La Conferencia Tricontinental, celebrada en el Hotel Habana Libre del 3 al 15 de enero de 1966, es un acontecimiento excepcional, ocurrido en un momento histórico también excepcional. Fue una expresión concreta y simbólica de la unidad de los más destacados dirigentes de los movimientos anticolonialistas y revolucionarios del entonces llamado Tercer Mundo. No es casual que ello ocurriera en la prodigiosa década de 1960, aquella en que el hombre franqueó la barrera del cosmos; en que los Beatles ampliaron el horizonte de la música; en que los EE.UU. se estremecieron por el impacto del movimiento de los derechos civiles, el antibélico y el estudiantil; en que Europa Occidental experimentó un terremoto cuyo epicentro fue el Mayo francés de 1968; y en que el Che Guevara encarnó su propio concepto del hombre nuevo e ingresó a la inmortalidad en la humilde escuelita de La Higuera.
 

¿Por qué un hecho mundial de semejante envergadura se efectuó en un pequeño país del Caribe llamado Cuba? ¿Qué le confirió a Cuba la capacidad de convocar a los líderes revolucionarios más importantes del mundo? ¿Cuál fue el desenlace de aquella lucha revolucionaria librada en América Latina? ¿Qué relación existe entre aquella lucha y la situación latinoamericana actual?

El triunfo de la Revolución Cubana se convirtió en el más formidable obstáculo al completamiento de la construcción del sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano, en momentos en que este creía contar con las condiciones ideales para concluir ese proceso, iniciado en 1889‑1890 mediante la celebración de la Conferencia Internacional de las Repúblicas Americanas, también conocida como Conferencia de Washington.

El desenlace de la Segunda Guerra Mundial —en virtud del cual se erigen en la principal potencia imperialista del planeta— y la histeria anticomunista de la Guerra fría —que utilizaba como pretexto para implantar dictaduras militares y gobiernos civiles subordinados a sus intereses— permiten a los EE.UU. imponer su hegemonía en América Latina, materializada en la fundación, en 1948, de la Organización de Estados Americanos (OEA), utilizada en 1954 para legitimar el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala. En la segunda mitad de la década de 1950, dos factores favorecen un proceso análogo en el terreno económico. Uno es el restablecimiento de la capacidad productiva de Europa Occidental, que impulsa al imperialismo norteamericano a reorientar hacia América Latina una parte de los flujos de mercancías y capitales que desde el fin de la guerra había focalizado en la reconstrucción europea. El otro es el abrupto descenso de la demanda mundial de productos primarios que asesta el golpe de muerte a los esquemas nacional‑desarrollistas con que las burguesías latinoamericanas palearon la desconexión económica de las potencias imperialistas que sufren a partir de la Primera Guerra Mundial y, más aún, como resultado de la Gran Depresión de 1929.

A finales de la década de 1950, el imperialismo norteamericano ya se hallaba en condiciones de asumir la función de metrópoli económica neocolonial de la región que Gran Bretaña dejó vacante en 1929 y, por otra parte, las frustradas y desconcertadas elites criollas eran proclives a aceptar la nueva dominación foránea. De modo que, cuando los círculos de poder de los EE.UU. creen, finalmente, haber vencido todos los obstáculos que se interponían a la materialización del sueño de los llamados padres fundadores de expandir su dominación a todo el continente, la demostración fehaciente de que un pueblo latinoamericano y caribeño podía escribir su propia historia, fue el catalizador de un renovado auge de las luchas populares en América Latina.

Por una “ironía del destino”, después de haber utilizado, sin base real alguna, durante más de una docena de años a la “amenaza del comunismo” como pretexto para imponer dictaduras militares y gobiernos civiles dóciles a la expansión de su sistema de dominación continental, incluida la penetración económica y la injerencia política, el triunfo de la Revolución Cubana hizo que las peores pesadillas de Guerra fría del imperialismo norteamericano de pronto se convirtieran en realidad. Por una parte, ese acontecimiento fue un poderoso estímulo a las luchas populares en la región. Por la otra, en auxilio de la joven Revolución, ocurrida a 90 millas de sus costas, acudió la Unión Soviética que, por primera, encontraba un aliado en el continente.

