Ley de Economía Sostenible

El proyecto de ley de Economía Sostenible conocido como LES es una iniciativa legislativa aprobada en el Consejo de Ministros de España celebrado el 27 de noviembre de 2009. Consiste en un conjunto de medidas que pretende modernizar la economía española principalmente en tres sectores: financiero, empresarial y medioambiental.^{[1] [2]}

En la redacción original del proyecto de ley se incluía la disposición final segunda también conocida como Ley Sinde y Ley Biden-Sinde relativa a la regulación de webs y la protección de la propiedad intelectual. En el proceso de aprobación parlamentaria fue eliminada del proyecto de ley.^[3]

Su objetivo es, según el Gobierno,

[editar] Ley Orgánica Complementaria

La ley viene acompañada de un Proyecto de Ley Orgánica Complementaria, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, presentada ante las Cortes el 30/03/2010.

[editar] Definición

Se entiende por economía sostenible un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, asimismo como la censura en Internet, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.^[5]

[editar] Entorno económico

Pretende eliminar restricciones injustificadas, estableciendo principios de buena regulación económica para crear un marco normativo estable y predecible con bajo nivel de cargas administrativas.

[editar] Competitividad

Mejora de la competitividad mediante cinco acciones: Simplificación administrativa, sociedad de la información, ciencia e innovación, internacionalización y formación profesional.

[editar] Sostenibilidad

Con el objetivo de reducir en un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero potencia la utilización de energías renovables, que deberán alcanzar un consumo del 20 % para el año 2020, plantea políticas de transporte y movilidad sostenible (Elena Salgado ha afirmado que se prestará especial atención al tren de mercancías, uso del transporte público y vehículo eléctrico), así como de ahorro y eficiencia energética y rehabilitación del parque de viviendas, con equiparación fiscal del alquiler y la compra de vivienda.

[editar] Vivienda

El Gobierno de España pretende que la norma sea el motor del cambio en el sector inmobiliario, así Javier Ramos, secretario general Ministerio de la Vivienda señala como este nuevo modelo permita el crecimiento sostenible del sector, haciendo que se destine el 35% de la inversión inmobiliaria a la rehabilitación y que aumente el parque de viviendas en alquiler hasta el 20%, ahora se estima sobre el 13%.^[6] "una reforma profunda en materia de rehabilitación para que ésta pueda ser realmente una actividad que canalice parte del empleo que se destruye en la construcción de obra nueva".

Además de la fiscalidad, sería necesario modificar los parámetros técnicos exigibles en la rehabilitación, tan estrictos como los de la obra nueva y que en muchas ocasiones hacen que sea preferible mantener la fachada y derribar un edificio que acometer su rehabilitación", siendo necesario una modificación jurídica que permita acometer las obras integrales en los edificios pudiendo garantizar mecanismos que permitan realojar temporalmente a quienes habiten en ellos.

Para Beatriz Corredor se trata de la iniciativa legislativa más importante de esta legislatura y considera como en el tema de vivienda, la medida más relevante, es la desaparición global de la deducción por compra.^[7] Para la ministra hemos comenzado una reforma estructural profundísima, anunciando mejoras en la fiscalidad de la rehabilitación, de modo que Las administraciones y las empresas tendrán que cambiar de criterio y atender a la renovación urbana y a la rehabilitación de barrios, pero para ello deberá legislarse para que obras apoyadas por una gran mayoría de propietarios no se dejen de hacer por los impedimentos de algún vecino.

