En el pasado fue el comunismo, hoy el fantasma enarbolado para suscitar el miedo y las reacciones políticas más desproporcionadas es el comandante Chávez y su proyecto, cuando su liderazgo en Latinoamérica bastante le debe a los desatinos de la política exterior de Estados Unidos en el continente como también al fracaso de las medidas económicas neoliberales en estos países.

Tampoco se puede perder de vista la hipótesis sugerida por la analista argentina Stella Calloni, en el sentido de que el golpe de Estado en Honduras podría suponer un nuevo guión de la CIA y las estructuras ultraconservadoras ensayado en la región para desestabilizar a los gobiernos progresistas.

Es cierto que el presidente Barack Obama pretende enmendar el pasado siniestro de algunos de sus predecesores, pero también lo es que esas estructuras de guerra sucia continúan en operación y sin ser afectadas para nada por la buena voluntad de la administración demócrata, que debe empezar a transformar los discursos brillantes en acciones contundentes, que sienten un precedente real de cambio en el comportamiento histórico de la gran potencia con el resto de países, en especial con los latinoamericanos.

Sería un mal presagio, un acto de total desprestigio, que la actual administración estadounidense terminara por dar su bendición a los golpistas y negociara con ellos, y se desmarque sin pudor de la condena y el rechazo de todos los gobiernos del mundo. No se puede permitir que estos vestigios infames del pasado se repitan en este nuevo momento histórico, cuya construcción tanto sacrificio y sangre ha costado a todos los pueblos latinoamericanos.