Dice el refrán que, cuando un hecho se repite, la primera vez ocurre como tragedia y la segunda como farsa. La gran farsa del momento es que Oscar Arias, por segunda vez, sea “mediador” en un “conflicto centroamericano”, en este caso, en un diálogo (¿negociación?) para poner fin a la usurpación del gobierno de la República de Honduras, resultante de un golpe de Estado a la usanza de la América Latina anterior a 1990, que amenaza las bases de la institucionalidad democrático burguesa, construida desde entonces por el efecto de acción y reacción entre la hegemonía neoliberal impuesta por las clases dominantes, y por los espacios políticos que a ellas le han arrancado los sectores sociales tradicionalmente dominados.

¿Podría haberse pensado en un peor mediador? Sí, en Otto Reich u otro de los discípulos del fallecido senador estadounidense Jesse Helms, pero ya todos estaban muy ocupados en el asesoramiento y el apoyo a los golpistas. Además, la “mediación hondureña” es un “juego de roles”, en el cual hace falta un “policía malo” –que adopte una postura intransigente (como hace Micheletti, el protegido de Reich)– y un “policía bueno” –que persuada “por igual” al agresor y al agredido de que “algo tendrán que ceder” (como hace Arias).

Oscar Arias, quien fue presidente de Costa Rica entre 1986 y 1990, y que en la actualidad ocupa ese cargo en el período comprendido entre 2006 y 2010, recibió el 1987 el Premio Nobel de la Paz por su papel en el proceso negociador que desembocó en los Acuerdos de Esquipulas II, suscritos en agosto de aquel año. Ese papel fue el de prestanombres de algo que debió llamarse el “Plan Reagan”, pero que, para encubrir la autoría de una de las más retrógradas y belicistas administraciones de los Estados Unidos, se dio a la publicidad con el nombre de “Plan Arias”.

Por inmerecido, el Premio Nobel entregado a Arias recuerda el que Henry Kissinger aceptó, en 1973, por haber encabezado la delegación de los Estados Unidos participante en la negociación de Los Acuerdos de París, que pusieron fin a la Guerra de Viet Nam, ocasión en la cual el entonces canciller de Viet Nam del Norte, Led Duc Tho, muy dignamente, rehusó “compartir” ese “premio” con el Secretario de Estado de la potencia que durante años cometió un brutal genocidio contra su pueblo.

El “Plan Arias” fue la encarnación de la política de doble carril (two track approach) de la eufemísticamente llamada Guerra de Baja Intensidad que la administración de Ronald Reagan (1981 1989) ejecutó contra Nicaragua durante la Revolución Popular Sandinista. El primer carril de esa política era la agresión militar por medio de organizaciones contrarrevolucionarias desde bases en Honduras y Costa Rica, unida a la amenaza de intervención directa de los Estados Unidos. El segundo carril era “ofrecer” al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) una solución política, “negociada” en los términos impuestos por el agresor, es decir, “negociar” el cese de una agresión externa –un acto que por definición es violatorio del Derecho Internacional y que, por tanto, no es negociable–, a cambio de una reestructuración esencial del ordenamiento político y jurídico interno de Nicaragua –que correspondía, única y exclusivamente, a la soberanía del pueblo nicaragüense. ¿Negociar lo que no debe ser negociado a cambio del cese de un acto ilegal de fuerza? ¿Nota el lector alguna semejanza con la situación hondureña actual?

Pero, por si ello fuera poco, como en El Salvador, Guatemala y Honduras había movimientos revolucionarios que practicaban la lucha armada contra los regímenes contrainsurgentes de esos países, la “negociación” tenía que ser unilateral y asimétrica. El imperialismo norteamericano no podía permitir que la negociación se hiciese sobre la base de una tabla rasa para todos los gobiernos, y otra para todas las “fuerzas insurgentes”. Necesitaba imponer una “lógica” para el caso de Nicaragua (que fuera desfavorable al gobierno del FSLN, y favorable a los “contras”) y otra “lógica” opuesta (que fuera favorable a los gobiernos contrainsurgentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, y desfavorable a los movimientos insurgentes y a las fuerzas de izquierda de esos tres países).

