La derecha en el continente se recompone y sus fracciones más duras han decidido pasar a la contraofensiva. Si bien este dato de la realidad no se le puede atribuir solo al titular de la Casa Blanca, es importante tomar en cuenta que la “era” Obama le ha posibilitado a EE.UU., después de momentos de crisis de dominación, pasar de tres a siete en el número de gobiernos afines a su política exterior en América Latina.

Obama, cuya madre y padre adoptivo mantenían una estrecha relación con la estación CIA, se presentó, dentro y fuera de los EE.UU., como partidario de reformas que disminuyeran las crecientes desigualdades sociales en lo interno y de estrechar un nuevo tipo de lazos con la América Latina que se le estaba escurriendo de las manos.

Es ahí donde la imagen externa no coincide con la situación interna. Los demócratas, de la mano de Obama, han perdido las elecciones legislativas de noviembre pasado. Los republicanos han recuperado la Cámara de los Representantes después de haber sido desplazados en 2006 y en el Senado han recuperado terreno tras su victoria en estados importantes por su peso político y económico. Los primeros alcanzan a un total de 233 en ambas cámaras, mientras los segundos llegan a 285.

En enero de 2009, cuando Obama asumía la titularidad de la Casa Blanca y en su discurso aseguraba que EE.UU. iba a recuperar su liderazgo en el mundo, incluyendo en América Latina, no estaba diciendo nada que no estuviera en el orden de posibilidades y prioridades. A pesar de que su predecesor —George Bush (hijo)— se esforzaba en atender simultáneamente el mundo con su predominante política guerrerista, América Latina se encontraba insurgente. Inducidos por la iniciativa de los países miembros de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), un sentimiento de alcanzar mayor autonomía ante los EE.UU. se apoderaba de la mayor parte de los gobiernos del continente. Solo Colombia, México y Perú mantuvieron un nivel de articulación con Washington y no pocas veces chocaron con Venezuela y Bolivia, los dos países que atraviesan por procesos de cambios inéditos y radicales.

La relación con Colombia es estrecha desde fines del siglo XX, cuando el demócrata Bill Clinton puso en marcha el denominado Plan Colombia —elaborado por el senador Dewine— con una clara orientación contrainsurgente, que luego se reforzó tras los hechos de septiembre de 2002, cuando EE.UU. fue escenario de atentados terroristas atribuidos a un exsocio de la Central de Inteligencia Americana (CIA). La alianza con Andrés Pastrana primero, al fracasar las negociaciones de paz en San Vicente del Cagúan, se enriqueció luego con Álvaro Uribe, quien convirtió a su país en teatro de operaciones concebidas para agredir sistemáticamente a su vecina Venezuela y también a Ecuador. Al  primero de los países se lo penetró reiteradamente con agentes de la DAS y al segundo se lo provocó el 1ro. de marzo de 2008 al violar su territorio (Sucumbíos) para bombardear el campamento de las FARC y asesinar al comandante rebelde Raúl Reyes, quien impulsaba la tarea de buscar una salida política negociada al conflicto armado que azota a ese país hace más de 50 años. La “seguridad democrática” fue el manto con el que se desencadenó la represión de activistas civiles y se asesinó, con “falsos positivos” por medio, a cientos de colombianos inocentes y pobres.

Con México las relaciones han sido igualmente cordiales y no por eso menos comprometidas. Tanto con Vicente Fox, como con Fernando Calderón, la estrategia contrainsurgente expresada en la denominada Iniciativa Mérida —un derivado del Plan Colombia— ha militarizado ese país con dos grandes objetivos: la lucha contra el narcotráfico y el control de la migración.  Con el ataque a los efectos y no las causas, varios estados y ciudades de México se desangran todos los días. A eso hay que añadir los planes de intercambio comercial en el marco del NAFTA que poco les ha dado a los mexicanos frente a lo que ha perdido a favor de las empresas transnacionales con asiento en EE.UU. El desequilibrio es tan grande que ha sido el mismo Calderón quien ha criticado a EE.UU. por no hacer nada para evitar el tráfico de armas hacia México.

Con Lima, el trato no es distinto, aunque en el primer semestre de este año el presidente Alan García reclamaba por el mínimo de recursos que se le asignó a ese país y no los mil 400 millones de dólares anuales entregados a Uribe en el marco del Plan Colombia. El gobierno peruano, sin embargo, no ha jugado el papel de agresor militar contra Bolivia y Ecuador, aunque políticamente ha sido un dique a los planes de crecimiento del ALBA.