[editar] Trámite parlamentario

Para José Luis Rodríguez Zapatero esta ley sacará a España de la crisis, generará empleo logrando cambiar el modelo productivo. Entre las reformas que el Gobierno aplicará a corto plazo, como parte de la Economía Sostenible, están la reforma del sistema judicial (este mes), la formulación de un plan de lucha contra el fraude fiscal (principios de 2010), desarrollar un plan de competitividad industrial y acabar la reestructuración del sector financiero (en la primera mitad de 2010).^[8]

Para el ministro de Fomento, José Blanco, esta ley no es una varita mágica que vaya a cambiar la economía española, señalando que la mejoría del mercado laboral dependerá directamente del esfuerzo inversor de las compañías en investigación y añadió que «en estos momentos no podemos ser conservadores. No podemos conservar un sistema financiero desprovisto de todo control, ni conservar la burbuja inmobiliaria, ni podemos conservar una Administración lenta y burocratizada».^[9]

El Consejo de Ministros celebrado en Sevilla el 19 de octubre de 2009 aprueba el proyecto de Ley de Economía Sostenible con el que pretende cambiar el patrón de crecimento económico español en un horizonte de diez años, orientándolo hacia los sectores potencialmente más productivos y generadores de empleo y disminuyendo progresivamente el peso del sector constructor.^[10] Según José Luis Rodriguez Zapatero la norma es "coherente con el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno para cambiar el modelo económico" y útil para conseguir un aumento de la competitividad, así como "nuevas respuestas inmediatas" a la crisis.^[11]

La Mesa del Congreso de Diputados ha acordado el 6 de abril de 2010 encomendar su aprobación con competencia legislativa plena a la Comisión de Economía y Hacienda de la cámara.

[editar] Críticas

La llamada 'Ley Sinde' ha sido presentada en algunos medios de comunicación como un instrumento legal orientado principalmente a la persecución de las descargas de contenido con 'copyright' por Internet^[12] (véase también la sección sobre críticas, más abajo). Para Ecologistas en Acción tiene poco que ver con la sostenibilidad y mucho más con conseguir un crecimiento sostenido, por ello ha rebautizado la ley como Ley de Crecimiento Sostenido.^[13] Según el líder del PP, Mariano Rajoy, la ley "no es ni buena, ni mala", sino "indiferente" para atajar la Crisis económica de 2008-2010, además de ser "un señuelo para huir de lo importante y un ejercicio más de escapismo".^[14]

[editar] El germen andaluz del proyecto

El objetivo de la Ley de Economía Sostenible, como se ha visto, es el de transformar las bases de la economía española impulsando las energías renovables, así como nuevos sectores productivos. Se persigue una economía más innovadora, con empleos estables y bien remunerados. El hecho de que el Gobierno decidiese desplazarse hasta Sevilla para aprobar el texto tiene un evidente carácter simbólico, y es que el proyecto fue concebido y gestado en Andalucía. El origen de la Ley lo encontramos en el programa “Andalucía Sostenible”, una iniciativa impulsada por la Junta que será el primer paso del proceso cambio del actual patrón de crecimiento económico que el Gobierno pretende extender a toda España. El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló en Sevilla, en el marco de un coloquio con empresarios y sindicatos, que “Andalucía es la comunidad autónoma pionera elegida para llevar a cabo el tránsito hacia la economía sostenible de manera que sirva de empuje al resto de comunidades.” A esto añadió: “Vamos a hacerlo en Andalucía y vamos [4] a demostrar que esta comunidad tiene potencial activo por sí misma, con el respaldo del gobierno de España.” [5]