La política de doble carril de la administración Reagan, materializada en el “Plan Arias”, fue la antítesis de las gestiones de paz emprendidas por el Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo a Contadora, cuyos miembros, finalmente, llegaron a sentirse derrotados, abandonaron su plan negociador y asumieron el “de Arias”. Desde ese momento, los ocho países miembros de esos grupos pasaron a formar parte de una Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento (CIVS), encargada del triste papel de exigirle a Nicaragua –de manera reiterada, incisiva y unilateral– que cumpliera y sobrecumpliera cada vez más los compromisos que había adquirido en el proceso negociador, y como contraparte, hacerse de “la vista gorda” con el total incumplimiento de los compromisos adquiridos por El Salvador, Guatemala y Honduras.

¡Aún hay más! Lo dicho hasta ahora no es lo principal, sino que el papel de prestanombres desempeñado por Arias fue el que le permitió al gobierno de los Estados Unidos seguir actuando, en esa parte del “proceso negociador”, como el gran ausente presente. Con otras palabras, le permitió ejercer como juez y parte del conflicto centroamericano, al ser, al mismo tiempo, el agresor de Nicaragua, el soporte vital de los regímenes contrainsurgentes de la región, el “poder externo” que impuso las reglas de la “negociación” y el “poder supremo” que determinaba si el resultado era o no “aceptable”.

La “paternidad” del segundo carril, que a los efectos públicos asume Arias, le facilita al gobierno de los Estados Unidos mantenerse “tras bambalinas”. Gracias a que el “plan” era “de Arias”, y no suyo, la administración Reagan logró imponer los términos de una negociación de la cual no formaba parte. De esta manera, el gobierno estadounidense no quedó comprometido con los Acuerdos de Esquipulas I o Esquipulas II, por lo que podía seguir –como, en efecto, siguió– desarrollando la “guerra encubierta” contra Nicaragua, incluso mucho después de que el gobierno sandinista, en gesto tras gesto de buena voluntad, no solo cumplió y sobrecumplió, de forma unilateral, la letra y el espíritu de ambos acuerdos, sino también una larga cadena de condiciones adicionales que se le planteó a posteriori.

En su intervención en el foro “A XX años de Esquipulas II, la historia narrada por sus artífices”, celebrado el 21 de agosto de 2007, el canciller de Nicaragua durante el gobierno del FSLN y actual presidente pro tempore de la Asamblea General de la ONU, Miguel d’Escoto, desenmascaró el papel de los gobiernos de Costa Rica, en especial el de Oscar Arias, en el conflicto centroamericano.

Sobre Contadora –dice Miguel d’Escoto– ya se ha escrito bastante. Los libros cuentan cómo los Estados Unidos se empeñaron en torpedearla, por medio de Costa Rica y de Honduras, principalmente. […]

En esa tarea, los cancilleres Monge, Fernando Volio y José Gutiérrez, desempeñaron un papel muy importante, pero el canciller estrella de los gringos, el que mejor representó sus intereses y más se empeñó en bloquear los acuerdos de paz, fue el incomparable Rodrigo Madrigal Nieto, que en paz descanse. Él era, ni más ni menos, el canciller de Oscar Arias. De ahí la sorpresa de todo el mundo cuando Arias resultó galardonado, y solamente él, con el Premio Nobel por la Paz. Esto es algo que me permito decir ahora porque, estando el canciller Madrigal aún en vida, muchas veces se lo dije en presencia de otros cancilleres.

Baste este fragmento del padre d’Escoto para traer a colación un pasado que algunos no conocen y otros prefieren olvidar.

La historia del conflicto centroamericano y de las negociaciones de Esquipulas no es tan lejana y los testigos de lo allí ocurrido, como Miguel d’Escoto y muchos otros, están en disposición de recordarlo y denunciarlo.

No permitamos que el lobo, el zorro, ni Arias nos engañen con su farsa.