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El juicio contra el
terrorista internacional
Luis Posada Carriles,
solo acusado de
mentiroso, deberá
comenzar el lunes
próximo en Texas, en
medio de maniobras de la
defensa y la fiscalía
para evitar su
extradición a Venezuela.
Pese al rosario de
evidencias en contra del
criminal, continúa
siendo un enigma cuál
será el epílogo de este
dilatado caso, que tiene
su génesis en 2005,
luego de la entrada
ilegal de Posada
Carriles a Estados
Unidos.
Lo cierto es que pese a
su abultado expediente
de hechos de sangre, la
fiscalía no lo acusa de
terrorismo o asesinato.
Será enjuiciado por
perjurio y por obstruir
con sus falsedades una
investigación sobre
terrorismo
internacional.
Sobre estos y otros
detalles llama la
atención el abogado José
Pertierra, ya que medios
de prensa comienzan a
decir que el gobierno
estadounidense
presentará cargos contra
Posada Carriles por
terrorismo, cuando en
realidad no es así.
En entrevista con Prensa
Latina, Pertierra, quien
representa a Venezuela
en la solicitud de
extradición del
criminal, asegura que
hay muchos intereses en
Washington para que
Posada Carriles no sea
enjuiciado por algo
serio, ni deportado.
“Es un caso que se ha
manejado muy por encima
del Departamento de
Justicia, creo que es un
caso que se ha manejado
en los pasillos del
poder de Washington, de
la Casa Blanca, de la
Agencia Central de
Inteligencia (CIA)”,
precisó el letrado.
El criminal entró
ilegalmente a Estados
Unidos en abril de 2005,
meses después de ser
indultado por la
presidenta de Panamá,
Mireya Moscoso, quien lo
puso en libertad cinco
días antes de dejar su
cargo.
Posada Carriles cumplía
una sentencia junto a
otros terroristas por
fraguar un plan de
atentado contra el líder
de la Revolución cubana,
Fidel Castro, durante la
Cumbre Iberoamericana
del año 2000.
En opinión de Pertierra,
no se debe olvidar que
Posada Carriles es un
hombre de la CIA,
reconocido por él mismo,
por su abogado y por
documentos
desclasificados, entre
otras fuentes.
“El caso se ha
complicado para evitar
la justicia verdadera,
en el caso del asesino
de 73 personas que
viajaban en un avión de
pasajeros de Cubana en
1976, él es también el
asesino de Fabio Di
Celmo”, consideró el
abogado.
Es el torturador de
mucha gente en
Venezuela, es el hombre
que entrenó a
escuadrones de la muerte
en Guatemala y en El
Salvador, durante años,
es el hombre de la CIA
en Centroamérica, por
eso
—indicó—
tratan de protegerlo y
no procesarlo.
Pertierra calificó de
inexplicable que solo a
última hora la fiscalía
solicitara permiso a la
jueza para viajar a Cuba
y obtener los
testimonios de Francisco
Chávez Abarca y Otto
René Llerena, dos
terroristas reclutados
por Posada Carriles,
presos en la Isla.
Chávez Abarca fue
arrestado en julio de
2010 en Caracas y
extraditado a Cuba,
donde el 21 de diciembre
último fue condenado a
30 años de cárcel.
Constituyó la mano
derecha de Posada
Carriles, según declaró,
y ejecutó en nombre de
este el reclutamiento de
terroristas
centroamericanos para
traer bombas y hacerlas
explotar en esta
capital.
Llerena fue reclutado en
1997 por el terrorista
internacional, quien a
la sazón dijo llamarse
Ignacio Medina, y le
proporcionó los
explosivos y el dinero
para realizar acciones
criminales en territorio
cubano.
“Yo no me explico por
qué la fiscalía espera
tres semanas antes del
comienzo del juicio para
avisarle a la Corte que
quieren venir a Cuba a
tomar el testimonio de
estos dos individuos. No
me lo explico”, enfatizó
Pertierra, cuyo bufete
se encuentra en
Washington.
Y no me sorprende
—apostilló—
que la jueza le haya
dicho a la fiscalía que
ya era muy tarde y no
podían hacer el viaje.
“Y es una lástima que el
jurado, que es el que
tiene que determinar la
culpabilidad de Posada
Carriles no pueda
escuchar esos
testimonios”, subrayó el
abogado.
Según documentos
judiciales, el criminal
está acusado de 11
cargos: dos por
perjurio, uno por
obstrucción de la
justicia, otro por
fraude en el trámite de
naturalización y siete
por declaraciones falsas
en relación con los
procedimientos
migratorios.
La primera acusación por
perjurio está sustentada
en que, durante el
trámite de asilo, negó
que reclutó a personas
para colocar artefactos
explosivos en Cuba, sin
embargo su labor en la
captación de mercenarios
la había declarado en
1998 al diario The New
York Times.