[editar] Debate público

Se trata de un texto que afecta, por su dimensión estatal, al conjunto de la sociedad española y, por su carácter económico, productivo y medioambiental, al gran número de colectivos sociales que construyen día a día la economía del país, esto es, empresarios, sindicatos, trabajadores, científicos, investigadores … cada uno de los cuales defiende una postura distinta y, en algunos casos contradictoria, frente a la norma. No es de extrañar que encontremos el apoyo a la Ley de Economía Sostenible en el Gobierno, así como en los miembros del Partido Socialista. Ante las críticas de la oposición, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido en más de una ocasión al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, “que se lea la Ley a fondo" porque "no se pueden despachar las cosas con esa ligereza". "Sé que es una ley muy larga, con aspectos muy técnicos, pero que se la lea globalmente.^[15] El Gobierno defiende que la lucha contra el cambio climático es una exigencia rentable. Por ejemplo el ex Presidente andaluz y Ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, explicaba que uno de los principales objetivos es "cambiar el modelo económico, ya que no se puede continuar con el mismo". La Ley "supondrá una apuesta por las energías renovables, la Investigación y Desarrollo (I+D), la internacionalización de las empresas españolas y el incremento de la productividad y la competitividad, con base al diálogo social".^[16] Desde el PSOE, su Secretaria de Organización, Leire Pajín, asegura que será el “perfecto revulsivo para cambiar el modelo de crecimiento y llevar España otra vez a la Champion League”.^[17] Otra voz es la del eurodiputado y secretario general del Partido Socialista Canario, Juan Fernando López Aguilar, quien afirma que el proyecto de Ley de Economía Sostenible es "un puntal central de la estrategia de sostenibilidad y la innovación, que es mucho más ambiciosa que la propia ley".^[18] La Ley de Economía Sostenible es el proyecto estrella del ejecutivo y en ella han centrado todo su esfuerzo, sin embargo, están encontrando obstáculos en el camino, ya que son muchos los colectivos que critican la iniciativa o alguno de los aspectos que la rodea. Algunos expertos sostienen que, en un sistema de libertad de mercados, no sirve de nada programar la economía, ya que el modelo no lo puede crear nunca un Gobierno, sino que son los agentes económicos, empresas, sindicatos, entidades e instituciones las que deciden el modelo con su actividad.

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, aunque reconoce que contiene elementos genéricos importantes, considera que este proyecto de ley tiene una ausencia: la definición de una política industrial no sólo a nivel territorial sino también sectorial. A su juicio sería “fundamental que se definiera una política industrial asociada al cambio tecnológico”, ya que “debería ser el pivote sobre el cuál se haría el cambio de la economía productiva”.^[19] Por su parte, los grupos políticos de la oposición critican la falta de ideas novedosas en este texto, más allá de las claves económicas ya conocidas. En esta línea, el líder del PP, Mariano Rajoy, lo califica de “sarcasmo”, “juego malabar”, “truco propagandístico”, “bagatela de colorines”, o, gráficamente, “rótulo luminoso en un solar vacío”. Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP y presidente de los 'populares' andaluces, Javier Arenas, considera la Ley un "lema publicitario" donde "no hay ni una sola reforma profunda para salir de la crisis", y añadía que "la economía será insostenible mientras este Zapatero"^[20] El resto de partidos tampoco ahorra en críticas al proyecto. El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez, cree que el proyecto tiene “mucho envoltorio y poca proteína”. Así, Josu Erkoreka, el portavoz del PNV, censura al presidente la cascada publicitaria por una ley “con tan poco contenido”.^[21]

En un blog de Internet encontramos la siguiente afirmación: “el gobierno se ha sacado de la manga una serie de parches que no se sabe muy bien para qué van a servir ni cómo van a revitalizar el cambio de modelo, a los cuales les ha puesto un buen nombre que vende bien a nivel de marketing bajo el título de Economía Sostenible.”^[22]

[editar] Descarga de copias privadas

La Ley de Economía Sostenible contempla en una de sus disposiciones adicionales la regulación de las descargas en Internet. Esta medida ha generado un debate público de importancia en el que el Gobierno de España, la Industria Discográfica y los usuarios defienden sus posicionamientos:

[editar] Gobierno

La titular de Cultura, Ángeles González-Sinde, es la artífice de la nueva medida gubernamental que pretende atajar las descargas en España. Según el último informe de la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI), España ha cerrado el 2009 con un 17% menos de facturación en el mercado musical mientras que las descargas de Internet subieron un 10,5 %.^[23] Este es uno de los datos que desde Cultura se manejan como reflejo de la difícil situación que existe en España debido a las descargas ilegales. Por eso, por primera vez el Ejecutivo va a regular las descargas de contenidos de Internet a golpe de ley. La Ley de Economía Sostenible (LES), presentada el pasado mes de diciembre, es la que contempla, en sus disposiciones finales, la regulación de este ámbito que se hace meses después de que el Parlamento Europeo aprobara el Paquete de Telecomunicaciones^[24] que autoriza el corte del acceso a Internet a los usuarios que, reiteradamente, violen los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, hay que situar la bautizada como ‘Ley sinde’ dentro del marco de actuación que la Eurozona está aplicando para sus gobiernos respecto a la regulación de Internet. Además, esta iniciativa casa con la presidencia de la Unión Europea que ostenta España desde principios de 2010 y permite al Gobierno Español tener una respuesta ante las miradas recelosas que sus socios europeos, sobre todo Francia y Reino Unido, que habían empezado a adoptar medidas restrictivas respecto a las descargas ilegales desde hace varios años.