El burdo prisma de Guerra fría llevaba al imperialismo norteamericano, en parte por propaganda, pero también en parte por incapacidad para percibir las diferencias, a calificar a Cuba como “títere” y “punta de lanza” de la “penetración soviética” en las Américas, cuando, en realidad, el triunfo del Ejército Rebelde sobre la tiranía de Fulgencio Batista impactó en los sectores populares latinoamericanos precisamente porque emergió como alternativa victoriosa a la izquierda tradicional, que había quedado atrapada en el círculo vicioso de la política de frentes amplios.

El enfrentamiento entre Cuba y los EE.UU. es multifacético y se desarrolla en dos planos interrelacionados: en el plano ideológico, político y diplomático general, en tanto expresión del antagonismo entre la principal potencia imperialista, y un país socialista del Sur caracterizado por su lucha contra toda forma de dominación y opresión; y, en el plano bilateral, debido a la relación, también antagónica, entre la política que intenta imponer a Cuba una subordinación “plattista” y la decisión de su pueblo de resistir y vencer.

La Declaración de La Habana, dada a conocer en un discurso del Comandante Fidel Castro, aprobada a mano alzada por más de un millón de cubanos, constituidos en Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba en la Plaza de la Revolución José Martí, el 2 de septiembre de 1960, constituyó la respuesta a la Declaración de San José, emitida por la VII Reunión de Consulta de la OEA, celebrada del 22 al 28 de agosto de aquel mismo año en la capital costarricense, que calificaba la relación de Cuba con la URSS y China como una amenaza al continente y pretendía forzar su ruptura. La II Declaración de La Habana, dada a conocer al pueblo cubano y al mundo en un discurso del Comandante Fidel Castro, y también aprobada a mano alzada por más de un millón de cubanos congregados en la Plaza de la Revolución José Martí, el 4 de febrero de 1962, fue la respuesta a la sanción adoptada contra Cuba el 30 de enero de ese año, por la VIII Reunión de Consulta de la OEA que consistía expulsar al Gobierno Revolucionario del Sistema Interamericano. A las Declaraciones de La Habana seguiría en breve la aprobación, el 26 de julio de 1964, de la Declaración de Santiago de Cuba, en respuesta a la ruptura colectiva de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales, aprobada un día antes por la IX Reunión de Consulta de la OEA, realizada en Washington D.C. Esas tres declaraciones contienen la esencia del ideario de la política exterior de la Revolución Cubana, imbuida de una sólida concepción latinoamericanista y tercermundista.

“¿Qué es la historia de Cuba —plantea la II Declaración de La Habana— sino la historia de América Latina? ¿Y qué es la historia de América Latina sino la historia de Asia, África y Oceanía? ¿Y qué es la historia de todos estos pueblos sino la historia de la explotación más despiadada y cruel del imperialismo en el mundo entero?”

Aún retumba la voz del Comandante Ernesto Che Guevara en el salón de la Asamblea General de la ONU, desde que el 11 de diciembre de 1964 concluyó su alocución en el XIX período de sesiones de ese órgano, con una extensa cita de la II Declaración de La Habana, cuyas líneas finales fueron:

“Porque esta gran humanidad ha dicho: ¡Basta! y ha echado andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia.”

Las Declaraciones de La Habana y Santiago de Cuba, los discursos en tribunas nacionales e internacionales pronunciados por los principales líderes de la Revolución Cubana entre los que resaltan los de Fidel y el Che, la Conferencia Tricontinental, que funda la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), y la Conferencia de Solidaridad con los Pueblos de América Latina también celebrada en la capital cubana en agosto de 1967, que crea la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), hacen trascendentales aportes a la actualización, la adecuación y el desarrollo de la teoría y la praxis de la revolución social en las condiciones imperantes en la década de 1960 en el entonces denominado Tercer Mundo. Símbolo de ese pensamiento es el Mensaje del Che a la Tricontinental, publicado en abril de 1967 con el título “Crear, dos, tres, muchos Vietnam”.