Pero no se puede dejar de apuntar en estas acciones de la ultraderecha estadounidense en el período previo a la “era” Obama, el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y el intento de una acción similar en contra del presidente Evo Morales en agosto-septiembre de 2008. Al primero una movilización del pueblo lo devolvió a Miraflores antes de las 48 horas y al segundo se lo protegió con una marcha indígena y campesina hacia Santa Cruz que disuadió a los golpistas. En ambos estuvieron las manos de la CIA.

De tres a siete

La “era” Obama para América Latina tuvo una inauguración no pensada ni anticipada por nadie. El 28 de junio de 2009, a escasos cinco meses de que el joven demócrata ingresara a la Casa Blanca, un golpe de Estado expulsaba del poder al presidente liberal, Manuel Zelaya, quien se disponía a celebrar ese día una consulta popular para preguntarle al pueblo si en las elecciones generales de noviembre de ese año colocaban una “Cuarta Urna” para decidir si había o no una Asamblea Constituyente. Los planes de organizar la consulta molestó a la derecha bananera hondureña y la base de Soto Cano —donde EE.UU. tiene militares desde la década de los 80—, sirvió para sacar al Presidente liberal de su país.

La OEA reaccionó como EE.UU. quería que reaccionara: no hizo nada. Pero la secretaria de Estado, Hillary Clinton, logró que Zelaya tomara las cartas que la Casa Blanca quería: la mediación de Oscar Arias, de Costa Rica, el mismo que en la década de los 80 torpedeó cualquier negociación con Nicaragua, cuyo país era atacado por bandas contrarrevolucionarias, financiadas y organizadas por la CIA, desde Honduras. El ALBA, que fue el primero en condenar el golpe, tuvo que resignarse a un rol secundario y recibir las agresiones permanentes de la ultraderecha.

Sucumbíos fue una victoria de Bush. EE.UU. demostraba la fragilidad de los estados latinoamericanos para cuidar sus fronteras y la facilidad con la que las bases o tropas militares actuaban. Ya no hay duda de que el territorio ecuatoriano fue utilizado por las fuerzas especiales colombianas en Manta, la base estadounidense que Correa desmanteló después. Pero Honduras fue el punto de inflexión para la derecha continental.

La Casa Blanca se salió con la suya. Pocos meses después, Obama anunciaba el cumplimiento del convenio Bush-Uribe por el cual se iban a instalar siete nuevas bases militares en Colombia y, por si no fuera suficiente, preacordaba con Ricardo Martinelli —un empresario de ultraderecha que se incorporó al grupo contrainsurgente en el continente en 2009— la apertura de cerca de cuatro bases navales estadounidenses en Panamá, de donde salieron años antes en virtud de los tratados Torrijos-Carter.

La expansión de la derecha imperial no se iba a detener. Siempre en el plano político-militar, Laura Chinchilla Miranda gana las elecciones en Costa Rica en febrero de 2010. A poco de asumir la presidencia del país centroamericano, la joven política, con estrechos lazos con sectores influyentes estadounidenses y USAID, acepta que EE.UU. movilice a cerca de siete mil soldados con la tarea de la lucha contra el narcotráfico y en el marco de la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI), firmado en octubre pasado.

Finalmente, en esta guerra de movimientos y posiciones, EE.UU. se ha apoderado del Palacio de la Moneda. El derechista Sebastián Piñera ha desplazado a la Concertación después de dos décadas, y los seguidores de Pinochet —a los que el Presidente chileno dice no pertenecer— se encuentran a la ofensiva para desarticular a los activistas y movimientos de izquierda. No es que la Concertación fuese un modelo del antineoliberalismo. Todo lo contrario. Pero, dentro de los márgenes de la rigurosa política exterior del vecino país, hay iniciativas tomadas por Bachelet que le dieron su apoyo a la corriente latinoamericana que apuesta a una mayor autonomía frente a EE.UU.