[editar] Industria cultural

Desde que se presentara la Ley de Economía Sostenible, los representantes de las industrias culturales han respirado con alivio y han presionado al Ejecutivo Español para que siga adelante con la ley. En España, la Coalición de Creadores representa a la industria cultural y a las sociedades de gestión y está formada por entidades como la Sociedad General de Autores (SGAE), la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la asociación de Productores de Música de España, (Promusicae). Desde 2009, con el nombramiento de Ángeles González-Sinde como ministra de Cultura, la Coalición ha reforzado sus encuentros con los grupos políticos y el Gobierno para aunar posturas en torno a la regulación de las descargas, siempre mostrándose partidaria de una “ley antidescargas”. Incluso, la Coalición ha mandado cartas^[25] al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, exigiendo respeto por la profesión e instando a que el Ejecutivo tomara medidas en el asunto. Por tanto, la industria cultural, desde el primer momento, ha apoyado la decisión del Gobierno de legislar acerca de las descargas en Internet.

[editar] Usuarios

Desde la aparición en escena de la Ley, las comunidades de usuarios se han manifestado rotundamente en contra. Blogueros, periodistas, abogados, administradores de webs, y un largo etcétera de usuarios han cargado duramente contra la iniciativa del Gobierno aduciendo muchas razones. En primer lugar, consideran que se trata de una ley que obedece a criterios empresariales y desatiende los derechos de los internautas, tal y como reclaman organizaciones de consumidores.^[26] Además, deja en una situación ambigua muchas prácticas de los usuarios de internet. La nueva ley prevé la creación de Comisión (Comisión de Propiedad Intelectual) dependiente de Cultura que será la que analice el website y lo derive hacia la Audiencia Nacional que, en caso de incumplir la nueva normativa, decretará el cierre provisional del sitio. En un primer momento, el anteproyecto de ley daba plenas facultades a la comisión para cerrar las webs pero el gran revuelo ocasionado obligó a Zapatero a intervenir^[27] y asegurar que “no se cerrará ninguna web sin orden judicial”. Además, la nueva ley introduce conceptos como los de "ánimo de lucro indirecto" o "pretensión de causar daño", lo que supone la creación de un aparato jurídico para perseguir a las personas que descargan contenidos sin consentimiento de su autor. El conocimiento de la Ley de Economía Sostenible provocó una revuelta en Internet como nunca antes se había dado. Se redactó un manifiesto^[28] que ha sido respaldado por miles de usuarios a través de las redes sociales y que critica que se sitúe los derechos de autor por encima de derechos fundamentales como el derecho a la privacidad. Además, se convocó una manifestación^[29] como protesta ante tales medidas. De cualquier modo, la Ley fue aprobada por el Consejo de Ministros sin modificaciones sustanciales (salvo la introducción de la autorización judicial para decretar el cierre de webs) y en junio pasará por el Congreso para que sea aprobada.