Desde el triunfo de la Revolución Cubana hasta su salida del país en 1965, tras la cual cumplió misiones internacionalistas en el Congo y Bolivia, el Che se consagra por entero a dos tareas: dar los primeros pasos hacia la construcción del socialismo en Cuba; y desarrollar una concepción estratégica y táctica de la Revolución socialista acorde a las condiciones del mundo subdesarrollado y, en especial, a las condiciones de América Latina.
 

Che evaluaba que en América Latina existían las condiciones objetivas para emprender la Revolución, cuyo carácter “tenía” que ser socialista para ser una revolución verdadera. La guerra de guerrillas no constituía para el Che la única forma de lucha, pero sí la consideraba la más conocida y efectiva en su momento porque la acción de la vanguardia armada revolucionaria contribuía, de modo decisivo, a crear las condiciones subjetivas donde estas no estuvieran listas. No obstante, insistía en que los pueblos solo emprenden la Revolución social cuando se convencen de que las vías legales para la satisfacción de sus intereses y necesidades están totalmente cerradas. Para el Che, el objetivo de las fuerzas revolucionarias es aniquilar al enemigo mediante la lucha armada con el fin de conquistar el poder, y ello presupone que la guerrilla ascienda los peldaños que le permitan elevar sus resultados militares, mejorar su composición social y profundizar su desarrollo político hasta convertirse en la impulsora del movimiento generador de conciencia revolucionaria de las masas. No es la guerrilla la que hace la Revolución, sino la acción directa y decisiva del pueblo, que ella contribuye a generar.

Inspirada en este pensamiento, la Revolución Cubana abre una etapa de la historia de América Latina caracterizada por tres procesos relacionados:

1.   El auge de las formas violentas de lucha popular (rural y urbana), que en algunos casos tiene como meta la Revolución socialista y en otros solo la reforma progresista del capitalismo, esto último, en los países donde la dictadura impedía, incluso, la realización de esa reforma por la vía pacífica.

En las condiciones imperantes en esta etapa, era lógico que en la conciencia social predominara la asociación entre: a) los conceptos de revolución y socialismo como objetivos estratégicos y la lucha armada como la táctica conducente a alcanzarlos; y, b) el concepto de reforma del capitalismo como objetivo estratégico y la lucha electoral como la táctica correspondiente. Aunque en la gran mayoría de los casos ambas asociaciones entre objetivos y tácticas eran acertadas, es preciso aclarar que hubo excepciones tanto de fuerzas no socialistas, sino simplemente antidictatoriales que se sintieron compulsadas a empuñar las armas por la inexistencia de canales de lucha política legal, como también de fuerzas revolucionarias que, por considerar que no estaban creadas las condiciones o por otros motivos, discreparon de la lucha armada o se sumaron a ella después que otros movimientos la habían emprendido.

2.   La represión desatada por el imperialismo norteamericano y sus aliados en la región, que emplearon la violencia más descarnada contra todas las fuerzas antidictatoriales, sin hacer mucha distinción entre las que se planteaban y las que no se planteaban la revolución socialista como objetivo, ni entre quienes desarrollaban y quienes no desarrollaban la lucha armada.

3.   El enfrentamiento ideológico entre los movimientos político‑militares y los partidos de izquierda opuestos a ella, entremezclada con la polémica entre las corrientes socialistas y las no socialistas.

En cuanto a los procesos de lucha popular y progresista, es posible hacer tres agrupamientos: el flujo y reflujo de la lucha armada; el triunfo electoral de la Unidad Popular en Chile, encabezada por el presidente Salvador Allende; y los gobiernos militares progresistas de Juan Velasco Alvarado en Perú, Omar Torrijos en Panamá, Juan José Torres en Bolivia y Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador.