El segundo cargo por
perjurio se debe a que
también negó ante el
tribunal de inmigración
que conocía o había
facilitado el viaje a la
Isla del salvadoreño
Raúl Cruz León, autor
directo de la explosión
que provocó la muerte
del turista italiano Di
Celmo en el hotel
Copacabana en 1997.
La tercera acusación es
por obstruir una
investigación federal
sobre terrorismo
internacional,
relacionada precisamente
con esos hechos, de
manera que si es
declarado culpable de
los dos primeros cargos,
automáticamente debería
ser hallado responsable
del tercero.
Una lista de siete
mentiras constituye el
cargo número cuatro,
etiquetado como fraude
en el trámite de
naturalización.
Las falsedades van desde
que entró a Estados
Unidos por la frontera
con México ayudado por
un coyote, hasta que no
utilizó un pasaporte
falso con el nombre de
Enrique Castillo López,
cuando de hecho tenía un
documento de ese tipo
con su fotografía y esas
generales.
Los cargos del cinco al
11 incluyen diversas
acusaciones por las
falsas declaraciones
descritas en el cargo
número cuatro.
De acuerdo con Pertierra,
para la argumentación de
varios de estos cargos
serían de gran utilidad
unas seis mil páginas de
documentos que Cuba
envió a la fiscalía en
relación con el caso,
sin embargo esta no los
entregó oportunamente a
la defensa, de ahí que
la jueza Kathleen
Cardone expresara
preocupación con esa
tardanza.
“Pero, por alguna razón
inexplicable también, la
fiscalía no compartió la
gran mayoría de esos
documentos con la
defensa, no lo hizo
hasta última hora”,
comentó el abogado, de
ahí que exista un gran
riesgo de que la Corte
no los acepte, y el
riesgo es bastante alto.
Según Pertierra, está
claro que Posada
Carriles es culpable de
todos los cargos de los
que está acusado.
“A nadie le cabe duda de
que le mintió a
inmigración burdamente,
desde que entró a
Estados Unidos”, exclamó
el letrado.
Incluso, señaló como
curioso que uno de los
argumentos que presentó
el abogado Arturo
Hernández en defensa de
Posada Carriles es que
se asombraba de que
presentaran cargos de
esta índole contra su
cliente, cuando fue
precisamente la CIA la
que le enseñó a mentir.
Pero si logran
condenarlo por
mentiroso, y demostrarle
que participó en el
reclutamiento de Cruz
León para poner la bomba
en el hotel Copacabana,
la próxima pregunta es
por qué no lo encausan
por asesinato, dijo
Pertierra.
Sin embargo, llegan
noticias de que la
defensa no solamente
prevé cuestionar las
evidencias contra el
acusado, sino convertir
el juicio contra Posada
en un espectáculo
mediático adverso a
Cuba.
Le han dicho a la jueza
que quieren sacar a
relucir temas como el
derribo en 1996 por
cazas cubanos de dos
avionetas de la
organización Hermanos al
Rescate, medios que
violaron en reiteradas
ocasiones el espacio
aéreo de la Isla y que
fueron advertidos.
También
—indicó
Pertierra—
se proponen arremeter
contra los cinco
antiterroristas cubanos
presos en cárceles de
Estados Unidos, y en
especial contra la
reciente petición de
recurso legal presentada
por el nuevo abogado de
Gerardo Hernández,
sentenciado a doble
cadena perpetua más 15
años de prisión.
Hernández, al igual que
Ramón Labañino, Fernando
González, Antonio
Guerrero y René
González, fueron
apresados en 1998.
“La razón de ser de los
cinco es precisamente
Posada Carriles. Ellos
van a Estados Unidos para
proteger a la población
cubana de ataques
terroristas que se
cultivaban en Miami y
New Jersey, financiados
por grupos
cubano-americanos”,
comentó Pertierra.
El criminal estuvo en El
Salvador y otros países
y reclutaba mercenarios
centroamericanos para
muchas de esas
actividades, y Cuba
—apostilló
el letrado—
necesitaba información
sobre las fuentes de
dinero y el origen de
estos ataques
terroristas, y por eso
envió a los cinco.
En opinión de Pertierra,
mientras esté en proceso
el caso de Posada
Carriles en Texas, no se
le dará ningún curso a
la solicitud de
extradición de
Venezuela, que data de
2005.
“Cuando concluya el
caso, entonces Venezuela
presentará una respuesta
contundente al
Departamento de Estado
en respuesta a la nota
diplomática del 25 de
junio, y procedemos
entonces con la
solicitud de
extradición. Las pruebas
existen, y vamos a
insistir en eso”, afirmó
el abogado, para quien
el caso de Posada
Carriles pone de
manifiesto la doble
moral del gobierno de
Estados Unidos.
Fuente: Cubadebate |