[editar] Otros

Contrarios a la Ley Sinde, también se han pronunciados miembros de partidos políticos, abogados y hasta alguna gran empresa. Los partidos políticos que han manifestado una postura claramente contraria son Izquierda Unida^[30] , Ciudadanos (Partido de la Ciudadanía) y el Partido Pirata ^[31] . El PP como principal opositor del Gobierno ha preferido mantenerse en silencio. Por otro lado, y sorprendentemente, una gran corporación como es Microsoft ha declarado también su postura contraria a la ley. Aunque sea una de las compañías que más se ha destacado por luchar contra la piratería y por descubrir y denunciar a aquellos que violan sus derechos de propiedad intelectual , el director de Desarrollo de Propiedad Intelectual de la filial ibérica de la firma, Txema Arnedo, ha destacado que la ley es «un tema que tiene su doble filo". Y no cree que "la solución al problema vaya a ser poner procedimientos administrativos para cerrar webs por cualquier cosa». Por otro lado una de las voces legales que ha abanderado la causa es el abogado sevillano David Bravo. Convertido ya en toda una celebridad de Internet, especializado en derecho informático y propiedad intelectual ha defendido siempre tanto en términos legales como en discursos accesibles para todos el derecho a compartir cultura y conocimiento. No iba a ser menos con esta ley, lleva años tratando y publicando en su página web personal casos de denuncias a usuarios y responsables de páginas dónde habían enlaces a archivos que los propios usuarios compartían. Estas denuncias eran anunciadas a bombo y platillo en todo los medios como medidas eficaces para acabar con la piratería. Lo que luego no contaban es que en todos los casos, las sentencias eran desestimadas por los jueces.

Denuncias que venían siempre por parte de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) a páginas web donde se ofrecían enlaces peer to peer a diversos archivos sin ningún tipo de lucro. Además eran los propios usuarios los que compartían e indicaban dichos enlaces. La sentencia por parte del magistrado siempre ha sido la misma, no existe delito alguno: «Enlazar sitios de internet, que no es otra cosa que ofrecer el mero dato fáctico de un contenido que se halla en otro lugar de Internet, queda muy lejos del núcleo de lo que supone distribuir, reproducir o comunicar públicamente, y ello resulta del hecho de que comunicados los usuarios de las redes P2P, estos actúan la descarga, en su caso, sin intervención de los sitios que han facilitado el enlace» Lo que la Ley de Economía Sostenible pretende es saltar la parte donde los jueces determinan si es legal o no las webs denunciadas. Ya que hasta ahora siempre se ha defendido su inocencia y falta de delito. Para pasar a ser juzgado por una comisión particular creada por el propio Gobierno. De hecho y basados en estas sentencias, una de las movilizaciones sociales por parte de los internautas fue denunciar irónicamente al todopoderoso Google. Ya que, según ellos, hace exactamente lo mismo que el resto de páginas españolas denunciadas por la SGAE,es decir, organizar y ofrecer enlaces. Por lo tanto vulnera la Ley Sinde. Con ello pretenden dejar claro y ejemplificar lo injusta e innecesaria que es dicha ley. Otras de las medidas organizadas, a iniciativa de Francisco George (creador del grupo de Facebook del Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet) es la de denunciar por prevaricación a cualquiera que forme parte de la Comisión de la Propiedad Intelectual que se pretende crear. Ya que, y sobre todo si es un cargo público (funcionario), que al ser parte de una comisión del gobierno, no tendría más remedio que considerarse funcionario, la prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Y como ya sabemos por las sentencias anteriores, es una resolución injusta. Por lo que habría delito, que según el artículo 404 del código penal «se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.» En esta misma línea, otra medida más propuesta, es que los ciudadanos deberán acudir a los tribunales internacionales en caso de ser penalizados por la Ley Sinde, para condenar al Estado español, ya que la ONU considera la libertad en Internet un derecho fundamental.

[editar] Posturas enfrentadas ante la Ley de Economía Sostenible referente a Internet

[editar] La postura del Gobierno

Desde el inicio de la polémica, Ángeles González Sinde y el Ministerio de Cultura han sido firmes en cuanto a la sección de la ley de Economía Sostenible que afectaba a Internet. A pesar de las seguidas protestas de los ciudadanos y de las distintas asociaciones, desde un principio, la ministra se ha negado a suprimir la Comisión de Propiedad Intelectual (la que decidirá qué páginas cerrar), y que es uno de los puntos que más disputa ha suscitado.