Hablamos de flujo y reflujo de la lucha armada porque fue como una ola que, con variable intensidad y en distintos momentos, recorrió una y otra vez casi toda América Latina durante tres décadas. Hitos en este proceso fueron: los años 1959‑1960, inmediatamente después del triunfo de la Revolución Cubana; los años 1966‑1967 cuando el Che emprende en Bolivia la creación de una escuela de guerrilleros con combatientes de varios países que luego extendieran esa forma de lucha por América del Sur; y entre los años 1979 y 1991, período que abarca los triunfos de la insurrección del Movimiento de la Nueva Joya en Granada y la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua, ambas en 1979, junto con el auge de la lucha armada en El Salvador a partir de la unidad de las fuerzas revolucionarias en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (1980), en Guatemala con el nacimiento de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (1982); y en Colombia, durante la fugaz existencia de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar a finales de la década de 1980.

Para sofocar el auge de las luchas populares y afianzar su dominación en América Latina, el imperialismo norteamericano ejecutó una política con dos fases escalonadas: primero, implantó las dictaduras militares de “seguridad nacional”; y, luego las sustituyó por “democracias restringidas”, combinación de elementos que abarca de la presidencia de Lyndon Johnson (1963‑1969) a la de Ronald Reagan (1981‑1989).

El prototipo de dictadura militar de “seguridad nacional” se desarrolla en Brasil, a raíz del golpe de Estado que en abril de 1964 derroca al gobierno de Joao Goulart, aprovechado por el presidente Lyndon Johnson para formular la Doctrina Johnson, la cual establece que “los EE.UU. prefieren contar con aliados seguros a tener vecinos democráticos”, lo que implicó hacer una “moratoria” en el uso hipócrita de la “defensa de la democracia” con el que esta potencia históricamente justifica sus injerencias e intervenciones en América Latina.

La dictadura militar de “seguridad nacional” es un tipo de dictadura concebida para emplear, con carácter institucional, la capacidad represiva de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad, con el objetivo de cumplir tres funciones fundamentales: a) aniquilar a la generación revolucionaria formada bajo la influencia del triunfo de la Revolución Cubana; b) desarticular las alianzas sociales y políticas construidas durante décadas de desarrollismo; y, c) sentar las bases de la reestructuración de la sociedad y la refuncionalización del estado basadas en la doctrina neoliberal, que se iniciaron en la segunda mitad de los años 70. Atención especial merece la dictadura implantada en Chile por Augusto Pinochet el 11 de noviembre de 1973, porque tres años más tarde, en 1976, es la primera que asume la doctrina neoliberal. Su importancia radica en que, en torno a la dictadura de Pinochet, se desarrolló una campaña internacional para construir y divulgar el mito del supuesto milagro económico neoliberal chileno, con el objetivo de inocular y propagar el virus del neoliberalismo por toda América Latina.

En la medida en que las dictaduras militares de “seguridad nacional” iban terminando de cumplir sus funciones en uno u otro país y también en la medida en que crecía el rechazo mundial a sus crímenes a finales de la década de 1970, el imperialismo norteamericano empieza a promover de modo gradual y casuístico el llamado proceso de democratización, consistente en establecer o restablecer, según el caso, la institucionalidad democrático-burguesa. Este proceso consistió en el establecimiento de un pacto entre los gobernantes militares salientes y los sectores de los partidos políticos tradicionales que mejor encajaban en el esquema de recambio. El objetivo del pacto era sustituir a las dictaduras por democracias restringidas, mediante la celebración de elecciones “libres”, con candidatos y partidos proscritos, no solo de izquierda, sino también de sectores burgueses antidictatoriales, y la imposición de limitaciones constitucionales y legales a los nuevos gobernantes civiles.

El carácter “sistémico” —ajeno a toda consideración ética y moral— del mal llamado proceso de democratización lo ratifica el hecho de que avanzó mucho más y concluyó durante la administración Reagan, pese a ser el protagonista de un giro a la derecha del fiel de la balanza del sistema político de los EE.UU. cuyo impacto llega hasta la actualidad. El llamado proceso de democratización concluye durante la administración Reagan, precisamente, porque es ella la que le da el apoyo y el impulso final a las dictaduras militares de “seguridad nacional” para que terminen de cumplir sus tareas.

Entre 1989 y 1992 se cierra la etapa de la historia de América Latina abierta por el triunfo de la Revolución Cubana, caracterizada por el choque violento entre las fuerzas de la revolución y la contrarrevolución, y se inicia la actual en la que predominan la combatividad de los movimientos populares en lucha contra el neoliberalismo y los avances político‑electorales cosechados por fuerzas de izquierda y progresistas. Los acontecimientos internacionales que tienen un impacto determinante en esa mutación, son la caída del Muro de Berlín, en diciembre de 1989, símbolo de la restauración capitalista en Europa Oriental, y el derrumbe de la URSS, en diciembre de 1991, que marca el fin de la bipolaridad mundial de posguerra.

En América Latina, lo que se ha dado en llamar el nuevo orden mundial se manifiesta en la intervención militar de los EE.UU. en Panamá de diciembre de 1989; la derrota “electoral” de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua de febrero de 1990[1]; la desmovilización de una parte de los movimientos guerrilleros en Colombia, entre 1990 y 1991[2]; y la firma de los Acuerdos de Chapultepec en enero de 1992, que ponen fin a casi 12 años de insurgencia en El Salvador, país donde la lucha armada se hallaba en el clímax de su desarrollo e intensidad. Más tarde le seguiría la firma de los Acuerdos de Nueva York en diciembre de 1996, que dan por terminada la insurgencia en Guatemala, pero que se produce en momentos en que ya transcurre la nueva etapa histórica. Donde único la lucha armada todavía no ha tenido desenlace es en Colombia, pero sin perspectivas de un triunfo militar favorable a las guerrillas ni al Estado contrainsurgente colombiano.

La gestación de la nueva etapa de luchas populares latinoamericanas se produjo en la segunda mitad de la década de 1980. En los países sometidos a dictaduras militares de “seguridad nacional” donde los movimientos populares y de izquierda lograron una mayor organización, unidad y combatividad durante el “proceso de democratización”, también fue mayor su capacidad de oponerse a las restricciones constitucionales y legales que los gobernantes castrenses impusieron a la institucionalidad posdictatorial, y de ocupar espacios en diversas instancias de gobierno y en las legislaturas nacionales.

En la etapa histórica iniciada entre 1989 y 1992, la situación política de América Latina está determinada por cuatro procesos relacionados entre sí de manera estrecha e indisoluble: a) la reforma y revitalización del sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano basada en el empleo de medios y métodos de carácter transnacional; b) la agudización de la crisis económica, social y política provocada por la concentración transnacional de la riqueza y el poder político, que inhabilita a los estados latinoamericanos para cumplir las funciones que históricamente realizaron como eslabones de la cadena de dominación; c) la conciencia, organización y combatividad que alcanzan los movimientos sociales en lucha contra el neoliberalismo; y d) la reestructuración organizativa, la redefinición de alianzas y la reformulación de objetivos, estrategias, tácticas y programas por el que atraviesan los partidos y movimientos políticos de la izquierda, primero para sobrevivir, y, después, para adaptarse a las nuevas condiciones en que se desarrolla la lucha popular, incluida la lucha por la revolución social. Estos procesos tienen un efecto en cadena y cada uno de ellos predomina en un momento determinado.

Al hablar de efecto en cadena nos referimos a que a mayor dominación, hay mayor crisis; a mayor crisis, hay mayor lucha social; y a mayor lucha social, hay mejores condiciones para la lucha política de la izquierda. En lo que al predominio de uno u otro proceso respecta, cabe decir que: a) la reestructuración del sistema de dominación continental predominó de 1989 a 1993, momento de desconcierto de los movimientos sociales y la izquierda política; b) desde 1994 —el año de la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y la crisis financiera mexicana— hasta 1998, predomina la crisis del Estado y el auge de los movimientos sociales, protagonistas de estallidos sociales que derrocan a varios presidentes neoliberales pero carecen del liderazgo y de la organización necesarios para establecer gobiernos propios; y, c) desde diciembre de 1998, momento de la elección de Chávez a la presidencia de Venezuela, lo principal es la lucha política y electoral de la izquierda. En sentido inverso, el golpe de Estado en Honduras del 26 de junio de 2009, constituye el punto de inflexión a favor de la contraofensiva del imperialismo norteamericano para recomponer su sistema de dominación continental.

Lejos de quedar anclada en el pasado, en esta nueva etapa histórica la Revolución Cubana participa de manera muy activa en la ampliación del horizonte de lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Por ejemplo, por iniciativa conjunta del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el líder del Partido de los Trabajadores de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, entre el 2 y el 4  julio de 1990, se efectuó el Encuentro de Partidos y Organizaciones Políticas de América Latina y el Caribe, luego rebautizado con el nombre de Foro de São Paulo, que desempeña un papel crucial en el proceso de reestructuraciones y redefiniciones programáticas de la izquierda. Una labor constructiva similar realiza en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), mientras que las organizaciones cubanas de masas y sociales hacen lo propio con sus homólogos del continente. Por solo citar un caso, si en la etapa anterior Cuba desempeñó un papel protagónico en la campaña por el no pago de la deuda externa, en la actual lo hizo en la campaña de lucha contra el ALCA y en la construcción del ALBA.

Con la elección de líderes de izquierda o progresistas a la presidencia de varios países, entre los que se destacan Venezuela (1998), Brasil (2002), Uruguay (2004), Bolivia (2005), Nicaragua (2006), Ecuador (2006), Paraguay (2008) y El Salvador (2009), que se unen a los de Guyana, Haití, Dominica y San Vicente y las Granadinas en el Caribe, las relaciones de Cuba vuelven a ampliarse y consolidarse, al tiempo que se abren espacios de colaboración bilateral y multilateral en diversas esferas. Entre esos espacios, resaltan la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Libre Comercio de los Pueblos (ALBA‑TCP), formado por Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela, y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), cuya composición actual, más aún si se destraba el ingreso de Venezuela, debería permitirle transitar del concepto neoliberal con que fue creado, al concepto popular de integración, pero esto también depende de la ruptura con el “capitalismo real”.

El ingreso de Cuba al Grupo de Río en noviembre de 2008 —ocurrido por iniciativa expresa y reiterada de sus más influyentes miembros, y sin que mediara la más mínima concesión de la parte cubana—, la revocación en junio de 2009 de las sanciones adoptadas contra Cuba en la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA —no obstante lo cual nuestro Gobierno Revolucionario reitera su decisión de no regresar jamás a esa organización— y los pasos en curso para transformar al Grupo de Río en un mecanismo de concertación política de toda América Latina y el Caribe, en el que no participen los EE.UU., muestran el cambio en el mapa político que se ha producido en América Latina durante los últimos años.

Los espacios institucionales que ocupan los nuevos gobiernos de izquierda y progresistas se abrieron con los condicionamientos derivados de la interacción entre cuatro elementos, tres de ellos positivos y uno negativo. Los elementos positivos son:

a)   El acumulado de las luchas populares libradas durante toda su historia y, en particular, durante la etapa 1959‑1989, en la cual, si bien no se alcanzaron los objetivos que esas fuerzas se habían planteado, ellas demostraron una voluntad y una capacidad de combate que obligó a las clases dominantes a reconocerle los derechos políticos que les estaban negados. Por solo mencionar dos ejemplos claros: si no hubiese triunfado la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua y si el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional no hubiese librado una intensa lucha armada durante más de una década en El Salvador, no se habrían creado las condiciones que hicieron posible la elección de los gobiernos de Daniel Ortega (2006) y Mauricio Funes (2009).

b)   La lucha en defensa de los derechos humanos, en especial contra los crímenes de las dictaduras militares de “seguridad nacional”, que forzó la suspensión del uso de la violencia abierta y grosera como mecanismo de dominación.

c)   El aumento de la conciencia, la organización y la movilización, social y política registrado en la lucha contra el neoliberalismo, que establece las bases para un incremento sin precedente de la participación electoral de sectores populares históricamente marginados de ese ejercicio político, el cual germina a partir del protagonismo ejercido por esos movimientos en la etapa histórica abierta por el triunfo de la Revolución Cubana.

Estos son los tres factores principales que determinan la relación dialéctica de “continuidad y cambio” entre las luchas por la revolución social desarrolladas en el momento en que se efectuó la Conferencia Tricontinental y las que hoy se desarrollan. 

Como contraparte, el factor negativo es la imposición del nuevo orden mundial, que restringe, aún más que antes, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de las naciones del Sur. Fue, precisamente, la apuesta a que podría someter a todos los países latinoamericanos a los nuevos mecanismos transnacionales de dominación la que en última instancia llevó al imperialismo norteamericano a dejar de oponerse “de oficio” a todo triunfo electoral de la izquierda, como había hecho históricamente.

Los triunfos político‑electorales de la izquierda latinoamericana no son resultado de factores solo positivos o solo negativos, sino de la interrelación de unos y otros. Interpretarlos solo como producto del acumulado de la lucha popular, o solo como reajuste en los medios y métodos de dominación, sería igualmente unilateral. Lo primero conduce a pensar que la izquierda llegó al poder o que su inclusión en la alternancia democrático-burguesa constituye la meta final. Lo segundo conduce a pensar que la dominación imperialista es infalible o a exigirles a los gobiernos de izquierda y progresistas que actúen como si fuesen resultado de una revolución.

El problema planteado es complejo porque no encaja en los patrones conocidos de revolución y reforma. Los gobiernos de esta “nueva hornada” de izquierda nacen y actúan en condiciones diferentes a las que lo hicieron los gobiernos surgidos de las dos vertientes históricas del movimiento socialista: la que optó por la revolución socialista y la que optó por la reforma socialdemócrata. La izquierda que llega al gobierno en América Latina hoy, no destruye el estado burgués, ni elimina la propiedad privada de los medios de producción, ni funda un nuevo poder, ejercido de manera exclusiva por las clases desposeídas. En sentido contrario, tampoco puede construir una réplica del “Estado de Bienestar”, del que abjuró la socialdemocracia europea.

Ni la reforma social ni la revolución siguieron el camino concebido por sus respectivos precursores, pero hay una diferencia esencial entre uno y otro. El reformismo fue progresista en los países y circunstancias en que ello resultó funcional a la reproducción del capital, y ha sido, es y será, ya para siempre, regresivo y reaccionario porque es lo que la reproducción del capital demanda. Al estar atado a los avatares de un sistema social que prolonga su vida mediante la destrucción económica, social y medioambiental, el reformismo no es una opción para resolver los problemas que enfrenta la humanidad. En sentido inverso, como el horizonte histórico de la revolución está abierto a la creatividad, la revolución latinoamericana del siglo XXI no tiene por qué seguir el curso de los proyectos emancipatorios que no cuajaron en procesos reales, ni de los que sí se materializaron; pero con características y obstáculos no previstos que los llevaron al fracaso.

El futuro de la izquierda latinoamericana que hoy ejerce el gobierno o participa de él, estará determinado por la creatividad y la convicción con que avance de la reforma a la transformación social, y de la transformación social a la revolución socialista.