La derecha “no estatal”

Es muy difícil no encontrar relaciones entre la política exterior de los EE.UU. y las estrategias de fundaciones y organizaciones de la ultraderecha internacional. Tan ausente son las diferencias que Robert Kagan, uno de los fundadores del Proyecto para un siglo Americano, manifestaba su optimismo ante el primer discurso que Obama hizo como presidente. "Obama no ha dicho ni una sola vez que la fuerza militar debe utilizarse solo como último recurso. Por el contrario, insiste en que ‘el Presidente no debe nunca dudar en usar la fuerza —unilateralmente si fuera necesario’, y no solo ‘para protegernos… cuando seamos atacados’, sino también para proteger ‘nuestros intereses vitales’ cuando exista un ‘inminente peligro’. Esto es conocido como acción militar preventiva. Hay cuatro palabras ausentes de los discursos de Obama sobre el uso de la fuerza: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Obama habla de ‘naciones renegadas’, ‘dictadores hostiles’, ‘alianza muscular” y de mantener una ‘fuerte disuasión nuclear’. Habla acerca de cómo tenemos que ‘aprovechar’ el ‘momento de América’. Hay que ‘empezar de nuevo el mundo’. ¿Es esto realismo? ¿Se trata de una política exterior propia de la izquierda liberal?’. Más claro, agua.”

Los Neocons, que tienen sus orígenes en la década de los 90, diez años después de la revolución conservadora de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, constituyeron una fuerza material y pensante de George Bush y expresan ahora el surgimiento de una tendencia antiliberal y que proclama la recuperación de los valores occidentales y estadounidenses contaminados por la migración latinoamericana, asiática y africana.

Los Neocons están en la tarea de acelerar la recomposición de la derecha a escala mundial. Muchos de sus grandes pensadores y activistas mantienen relaciones con españoles, franceses, alemanes e ingleses. En América Latina, aunque con cierto celo y desprecio, han empezado a tomar contactos con partidos de la vieja derecha y con empresarios-políticos de la nueva derecha. A los primeros les liga la dureza del pasado —como es el caso de Luis Posada Carriles, un criminal protegido en EE.UU.- y a los segundos por su inclinación a concebir la política como una gestión empresarial.

Pues bien, en ese contexto es que se deben interpretar tres hechos que no resultan aislados. El primero, la advertencia que el ministro de Defensa, Robert Gates, hizo a Bolivia por sus relaciones con Irán, en el marco de la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, una instancia de coordinación en temas de seguridad nacida en 1995, en Florida, un año después de la I Cumbre de las Américas celebrada en Miami.

El segundo, la cumbre Los Andes en Peligro organizada por el Interamerican Institute for Democracy, reunió a opositores de los procesos de cambio en América Latina y aprobó una línea de acción para trabajar por la expulsión de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua de la OEA, así como en planificar el magnicidio de Hugo Chávez. Si bien, que se conozca, no existe un documento de conclusiones, es evidente que las palabras allí sostenidas no son una invitación al juego. De hecho, personajes como Armando Valladares y Roger Noriega —ambos con estrechos nexos con la Fundación Cubano Americana— participaron de la cita.

Entre los participantes de la cumbre derechista, estuvieron Carlos Sánchez Berzain, Manfred Reyes Villa, la diputada Pierola, el dirigente cívico cruceño Luis Núñez, según información del periódico Cambio.

Los reportes no citan a Luis Posada Carriles y otros terroristas; pero es de suponer —por su relación con los Neocons y la Fundación Cubano Americana— que no escatimarían en participar en acciones de desestabilización y planes de magnicidio. Hace pocos meses, en julio, Francisco Chávez Abarca fue detenido ingresando a Venezuela y confesó que había sido contratado por Posada Carriles, el que en 1976 hizo explotar una bomba en una nave de Cubana de Aviación que transportaba deportistas.

Pero si de antecedentes de la ultraderecha internacional se trata, la participación en la Operación Cóndor en la década de los 70, cuando la represión, el intercambio de prisioneros y el asesinato rebasó las fronteras, es algo que pinta de cuerpo entero a los grupos de la ultraderecha.

Casi simultáneamente, una segunda reunión de la derecha se realizó en Colombia. UnoAmérica —una organización de extrema derecha encabezada por Alejandro Perez Esclusa— congregó a sus miembros en Bogotá, donde se identificó a 14 países de América Latina vinculados al Foro de Sao Paulo. En términos militares, dada la naturaleza de esta organización, se los declaró como objetivos a desestabilizar.

Por tanto, las voces de alerta de los presidentes Evo Morales y Hugo Chávez no constituyen una exageración. El ALBA es el objetivo mayor de la ultraderecha continental, ya sea para golpearlos directamente o para desarrollar una línea de aislamiento. Por lo pronto, el triunfo de la izquierda en Brasil y la posición firme de Cristina Fernández en Argentina, son una buena noticia para los gobiernos de avanzada en América Latina.