Por lo pronto, el proyecto de ley tiene todavía que pasar por el Congreso para su aprobación definitiva, con lo que puede todavía sufrir algunos cambios o no ser aprobada. Por tanto, los distintos sujetos contrarios a esta ley continúan todavía con su particular campaña para el cambio o la creación de otra ley más beneficiosa para los usuarios y profesionales de Internet.

[editar] Asociaciones pro derechos de autor. La SGAE

Esta parte es la que saldrá más beneficiada en caso de aprobarse la ley de Economía Sostenible, ya que permitirá el cierre de webs sin intervención judicial en cuanto a la vulneración de los derechos de autor.

La web de noticias especializadas Neoteo lo explica de la siguiente forma:

Por su parte, Eduardo Bautista, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), considera que la ley de Economía Sostenible es “amable” en comparación con otras normativas como las de Francia y Reino Unido. “Los consumidores tendrán que aceptar seriamente que vivimos en una economía de mercado garantizada por la Constitución, en la que las cosas tiene un precio y sólo el Estado puede decir que la cultura sea gratis.”

[editar] Las asociaciones

Las asociaciones han jugado un importante papel en la lucha contra la aprobación de la ley Sinde. Muchas son las asociaciones que han surgido a partir del anuncio del nuevo proyecto de ley, y éstas, junto con otras asociaciones y el Partido Pirata ya existentes han sido las promotoras de las movilizaciones de la opinión pública.

Algunas de las medidas llevadas a cabo por las asociaciones has sido la creación de un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet. Estos grupos también organizaron una manifestación el 4 de diciembre en varias ciudades españolas a la que acudieron (según 20minutos) aproximadamente un millar de personas. En esta ocasión, las redes sociales cumplieron una vez más un importante papel, ya que las protestas fueron seguidas por otras tantas personas en Twitter y Facebook.

Por otro lado, algunas de las webs más populares en Internet como Películas Yonkis o Cinetube se unieron al luto de la Plataforma "No al cierre de webs" mediante el cese de sus servicios el día 16 de marzo con un fundido negro con el lema “Por la libertad en la Red. No al cierre de webs”.

[editar] La prensa española

[editar] 20 Minutos

El diario gratuito 20 Minutos es el único medio de comunicación español que se ha posicionado abiertamente con las asociaciones de internautas y en contra de la aprobación de la ley.

Este medio, en su edición digital, fue el primero en publicar el manifiesto "En defensa de los derechos de Internet". Además, 20minutos puso a disposición de los internautas una viñeta que ha terminado convirtiéndose en uno de los emblemas de ésta lucha. Se trata de la imagen de una paloma cuyas alas forman las letras www, y que fue creada por Eneko, dibujante y bloguero del diario, para este fin.

[editar] FACUA

La organización de cosumidores Facua ha condenado desde el primer momento esta ley que considera insultante al calificar de piratas y criminales a los ciudadanos “por el mero hecho de compartir cultura”.

El mismo día de la aprobación del proyecto de ley (19 de marzo), FACUA lanzó la campaña "Si es legal, es legal" para solicitar al Gobierno un cambio en su política cultural.

[editar] Wikileaks

El 4 de diciembre de 2010 y después de que la blogosfera española presionase al diario nacional El País, dicho medio de comunicación publicó un detallado artículo^[32] en el que sumarizaba a través de 35 cablegramas de la embajada estadounidense en Madrid revelados por Wikileaks en el "Cablegate" las presiones que ejerció EE.UU sobre el gobierno de España para la aprobación de una ley antidescargas que finalmente se concretó en la Ley de Economía Sostenible.

[editar] Véase también

• Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”

[editar] Referencias

[editar] Enlaces externos

• Resumen del Anteproyecto y texto íntegro
• Economía Sostenible. El Gobierno de España crea una web de la Ley de Economía Sostenible, la página dará cuenta de los objetivos que se vayan cumpliendo y los plazos.
• ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE